MADRID.- Miguel Arias Cañete sabe bien qué es verse acusado de incurrir en un conflicto de intereses. De hecho, sus vinculaciones con empresas petrolíferas le hicieron merecedor del rechazo de varias formaciones en la Eurocámara desde el minuto cero, lo que sumado a sus exabruptos machistas casi le cuesta el sillón de comisario europeo de Acción por el Clima y Energía.

Sin embargo, el exministro de Medio Ambiente del Partido Popular, que vendió sus participaciones en petroleras al ser designado comisario (un 2,5% en Petrolífera Ducor y un 2,5% de Petrologis Canarias) ha contribuido a engrasar la puerta giratoria incorporando a su gabinete a dos asesores vinculados con empresas del sector energético: Guy Lentz y Joachim Balke.

Esta es una de las denuncias del nuevo estudio del Observatorio Corporativo Europeo (CEO), al que Público ha tenido acceso en primicia en España. El documento advierte de los esfuerzos de las multinacionales de la energía por lavar su imagen con iniciativas cosméticas, por presionar “en contra de la actuación eficaz en materia de cambio climático”, y por obstruir políticas que habrían podido reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hace años.

Para allanar el camino, las empresas mantienen bien engrasada la puerta giratoria que atraviesan desde expresidentes, comisarios y directores generales hasta eurodiputados o funcionarios de la Comisión, pasando por distintos tipos de asesores. Mientras tanto, según el documento que firma la investigadora Vicky Cann (Bruselas, las grandes empresas energéticas y las puertas giratorias, un hervidero para el cambio climático) las instituciones de la UE hacen la vista gorda.

Guy Lentz es consejero de una firma que no aparece en el Registro de Transparencia de la UE, a pesar de que opera en cuatro países y sólo en 2014 tuvo un volumen de negocios de 1.774 millones.

En el caso del asesor especial del comisario Cañete, Guy Lentz suma al salario pagado por los ciudadanos europeos un sueldo como miembro del Consejo de Enovos Luxemburg, aunque también está en plantilla del Ministerio de Economía del Gran Ducado. Lentz, que previamente pasó ocho años en nómina de la petrolera Shell, es consejero de una firma que no aparece en el Registro de Transparencia de la UE, a pesar de que opera en cuatro países de la Unión y sólo en 2014 tuvo un volumen de negocios neto de 1.774 millones.

Se da la circunstancia de que Enovos Luxemburg es propiedad de Enovos International, que a su vez está controlada por grandes empresas y filiales como E-ON, RWE y GDF Suez. Estas y otras dos corporaciones controlan un 55% de Enovos, y las tres citadas ejercen como grupos de presión en cuestiones climáticas y ya han mantenido reuniones con el comisario Cañete y su gabinete. Con todo, la única restricción de la Comisión a Lentz está relacionada con su trabajo para el Ministerio de Economía de Luxemburgo, no con la corporación Enovos, como ha confirmado el gabinete del comisario al CEO.

Por su parte, Joachim Balke pasó del Parlamento Europeo a la energética alemana E.ON en 2004, y se mantuvo como asesor hasta 2008, cuando se reincorporó a la Comisión. Tras tres años en la Dirección General de Fiscalidad saltó a la DG de Energía en 2011, y después al gabinete en Bruselas del exministro del PP.

El registro oficial -y voluntario- de la UE revela que el gigante energético E.ON mantiene a 29 personas haciendo lobby en las instituciones comunitarias, y en 2014 declaró un gasto en acciones de presión de entre 2.000.000 y 2.249.999 euros. Precisamente, una de las primeras reuniones de Cañete como comisario tuvo como protagonista al director general de E.ON, y la directora de la oficina de representación de la energética ante la UE, Vera Brenzel, envió previamente un documento interno preparativo del encuentro a Balke, pidiendo que no lo divulgara. “Balke se ha reunido más veces con E.ON que con ningún otro grupo de interés”, sostiene el CEO, que también detalla que de los 72 encuentros de Balke con lobbistas entre diciembre de 2014 y octubre de 2015 sólo en tres ocasiones tuvo como interlocutores a ONGs o sindicatos.

De la petrolera a la Comisión

París apenas ha tenido tiempo para cubrirse las heridas de los brutales atentados del viernes cuando ya debe prepararse para acoger la próxima Conferencia del Clima (COP 21). Entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre la capital gala será el escenario de una cita decisiva para intentar sellar acuerdos que permitan frenar el cambio climático. Sin embargo, distintas organizaciones de la sociedad civil rebajan las expectativas depositadas en el encuentro, con el precedente de otras citas anteriores en la memoria, y con la suspicacia que les despierta la tolerancia de instituciones y gobiernos a las exigencias de las multinacionales del sector.

El informe que firma Vicky Cann recoge numerosas pruebas de los intentos de las empresas por apropiarse “del proceso de toma de decisiones de la UE”, ayudadas por antiguos representantes comunitarios. Como muestra, los casos del funcionario de la Comisión Marcus Lippold, que primero estuvo en nómina de Exxon Mobil, conocida por haber financiado la negación del cambio climático y por intentar bloquear las políticas para frenarlo. Después pasó a la Dirección General de Energía, donde se hizo cargo de la cooperación con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Hoy disfruta de una excedencia y trabaja para Saudi Aramco, propiedad de Arabia Saudí, considerada la mayor petrolera del mundo -presume de tener la mayor capacidad de producción de crudo mundial, equivalente a uno de cada ocho barriles del globo-.

Portada del informe.

Mención especial merece también el excomisario de Competencia Joaquín Almunia (de la II Comisión Barroso, saliente en 2014), que ha participado –cobrando- en el Comité Científico responsable del estudio Construyendo la Unión Energética para alimentar el Crecimiento Europeo, encargado por la energética italiana Enel (dueña de Endesa), que también imprimió su logo en cada una de las páginas del documento, y que “posiblemente también lo financió”, según el CEO.

En total, el estudio recoge más de una docena de casos que se unen a los que ya puso sobre la mesa gracias a otras investigaciones de las que también se hizo eco este diario. El hecho de que en estas listas aparezcan nombres como el del expresidente de la Comisión José Manuel Durao Barroso, o el del excomisario de Comercio Karel de Gutcht (padre europeo del TTIP) prueba que la línea que separa la función pública de la empresa privada es bastante fina, fácil de cruzar. Al menos en su caso.

Los eurodiputados, VIPs de las puertas giratorias

Entre los casos resaltados por el Observatorio Corporativo Europeo aparecen también los de un par de eurodiputados, que demuestran que los parlamentarios apenas tienen limitaciones para saltar al sector privado desde sus escaños. Baste el ejemplo del liberal Chris Davies, que hasta 2014 y durante sus 15 años como diputado formó parte de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Europarlamento (ENVI, por sus siglas en inglés). Es la comisión clave para desarrollar legislaciones medioambientales, la que redacta informes y plantea enmiendas sobre la materia, pero eso no ha servido para que se disparase ninguna alarma cuando Davies montó su propia consultoría en temas medioambientales, aunque entre sus clientes figuren tres empresas que este año han facturado entre 10.000 y 24.999 euros cada una en los servicios de lobby del eurodiputado, o a pesar de que una de ellas, Lexmark International, dedicase entre 300.000 y 399.999 euros a distintas tareas de lobby en 2014.

Por su parte, Fleishman Hillard tiene entre sus clientes a Shell o Exxon Mobil, gasta más de seis millones de euros al año en actividades de presión y tiene a su servicio a más de 45 portadores de pases permanentes para el Europarlamento. Obviamente, las instituciones comunitarias lo permiten, a pesar del más que evidente riesgo de conflicto de intereses.

El caso de varios diputados demuestra que los europarlamentarios apenas tienen limitaciones para saltar al sector privado desde sus escaños

Para luchar contra esta situación, el CEO pide una moratoria de dos años antes de que los eurodiputados puedan aceptar trabajos remunerados como lobbistas que puedan llevarles a incurrir en conflictos de interés, y otra moratoria de tres años para excomisarios y funcionarios de alto rango que les impida ejercer actividades de lobby en casos que puedan siquiera arrojar dudas sobre sus intenciones.

Para los investigadores de la actividad corporativa es igualmente importante suprimir el derecho de los funcionarios a excedencias durante las que puedan colaborar con empresas con las que tuvieran vinculación en sus puestos en Bruselas, y es necesario mejorar el registro voluntario de lobbistas para que los grupos de presión aclaren si emplean a personas que hayan contribuido a mantener engrasadas las puertas giratorias.

Eso, por no hablar de la necesaria modificación de las listas de reuniones de la Comisión con los lobbies. La normativa actual obliga a hacer públicas las reuniones de comisarios y directores generales con grupos de presión, pero el resto de funcionarios, los trabajadores de menor rango, pueden reunirse sin tener que dar explicaciones. Y son los más accesibles, al estar rodeados de una menor parafernalia que los comisarios. A fin de cuentas, los casos expuestos por el CEO apenas suponen la punta del iceberg, y la Comisión es quien da luz verde a los ministros comunitarios y altos funcionarios para desarrollar otras actividades, por lo que debería estar absolutamente al tanto de lo que ocurre.