El expresidente del Gobierno José María Aznar por fichó recientemente por el bufete de abogados estadounidense Latham & Watkins en un movimiento que refleja de forma nítida lo cotizados que pueden llegar a estar los antiguos depositarios del poder político entre este tipo de firmas. Para incorporarse como asesor internacional del citado bufete —el más grande del mundo a nivel de facturación—, el antiguo dirigente conservador deberá abandonar el despacho DLA Paper, donde también llevaba a cabo desempeños consultivos.

Cuando se habla de puertas giratorias lo habitual es que el foco informativo apunte al Ibex 35 y a la extensa lista de políticos de primera fila que hacen del tránsito entre instituciones y sus consejos de administración su modo de vida. Sin embargo, eléctricas, bancos y grandes constructoras no constituyen el único polo de atracción para sus señorías, sino que éstas compiten —entre otras entidades— con bufetes de abogados y consultoras para tener de su lado a aquellos que mejor conocen los entresijos del Estado.

Aznar no es ningún pionero. Los exministros populares Manuel Pimentel y Eduardo Serra transitaron antes que él un camino similar; el primero pasó del Ejecutivo al bufete Baker & Mckenzie y el segundo a la consultora Everis. Del mismo modo, varios integrantes de gobiernos socialistas dieron a parar con sus huesos en este tipo de empresas, en la mayor parte de los casos para llevar a cabo labores de asesoría. Por ejemplo, la difunta Carme Chacón fichó por el bufete Ramón y Cajal; Jordi Sevilla dejó su escaño para entrar en PricewaterhouseCoopers (PwC) y José Bono se incorporó al despacho Cremades & Calvo-Sotelo.

"Hay ciertos despachos que en lugar de dedicarse a pleitear actúan como lobbies o representan a ciertos grupos de presión, por lo que es entendible, desde el punto de vista del despacho, que se fiche a exdirigentes políticos para ejercer más influencia", señala Ignacio González, portavoz de Jueces y Juezas por la Democracia.

En otras ocasiones, los antiguos miembros del Gobierno sacaron a relucir su espíritu emprendedor y se embarcaron en sus propias aventuras empresariales en el mundo de la abogacía y la consultoría. Es el caso, por ejemplo, de MA Abogados, fundado por los exministros conservadores Michavila y Acebes, o de la firma de asesoramiento Equipo Económico, montada por el actual ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2006, tras perder su puesto en el Ejecutivo por la victoria socialista en las elecciones generales de 2004.

Para su aventura empresarial —que ahora está bajo la lupa de Anticorrupción—, Montoro reclutó como socios a varios de los máximos responsables económicos del Estado durante la última legislatura de Aznar. Entre otros, contó con Ricardo Martínez Rico, exsecretario de Estado de Presupuestos y Gastos; con Salvador Ruiz, exdirector General de la Agencia Tributaria o con Francisco Piedras Camacho, exdirector general del Gabinete Técnico en el Ministerio de Hacienda.

La segunda fila cotiza al alza

Más allá de la cercanía personal que pudiera forjarse en el desempeño de sus labores diarias, el hecho de que un exministro de Hacienda buscara a sus propios socios dentro del aparato del Estado da cuenta de hasta qué punto cotizan los técnicos de la administración pública para este tipo de empresas. "Si nos fijamos en las consultoras grandes y en empresas de asesoría fiscal hay una gran cantidad de personas que han ocupado altos cargos, pero sobre todo hay antiguos puestos directivos en la Agencia Tributaria o el Ministerio de Hacienda", apunta Carlos Cruzado, presidente de Gestha, sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda.

Tal y como señala Cruzado, en los últimos años abundan ejemplos de altos cargos de la administración pública que, sin tener el lustre de un ministro, son reclamados de manera recurrente por consultoras y bufetes. En esa lista destacan casos como el de Marta Fernández Curras, secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos con Rajoy, que dejó su cargo para unirse a la auditora Ernest & Young, o el de su homólogo de Hacienda, Miguel Ferre, que hizo lo propio para incorporarse a la consultora Burson-Marsteller.

Sin ahondar demasiado en la lista, otros movimientos a destacar pueden ser el fichaje por Deloitte de Juan Manuel Herrero, exdirector de los servicios jurídicos de la Agencia Tributaria; la llegada a PwC de David Mellado, ex secretario general técnico de Hacienda o el aterrizaje en la asesora financiera Rothchild de Íñigo Fernández de Mesa, ex secretario de Estado de Economía.

"La excusa es que estas personas tienen la cualificación técnica, pero lógicamente detrás de esto puede estar el hecho de que tienen contactos privilegiados y el conocimiento de los mecanismos internos de la Agencia Tributaria", relata Cruzado, que a modo de chanza califica estos movimientos como "pasarse al lado oscuro".

Incompatibilidades

El presidente de Gestha subraya que el caso de Miguel Ferre como "el paradigma" de las puertas giratorias en el mundo de las consultoras. Antes de ser nombrado secretario de Estado, de formar parte de la Dirección General de Tributos y de presidir la Agencia Tributaria, había sido socio de PwC, siendo asesor de la firma cuando ésta colaboró para que varias empresas acordaran con Luxemburgo la forma de eludir impuestos, un escándalo que acabó salpicando a Jean Claude-Juncker, actual presidente de la Comisión Europea.

"Al margen de que existan irregularidades o no, no parece muy ético que una persona que ayuda a eludir impuestos, aunque sea de forma legal, tenga luego que controlar estos asuntos", apunta Cruzado. Además, el presidente de Gestha subraya que el caso de Miguel Ferre también muestra como en algunas ocasiones el camino de lo público a lo privado y de lo privado a lo público puede ser andado y desandado más de una vez por la misma persona.

"Hay que evitar el paso de funcionarios o dirigentes políticos que han desempeñado responsabilidades en áreas donde son incompatibles con el nuevo destino", subraya Ignacio González. El portavoz de Jueces y Juezas por la Democracia destaca además que en el ámbito judicial es común encontrar casos de "jueces, fiscales y abogados del Estado" que son reclutados por grandes bufetes o consultoras por sus conocimientos sobre el funcionamiento de la maquinaria estatal.

De hecho, Carlos Cruzado destaca la importancia de vigilar el trasvase de los abogados del Estado a grandes bufetes, sobre todo cuando estos "pueden acabar llevando pleitos contra el propio Estado". En opinión de González, es imperante legislar para evitar este cualquier tipo de incompatibilidades entre el cargo público previamente desempeñado y el próximo destino profesional de un político o un funcionario. Sin embargo, destaca que el tema de las puertas giratorias en políticos es especialmente difícil de abordar, ya que una legislación demasiado inflexible puede provocar que la clase política se "profesionalice" y se aferre a su sillón.

Finalmente, el presidente de Gestha alerta la necesidad de actuar contra los mecanismos que se usan para "engrasar" las puertas giratorias. En concreto, se refiere a los cursos en los que altos cargos de Hacienda enseñan a asesores fiscales y abogados cómo evadir impuestos. "Son cursos muy reducidos en los que grandes empresas, además de trasladar consultas puntuales de sus clientes, se facilita información sobre paraísos fiscales", relata Cruzado antes de concluir señalado que es común ver cómo algunos de los ponentes en estos actos son posteriormente fichados por grandes bufetes y consultoras.