MADRID.- Si alguien ha sido tentado para saltar de la justicia a la política, ése ha sido Joaquim Bosch. Fue sondeado por Pablo Iglesias, líder de Podemos, para concurrir a las elecciones generales del pasado diciembre. Y el presidente de la Generalidad valenciana, Ximo Puig, le ofreció ser consejero de Justicia. Pero Joaquim Bosch Grau (Cullera, Valencia, 1965) prefiere continuar como juez y como portavoz de Jueces para la Democracia, responsabilidad que ahora ultima mientras intenta conciliar con el cuidado de sus hijos. "Es cierto -agrega- que ha habido una embestida muy fuerte contra el Estado Social y Democrático de Derecho en estos últimos cuatro años", pero no cree que su presencia en la política sea imprescindible: "lo que yo pueda aportar lo pueden aportar otras personas".

Sin pelos en la lengua y cercano, el despacho de Bosch en el juzgado de instrucción número 1 de Moncada (Valencia) siempre está abierto para el público, los profesionales jurídicos y los periodistas. Decano de los jueces en Moncada, ingresó por oposición en la judicatura en 2002. Tras una etapa inicial en los juzgados de Barcelona, ha estado destinado en los juzgados de Denia, Vinaroz y Massamagrell.

"Tengo la amarga sensación de que las leyes son telarañas que cogen a las pobres moscas y dejan pasar a avispas y abejorros"

"A veces tengo la amarga sensación como juez de que las leyes son telarañas que cogen a las pobres moscas y dejan pasar a avispas y abejorros". Es uno de sus tuits más compartidos en las redes sociales. No es postureo: lo cree firmemente y cita como ejemplo la última reforma del PP que limita los plazos de investigación penal, que favorece a los grandes delincuentes porque tienen más medios que los propios jueces. Augura que será otra reforma fallida. Está convencido de que hay una verdadera voluntad política de no arreglar los problemas de la Justicia. Y cree que es algo intencionado.

Pregunta: ¿A qué atribuye que los partidos quieran recurrir a los jueces en sus listas?

Respuesta: Los jueces somos la última trinchera del Estado de Derecho. Pueden fallar todos los controles previos, pueden fallar otras instituciones pero si también fallamos los jueces se acaba la civilización, porque ya no hay una convivencia ordenada según una serie de reglas. Ese perfil de lo que representa un juez puede ser importante para las fuerzas políticas, con el plus de honestidad y de formación que puede representar un integrante del poder judicial. En un momento en que la corrupción en el ámbito político en nuestro país ha llegado a niveles muy altos, esto, por suerte, no ha ocurrido en la judicatura; podría haber pasado también: ha habido movimientos de mucho dinero irregular que han servido para comprar voluntades en el ámbito político, pero no se ha trasladado a la judicatura y nuestros jueces sí que pueden ofrecer una imagen de capacidad profesional y de honestidad.

P: ¿Cree que el juez cuando regresa desde la política tiene que pasar un tiempo en barbecho?

R: Un juez debe dar el salto a la política en condiciones muy especiales donde su presencia sea necesaria. Es positivo que, cuando un juez crea que ha llegado ese momento, pueda realizar aportaciones a la sociedad. Pero sí que es cierto que en la vuelta a la profesión tendrían que existir unos mecanismos que ahora no existen de recusación y abstención para evitar que ese juez quede contaminado. Son situaciones minoritarias. Por ejemplo, para un juez de lo civil habrá pocos casos de recusación y, en el ámbito penal, en mi caso, como juez de instrucción, más del 99% de los asuntos no tienen nada que ver con la política. Por lo tanto no se puede invalidar a un juez por haber pasado por la política. Pero no está bien regulado.

P: ¿Qué se puede hacer contra la corrupción?

R: Tenemos tres tipos de respuesta que no han funcionado bien: han fallado los niveles preventivos, la persecución y el castigo de la corrupción. Y esto explica que tengamos una corrupción sistémica; es decir, está plenamente instalada en el sistema. Eso no significa que todos los políticos sean corruptos, pero basta que exista una minoría situada en espacios relevantes de los partidos y de las instituciones para que se esté dañando todo el sistema.

Se deben abordar las medidas de prevención frente a la corrupción porque el castigo llega tarde, cuando el daño a la sociedad ya se ha producido.

P: ¿Cuáles son los fallos preventivos?

"Nuestro sistema institucional potencia y favorece la corrupción. La corrupción es sistémica... y no se ha creado un sólo juzgado de instrucción nuevo en cuatro años"

R: Nuestro sistema institucional potencia y favorece la corrupción. Ha sido muy fácil en España corromperse. Un ejemplo es el caso Nóos: es muy grave que puedan desviarse 6 millones de euros de las arcas públicas sin que salten alarmas previas, y nos demuestra que tenemos una legislación administrativa que permite adjudicar muchísimo dinero público a los amigos. Esto requiere de reformas legales para acabar con esta discrecionalidad. Es un tema central: si el dinero está controlado no podrá desviarse a bolsillos privados de manera ilegítima. Además, hacen falta estructuras internas de control de la Administración, a través de técnicos independientes que controlen cómo se gasta el dinero público. Y estructuras externas como el Tribunal de Cuentas.

P: ¿Y la persecución contra la corrupción?

R: Está fallando el sistema de persecución contra la corrupción. Hay serios problemas de separación de poderes: tenemos un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que está constituido a través de pactos de cuotas entre los partidos políticos y no es un instrumento idóneo para garantizar la independencia judicial que permita actuar contra la corrupción política; una Fiscalía muy vinculada al poder político, y un Poder Judicial que carece de instrumentos suficientes para actuar contra la corrupción.

Estamos a la cabeza europea en el número de corruptos por habitante y a la cola en el número de jueces. España figura por detrás de países como Moldavia o Albania en los informes del Consejo de Europa. Los corruptos tienen más medios para eludir la acción de la Justicia de los que tenemos en los juzgados para perseguirlos. Nos falta de todo: más funcionarios, más juzgados...

En un momento en que la corrupción se ha incrementado, no se ha creado ni un sólo juzgado de instrucción nuevo en los últimos cuatro años. ¿Cómo vamos a actuar cuando tenemos cerca de 2.000 personas imputadas por corrupción, que han aparecido de manera casi súbita y progresiva, con una estructuras insuficientes?  Esto genera una sensación de impunidad que indigna a la ciudadanía y crea cierta impotencia en los juzgados.

La única reforma relevante que se ha producido en estos años es la que limita a 6 ó 18 meses la capacidad de los jueces de perseguir la corrupción. ¿Qué sabríamos del caso Gürtel, del caso de los ERES o Nóos si en 18 meses se tuviera que haber cerrado a la fuerza la instrucción? Prácticamente nada.

P: O sea, que es partidario de derogar esa reforma procesal penal.

R: Sí, por supuesto.

P: Al ser una reforma procesal, afecta a los casos que están vivos en los juzgados. Pero todo apunta a que los fiscales no van a poder revisar las miles de causas abiertas.

R. Ya se aprecia que va a ser una reforma fallida porque se trata de plazos imposibles de cumplir, incluso para las causas más sencillas de 6 meses. Casi la mitad de los juzgados están trabajando más del 150% de la carga prevista. Y muchos de ellos están trabajando a más del 200%, hay jueces que estamos llevando dos juzgados a la vez. Se retrasan los procedimientos. Una pericial caligráfica puede tardar más de un año; una prueba informática en asuntos de pedofilia en ocasiones nos llega a los dos años; los requerimientos tardan varios meses... Hay pruebas o requerimientos que tardan varios meses. Es imposible cumplir los plazos. Lo que va a ocurrir o se van a hacer excepciones, que serán la regla general, o los casos se van a cerrar en falso si se aplica el tenor de la ley. Y esto generará bastante impunidad.

P: Está bien que exista un plazo temporal para una instrucción, si hay medios, claro...

"Pretenden que investiguemos la delincuencia del siglo XXI con una Ley elaborada cuando se viajaba en carruaje y no había luz eléctrica"

R: Hay que estar a favor de que las investigaciones penales sean lo más cortas posibles. Pero hay que ver porqué un caso como Gürtel lleve 6 ó 7 años.

Esto se eterniza porque no tenemos recursos en los juzgados, por un lado, y porque tenemos una Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX que tiene el aroma de las novelas de Pérez Galdos, de la época en la que la gente viajaba en carruaje y no existía luz eléctrica. Esa es la ley con la que se pretende investigar la delincuencia del siglo XXI. El Gobierno actual prometió un nuevo Código Procesal Penal y nos hemos quedado con la promesa.
Hay también unas estructuras organizativas judiciales que no se adecúan a la realidad social contemporánea.

P: Respecto al castigo penal a los corruptos...

R: La respuesta penal contra la alta delincuencia económica y contra la corrupción política es muy benévola. El poder político ha endurecido el Código Penal la prisión para casi todos los delitos, pero no para la corrupción. Es una elección y no una casualidad. Es una muestra de voluntad política.

El poder político ha endurecido el Código Penal para casi todos los delitos, menos los de corrupción. Es una elección y no una casualidad

Hay ejemplos extremos: hemos llegado a la máxima pena que se puede imponer, que es la cadena perpetua, que no existía en nuestro país; se han incrementado los castigos contra la pequeña delincuencia; se ha criminalizado de manera especial la pobreza, es decir, en situaciones que son de exclusión y que requerían más una intervención social, se han endurecido las penas; se han impuesto penas para conductas que no existían, por ejemplo, las protestas pacíficas en entidades de bancos hoy tienen pena de prisión; la redifusión de contenidos en las redes sociales que pueden alterar el orden público ahora tiene pena de prisión... Pero ese incremento de penas no se ha producido en los delitos de corrupción, cuando es evidente que está generando una enorme alarma social. Y no hay explicación para ese trato desigual.

La falta de medidas preventivas, esa sensación de impunidad porque los juzgados no tienen medios y esa percepción de que la corrupción tiene un castigo bastante leve, si es que llega a ser alguna vez castigada, es lo que explica la situación actual. Sin que el poder político haya tenido voluntad de cambiar esta situación. Y han tenido una mayoría absoluta muy sólida para poder cambiarlo.

P:¿Es incapacidad, torpeza...? Porque la Agencia Tributaria bien que funciona...

R. Alguien escribió que, en política, nada sucede por casualidad. Y la situación actual de nuestra Justicia no es casual: una tendencia estructural de este tipo y un abandono durante tanto tiempo no se improvisa. No podemos pensar que es casual, sino que es una apuesta política por acción o por omisión.
¿Porqué se abandona el sistema judicial y porqué no hay medios suficientes para perseguir la corrupción? Corresponde a las fuerzas políticas y a la ciudadanía valorarlo. Pero los jueces tenemos el deber de denunciar que no tenemos instrumentos suficientes y que el poder político no ha hecho la apuesta de aportar los medios que necesitamos.

P: ¿Es una crítica o un ataque a la independencia judicial la tendencia de algunos partidos de arremeter contra el juez de instrucción cuando les salpica un caso de corrupción?

R: Las críticas deben hacerse con argumentos jurídicos, dentro o fuera del proceso. Pero no hay críticas argumentadas. Se trata de ataques descalificatorios contrarios al Estado de Derecho, que buscan deslegitimar de forma partidista a los jueces que investigan la corrupción. Nuestra judicatura se limita a cumplir sus funciones y a actuar cuando aprecia de forma imparcial que hay indicios de delito. Los políticos no pueden pretender decidir ellos si son culpables o inocentes, ni tampoco estar al margen de la ley. En todos los países civilizados el ordenamiento jurídico es aplicado sin presiones por órganos judiciales independientes.
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En sus cuatro años de portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch ha sabido aunar las posiciones de los distintos sectores de una asociación progresista amiga del debate interno y ha conseguido una voz única ante los problemas de la Justicia y los recortes en derechos. Por ejemplo, los recortes de las prestaciones sociales y de los servicios públicos, la reforma laboral; la implantación de tasas judiciales y su posterior rectificación; la ley seguridad ciudadana...

El Gobierno reforma para huir del control judicial

Joaquim Bosch Comenzó su mandato como portavoz en 2012, en plena embestida de la crisis y nunca ha callado ante un Gobierno que, en lugar de convencer a la sociedad sobre la conveniencia de su gestión de la crisis, optó "por castigar la disconformidad con una serie de reformas en las que ha pretendido huir del control judicial".

Salió en defensa del juez Santiago Pedraz, cuando declaró que protestas ante el parlamento como la del 25-S no era ninguna infracción penal. O cuando los jueces consideraron que los escraches pacíficos tampoco suponían ningún delito en un contexto de protesta ante la crisis. O que las protestas contra los desahucios era una forma legítima de sensibilizar a la sociedad. Y en este tiempo "el Gobierno ha buscado una norma para ser juez y poder castigar la disidencia, sancionar la discrepancia. Ha sido una etapa en la que se ha cuestionado los principios del consenso constitucional".La crítica situación de la Justicia ha llevado a JpD a aliarse con todas las asociaciones judiciales. Incluso convocan ruedas de prensa conjuntas.

P: Se están uniendo todas las asociaciones judiciales para actuar de manera conjunta ante estos problemas ¿Van a pedir entrevistas con los partidos?

R: Las asociaciones judiciales hemos llegado a la conclusión de que podemos tener sensibilidades diversas, pero nuestra coincidencia es absoluta en detectar la falta de medios que tenemos; los perjuicios que crea para la ciudadanía esta lesión de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y también todas las consecuencias que ello está generando en perjuicio de nuestra sociedad. Por ejemplo, hay muchos millones de euros paralizados en consignaciones judiciales porque los juzgados son muy lentos: que este dinero esté quieto no beneficia a la sociedad, cuando podría reactivar la recuperación económica. El hecho de que la justicia esté saturada genera muchos perjuicios para toda la sociedad.

JpD y todas las asociaciones judiciales pedirán entrevistas con el nuevo Gobierno y los partidos para reclamar un Pacto de Estado en Justicia

Hemos llegado a muchos puntos de consenso. No pretendemos interferir en los procesos electorales, pero nuestra intención, una vez se aclare el panorama político, es realizar entrevistas con el nuevo gobierno que surja de las elecciones y con los grupos parlamentarios. Y nuestra idea es acudir a esos encuentros con una voz única.

P: ¿Por dónde van los ejes fundamentales de esa voz única?

R: No vamos a pedir milagros sino cosas factibles, realistas y equivalentes en otros países de nuestro entorno: si países europeos cercanos a nosotros lo tienen no entendemos por qué España no puedan tenerlas. Queremos que la inversión en Justicia se equipare progresivamente a la media europea y, para ello, consideramos que se debe realizar un gran pacto de Estado por la Justicia. Lo ideal sería que todas las fuerzas políticas pactaran unos mínimos a 8 ó10 años y que estos mínimos se cumplan con memorias económicas e instrumentos a medio y largo plazo para lograrlo.

También queremos que las fuerzas políticas no interfieran en la independencia judicial. No puede ser que el CGPJ funcione con el instrumento esencial del 'palo y la zanahoria', como dijo el presidente [Carlos] Lesmes; es decir, el palo para quienes son críticos y reclaman que todo funcione mejor y la zanahoria para quienes son pasivos y aceptan una situación actual muy rechazable. Y creemos que no es de recibo que los partidos políticos se repartan por cuotas y sin ningún disimulo el órgano de gobierno de los jueces que es el que debe garantizar la independencia judicial.

"No es de recibo que los partidos políticos se repartan por cuotas y sin ningún disimulo el órgano de gobierno de los jueces"

Esto tampoco existe en otros países europeos. Tenemos unas estructuras constitucionales que optaron por un órgano independiente, autónomo en su funcionamiento, destinado a dar una protección adecuada a la independencia judicial para separarla precisamente de otros poderes del Estado.

P: Esto supone un giro en JpD, porque su asociación ha defendido que el Parlamento elija a todos los miembros del CGPJ, cambio que ha realizado el Gobierno del PP.

R: Desde Jueces para la Democracia sí que hemos tenido que plantear una rectificación. En su momento se apostó por un sistema parlamentario porque creíamos que era importante que la representación de la soberanía popular participase en el órgano de gobierno de los jueces. En la práctica este sistema se ha adulterado y no ha ido a una expresión de la soberanía popular, sino de la partitocracia que ha empeorado la situación y provoca interferencias políticas muy serias en el órgano de gobierno judicial.

En los años 80, cuando JpD acordó la elección total por el sistema parlamentario, teníamos una judicatura todavía muy vinculada al franquismo, muy poco respetuosa con algunos elementos del sistema democrático porque no formaba parte de esa tradición, pero en 2016 nuestra judicatura ha cambiado bastante. Y hay experiencias como la italiana que demuestran que, con un sistema de elección judicial, hay contrapesos suficientes para evitar la instrumentalización partidista de la judicatura.

P: ¿Qué garantiza que no funcionen como un grupo corporativo?

R: Es una elección de una corporación, pero no una elección completa; es solamente de una parte del organismo. Ahí se debe garantizar que la otra parte -8 vocales de los 20 en total del CGPJ- sea elegida por la sociedad, a través del Parlamento o de los instrumentos que se crea oportunos. Pero que una parte sea elegida por los jueces garantiza que no haya una interferencia completa del poder político e incorpora el que determinados hechos que afectan muy directamente a la independencia de los jueces sean controlados por una autoridad formada por integrantes del poder judicial que son independientes.

La gran diferencia es que se ha desvirtuado la independencia de quienes han sido nombrados por el poder político [vocales del CGPJ]: han actuado como correa de transmisión del poder político. No queremos que haya jueces para gobernar la sociedad en cuestiones generales, para entendernos, sino para cuestiones estrictamente judiciales, con unas competencias muy definidas de protección de la independencia judicial y vinculadas a la separación de poderes.

La experiencia italiana es la más completa en Europa. Es de elección por parte de los jueces y el sistema de nombramientos -del Tribunal Supremo y de otros tribunales- se realiza a través de contrapesos y comisiones intermedias que controlan los propios jueces e impiden que haya interferencias políticas. El hecho de que en Italia, que tiene muchos problemas institucionales, la justicia haya sido un elemento de unión en la lucha contra los excesos del berlusconismo, la corrupción, las mafias y el terrorismo es un ejemplo que nuestro país podría valorar.

P: Hay organizaciones civiles que han acudido a Naciones Unidas para denunciar esta situación en España.

R: Nosotros, con Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Rights Internacional Spain hemos planteado a la ONU que intervenga en defensa de la independencia judicial.

Sabemos que han pedido información al Gobierno español, pero no conocemos la respuesta hasta que se envíen el dictamen de conclusiones definitivo. También hemos invitado a la relatora especial sobre la independencia judicial de la ONU a que visite nuestro país para explicarle en persona cuales son los graves problemas que vemos.

P: El juez español actual, es un juez comunitario que ha dado unos impulsos muy importantes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

R: En estos años que han sido muy duros, porque se han cuestionado principios muy básicos del Estado Social y Democrático de Derecho, los jueces han estado a la altura de las circunstancias. Con toda la autocrítica que en la judicatura tengamos que hacer, porque igual ha podido faltar sensibilidad con los problemas sociales. Pero, en su conjunto, la judicatura ha desempeñado un papel muy digno.

Si hay centenares de cargos públicos juzgados por corrupción es porque hay centenares de jueces que han hecho un esfuerzo enorme sin apenas medios para poder completar causas enrevesadas; se ha aplicado una reforma laboral muy dura y los jueces han interpretado los principios constitucionales y también los principios europeos. Y ante los enormes desequilibrios de los ciudadanos frente a las entidades bancarias, las situaciones tan duras y los dramas sociales que vivimos como los desahucios, no ha sido el poder político el que ha legislado para implantar medidas de protección de los ciudadanos; hemos sido los jueces los que hemos ido creando una jurisprudencia cada vez más protectora hasta el extremo de llegar al TJUE y que éste haya dictado sentencias que han obligado a cambiar la ley española. Es decir, la ley española no se ha cambiado por voluntad política espontánea, sino porque ha sido obligada a cambiarse porque los jueces españoles hemos acudido a la Unión Europea.

"Quienes han acudido al TJUE ante tantísimo abuso bancario y tanto drama han sido los jueces; la  ley española no ha cambiado por voluntad política"

Quienes han acudido al TJUE ante tantísimos abusos han sido jueces de todo tipo de sensibilidades y de manera muy amplia; no ha habido ahí distinciones ideológicas. Y esto ha sido un salto cualitativo muy importante que en nuestro país que no se había producido nunca.

La pregunta interesante es porqué el poder político ha consentido que las entidades financieras tuvieran tantos privilegios. Si hay miles de sentencias que declaran probado que ha habido actuaciones abusivas y vulneraciones de derechos, esto era conocido y no se ha actuado legislativamente ni administrativamente para frenar estas situaciones de privilegio de los bancos. Y me parece muy criticable que haya tenido que ser el Poder Judicial, como última trinchera del Estado de Derecho, el que resolviera estas situaciones privilegiadas en lugar del Legislativo o el Ejecutivo.