El reconocimiento hacia las víctimas del franquismo está a punto de adquirir una nueva categoría en Euskadi. El Parlamento Vasco aprobará este jueves por amplia mayoría la Ley de Memoria Histórica y Democrática de carácter autonómico, algo que coincide con un movimiento cercano y, a la vez, distante: en la vecina Cantabria van a derogar esa normativa. 

Estos días hablan de "acuerdo" tanto en Gasteiz como en Santander, pero con objetivos totalmente opuestos. En la capital vasca ha sido posible llegar a puntos en común entre PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU para sacar adelante la ley de memoria. En Santander, PP y Vox, a petición de estos últimos, han acordado poner fin a la normativa aprobada en 2021 y que recogía medidas en torno a la localización y recuperación de restos de víctimas del franquismo.

El retroceso en Cantabria –donde gobierna el PP en solitario– ha sido propiciado por Vox y respaldado por los populares, tal como quedó reflejado en el pleno celebrado el pasado lunes en el Parlamento autonómico.

"Parcial, sectaria y caprichosa", fueron los términos elegidos por el portavoz de los populares en el parlamento autonómico, Iñigo Fernández, a la hora de definir la normativa que promovió el anterior gobierno autonómico, compuesto por el PRC y el PSOE.

Otro rumbo

Euskadi, en cambio, avanza en otra dirección. Así quedará patente en el pleno de este jueves, cuando la mayoría de la Cámara muestre su apoyo al texto que ha sido acordado entre los grupos políticos y que contará con la previsible oposición de PP y Vox. Falta despeja la incógnita de Ciudadanos, cuyo único parlamentario llegó al cargo gracias una coalición con los populares y ahora está en el grupo mixto. Hoy se proclama de centro y liberal.

El texto de la ley que saldrá adelante en el Parlamento Vasco subraya que "en las últimas dos décadas, el reconocimiento y restitución moral de las víctimas del franquismo y la reparación de la verdad de la memoria histórica ha sido una misión que la sociedad vasca, sus agentes sociales y sus instituciones han puesto en común con un alto grado de consenso".

Entre otros puntos, la nueva normativa establece que las víctimas del franquismo "tienen derecho a recurrir a la Administración de Justicia para pedir responsabilidades por los delitos de lesa humanidad y para lograr la plena justicia". El periodo comprendido por esta ley transcurre desde el 18 de julio de 1936 hasta el 29 de diciembre de 1978.

De esta manera, se prevé que Gogora (el Instituto de la Memoria en Euskadi) "disponga de los recursos necesarios para ofrecer de manera proactiva información y asesoría para el ejercicio de las posibles acciones previstas por el ordenamiento a los potenciales beneficiarios de esta ley".

"Las administraciones públicas del País Vasco colaborarán de forma efectiva con todas aquellas causas judiciales en las que se investiguen crímenes cometidos por la dictadura franquista y la transición, de acuerdo con todos los tratados surgidos en el derecho internacional de derechos humanos", sostiene el documento. 

Del mismo modo, la ley establece sanciones administrativas –que oscilarán entre los 200 y los 150.000 euros– para quienes destruyan fosas comunes, oculten documentos públicos o privados relativos a los crímenes cometidos entre 1936 y 1978 o realicen actos de apología franquista, lo que incluye la "conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936".

El texto regula también el derecho de las víctimas "a un reconocimiento general a través de un documento personalizado de carácter institucional" que será emitido por el Gobierno Vasco. Además, se plantea "establecer un día de recuerdo y homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista".

En materia de reparación, se establece por escrito que Gogora tendrá la responsabilidad de "promover un estudio que ofrezca conclusiones sobre el grado de cobertura alcanzado con las medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas y sobre déficits subsanables".

La ley instará también a la reparación de quienes padecieron los efectos de las resoluciones de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que sean declarados ilegítimos por el órgano competente, sin perjuicio de que sus familiares o herederos legítimos puedan solicitar la declaración judicial que acredite su nulidad en el caso de que las personas afectadas hubieran fallecido".

Se reconocerá también el papel ejercido por aquellas organizaciones políticas y sindicales que actuaron en defensa de los principios democráticos y las libertades oponiéndose al golpe de estado de 1936 y contra la dictadura franquista", de forma tal que podrán acceder a "un documento de carácter institucional emitido por el Gobierno Vasco, destinado a reconocer su labor colectiva".

En otro apartado, la nueva ley impulsa la retirada de la simbología franquista que aún pervive en Euskadi, lo que incluye también "toda construcción, de carácter arquitectónico o escultórico, erigida para
rendir honores u homenajear la sublevación militar, la victoria del llamado bando nacional, la dictadura franquista, a sus dirigentes o a sus instigadores y ejecutores". 

Banco de ADN

La normativa contempla la firma de convenios con otras comunidades autónomas o el Gobierno de España "con el fin de recuperar el máximo número de personas desaparecidas". En esa línea, se iniciarán las gestiones oportunas para "recuperar los restos inhumados en el Valle de Cuelgamuros (anteriormente denominado Valle de los Caídos) que sean solicitados por sus familiares". 

La ley crea además el Banco de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura de Euskadi, que se encargará de la recepción y almacenamiento de los perfiles de víctimas de la guerra y de la dictadura y de sus familiares" con vistas a su identificación genética.

Represión contra mujeres

La ley apunta particularmente hacia la represión sufrida por las mujeres a manos de los franquistas. Establece así que las administraciones públicas del País Vasco "adoptarán las medidas necesarias para reparar las formas especiales de represión o violencia de cualquier tipo sufridas por las mujeres como consecuencia de su actividad pública, política, sindical o intelectual", así como por su "vinculación personal con otras personas represaliadas o asesinadas".

Asimismo, se llevarán a cabo "actuaciones de reconocimiento y reparación de las mujeres que, durante la guerra y la dictadura, sufrieron privación de libertad u otras penas, como consecuencia de los delitos de adulterio e interrupción voluntaria del embarazo".

Valoración positiva

Jon Hernández, parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU y secretario general del PCE de Euskadi, se muestra satisfecho con el texto alcanzado. "Obviamente no llega a todo lo que nos gustaría, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte de justicia, pero la valoración es positiva, sobre todo ahora que escuchamos que en algunas comunidades PP y Vox se plantean derogar leyes de memoria que ya existían", afirmó a Público. 

EH Bildu también ha trabajado para superar el texto inicial que planteaba el Gobierno Vasco –integrado por PNV y PSE– y alcanzar así otros contenidos, como la conformación de un equipo científico profesional que investigará las vulneraciones de derechos humanos de 1936 a 1978 y elaborará un informe que recogerá lo sucedido.

La coalición soberanista ha logrado además la introducción de un apartado en el que se indica que Gogora "ofrecerá a las víctimas de esas vulneraciones los recursos y la asistencia jurídica necesaria para que puedan tramitar las querellas correspondientes ante los tribunales a fin de obtener la justicia que merecen".