CASO AUDITORIOC's insiste en la dimisión del presidente de Murcia y el PP defiende que ni está imputado ni se trata de corrupción

La brecha abierta entre PP y Ciudadanos desde la imputación del presidente de Murcia en el caso Auditorio no deja de acrecentarse. Mientras los de Albert Rivera siguen insistiendo en que Pedro Antonio Sánchez debe dimitir, los de Mariano Rajoy aseguran que ni está imputado ni se debe a un delito de corrupción.

Así justifican los conservadores su apoyo a la "presunción de inocencia" de su líder murciano, ya que el pacto entre ambas formaciones alude a específicamente a la separación inmediata de los "imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción". "Una cosa es meter la pata y otra meter la mano", metaforizaron tanto el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, como el portavoz de los populares en el Congreso, Rafael Hernando. Ambos citaron las propias palabras de Albert Rivera en abril, así como las de José Manuel Villegas en agosto, tras la firma del pacto anticorrupción previa al pacto de investidura de Rajoy. 

Pese a ello, el portavoz de los naranjas en el Congreso ha insistido en que Sánchez "debe dimitir ipso facto". Juan Carlos Girauta ha acusado al PP de querer "tergiversar" el pacto firmado y, además, aludió a las propias palabras del presidente de Murcia, que aseguró que dimitiría si resultaba imputado sin que nadie se lo pidiera. 

"Es que no está imputado formalmente", se limitó a responder Hernando a esta cuestión tras la reunión de la Junta de Portavoces. Exactamente la misma frase que usó también la portavoz del Ejecutivo de Murcia, Noelia Arroyo,  que aseguró que Sánchez, "no está imputado formalmente, sino que está citado para declarar y aclararlo todo como investigado"."

Además, el propio Rivera separó corrupción de prevaricación", añadió Hernando tras defender que en ningún caso se ha demostrado que haya habido "enriquecimiento" por parte de Pedro Antonio Sánchez. 

Hernando siguió también la senda marcada por Rajoy ayer, e insinuó que se trata de una vendetta política. "No voy a hacer un catálogo de las personas del PP que han sido denunciadas por una acusación particular como elemento de acoso político para buscar las dimisiones de algunos cargos", insinuó. Asimismo, acusó a Podemos de no permitir que Sánchez se explique en la Comisión de Investigación abierta en el Parlamento murciano, así como a la Fiscalía murciana, "que ha repetido 16 veces la misma historia". "Ahora por fin podrá dar su versión ante el juez", valoró. 

El portavoz popular también desechó el argumento de su homólogo de C's, que aseguró que si se sigue "la ley de transparencia en Murcia, queda meridianamente claro que este señor tiene que dimitir", insistió Girauta. "Eso es una proposición de ley. Entre la ley y un acuerdo político, sigo la ley. Pero cuando la ley sea ley. Cuando la ley no es ley, sigo el acuerdo político", le respondió Hernando tras incidir en que su pacto no obliga a Sánchez a dimitir. 

El propio afectado, por su parte, ha modificado sus palabras y ha vuelto a prometer que dimitirá, pero sólo si finalmente se le abre un juicio oral. Justo lo que marcan los Estatutos del PP. 

Mientras tanto, el Congreso sigue a la espera de que la Fiscalía anticorrupción dé explicaciones públicas sobre su supuesto trato de favor con el PP tanto en el caso de Murcia, como en el de La Rioja. La Mesa de la Cámara baja sí ha acordado admitir la petición de comparecencia del fiscal general, José Manuel Maza, mientras que en el Senado ésta se ha rechazado, según informó el presidente del PP riojano y vicepresidente de la Cámara Alta, Pedro Sanz. Será finalmente el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ofrezca una aclaración sobre la actuación del Ministerio Público en relación a la implicación de Pedro Antonio Sánchez en el caso Púnica.