Casi dos años después de dejar la Presidencia madrileña, Ignacio González ha sido detenido en una operación sobre la supuesta gestión irregular de Canal de Isabel II que alarga aún más la sombra sobre él tras el caso de su ático o las presuntas vinculaciones de su Gobierno con las tramas Púnica y Gürtel.

Ignacio González, hoy suspendido provisionalmente de militancia por el PP, llegó a lo más alto de la Comunidad de Madrid en otoño de 2012 de la mano de Esperanza Aguirre, su mentora política, con la que trabajó durante años codo con codo.

El premio a su fidelidad -heredar el sillón de la Presidencia- le llegó en uno de los momentos más duros para cualquier político, al tener que lidiar con una profunda crisis económica a la que hizo frente con drásticos recortes y algunas propuestas que levantaron a la calle contra él y su Gobierno.

González dejó la Presidencia de la Comunidad sin la oportunidad de presentarse a las elecciones autonómicas de 2015, ya que la dirección nacional del PP no confió en él para estos comicios y propuso como candidata a Cristina Cifuentes, a pesar de que él había manifestado reiteradamente su voluntad de encabezar la candidatura.

Púnica y Gürtel

Lo que le dejó sin aspiraciones para ser candidato no fueron ni los recortes que aprobó durante la crisis, ni la gestión de los casos de ébola en la región ni las innumerables mareas que se opusieron a sus políticas; fueron fundamentalmente las informaciones publicadas en las que se relacionaba a miembros de su Gobierno con las tramas Púnica y Gürtel, o aquellas que afirmaban que su Ejecutivo había pagado primas a jueces.

Y la gota que colmó el vaso fue una información en la que se le atribuía a él mismo, en noviembre de 2011, una reunión con varios mandos policiales presuntamente para pedirles que no transcendiera que era el inquilino de un ático en Estepona (Málaga) adquirido por un testaferro a través de una sociedad creada ad hoc y radicada en un paraíso fiscal.

Noticia que él negó y que le llevó a presentarse como víctima de un intento de "extorsión" policial.

Con todo, negar estas informaciones no fue suficiente para el PP nacional, ya que ninguno de sus miembros salió en su defensa y, finalmente, fue apartado de la carrera electoral.

El ático de Estepona

Y más cuando su figura ya estaba enturbiada por el caso del ático de Estepona, un piso que saltó a los medios en 2012 a raíz de una denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y que González dijo que había adquirido en diciembre de ese año a la entidad Coast Investor LLC.

Según él, lo alquilaba pagándolo por transferencia bancaria hasta que en diciembre de 2012 lo compró, a través de un crédito bancario a cargo de una indemnización que su mujer, Lourdes Cavero, había cobrado un año antes. De hecho, en marzo de 2016 declaró como investigado por este caso y en abril de ese año el juez declaró la investigación del ático de "especial complejidad".

en febrero de 2017 la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) pone de manifiesto en un informe "irregularidades" y "lagunas de información" en el proceso de compra del inmueble de la localidad malagueña.

Contribuyó a ensombrecer su gestión el hecho de que justo unos días después de las elecciones, a principios de junio de 2015, dos miembros de su Gobierno -el que había sido su número dos, Salvador Victoria, y la exconsejera de Educación, Lucía Figar- fueron llamados a declarar como imputados en el caso Púnica.

La gestión de González durante los dos años y medio que estuvo al frente de la Comunidad estuvo marcada por la crisis, que le obligó a realizar importantes recortes que levantaron fuertes críticas de la oposición y de los ciudadanos en la calle.

Ejemplo de ello fueron su idea de implantar el euro por receta -tumbada por los tribunales- o sus planes de privatización de seis hospitales y varios centros de salud, que agitaron una marea blanca de profesionales sanitarios y ciudadanos en las calles que, catorce meses después, provocaron la caída del proyecto y del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.

El traspaso de poder con Cristina Cifuentes no fue lo cordial que se esperaría entre dos compañeros de partido, y la actual presidenta ha intentado estos dos años poner distancia con sus antecesores.

Hasta tal punto ha sido así que en mayo de 2016 se le negó a González la condecoración de la Gran Cruz de la Comunidad de Madrid, que siempre se otorga a los expresidentes al año siguiente de su salida del Gobierno. Condecoración que tampoco recibirá este año y que quedará pendiente hasta que se resuelva este nuevo proceso judicial.