La Comisión Europea ha iniciado un expediente de infracción a España ante el incumplimiento de la Directiva 2012/13/UE, que establece las normas relativas a los derechos de los acusados con el fin de garantizar el derecho a un juicio justo en los procesos penales.

La Comisaria de Justicia Libertades y Asuntos Civiles, Vera Jourová, en respuesta a una pregunta formulada por la europarlamentaria de IU Marina Albiol, asegura que la Comisión Europea ha enviado un escrito a España en el que requiere la aplicación efectiva de la citada Directiva.

España ha comunicado a la Comisión que se está llevando a cabo la reforma legislativa para aplicarla a pesar de que la Comisión Europea pusiera junio de 2013 para que esto sucediera.

Jourová advierte de que el caso podría llevarse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no se llegase a "una solución satisfactoria".

Según apunta la Comisaria, el Tribunal de Justicia de la UE tiene competencia para determinar si un Estado miembro ha incumplido alguna de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados firmados.

La Directiva, entre otras cuestiones, obliga a la Policía a informar en todo momento a un detenido de los motivos de su detención de los delitos que se le imputan.

Marina Albiol: "Estamos asistiendo a un aumento sin precedentes de la criminalización de la protesta social"

En su carta a la Comisaria, Marina Albiol señala que en España está teniendo lugar "un aumento sin precedentes de la criminalización de la protesta social" que "pone en riesgo la credibilidad de las libertades que son inherentes a la democracia".

En este sentido, la eurodiputada de IU enumera una serie de casos en los que la Justicia Española no tuvo en cuenta la citada Directiva a la hora de actuar.

Uno de ellos es el caso 'Alfon'. El joven, que recientemente ha sido condenado a cuatro años de prisión, fue encarcelado sin juicio y sin que hubiera un informe policial tras ser detenido en Madrid durante la huelga general de 2012. Alfonso Fernández pasó encerrado en prisión cerca de dos meses en régimen FIES de aislamiento.

Albiol también hace referencia al caso de Katiana Vicens, secretaria general de Comisiones Obreras en las Illes Balears, condenada por participar en un piquete informativo y al de los ocho trabajadores de Air Bus Getafe que se enfrentan a 64 años en total por ejercer su derecho a huelga. Las detenciones acontecidas en las Marchas de la Dignidad y en las concentraciones de Rodea el Congreso también podrían incurrir en un incumplimiento de la normativa.

A ojos de la eurodiputada, estos sucesos tienen como objetivo mermar la legitimidad de las luchas y atacar de maniera directa a la libertad de expresión, de manifestación y del derecho a huelga.