La eléctrica pública al 100% más grande del Estado está en Barcelona. El ayuntamiento de la capital catalana arranca este domingo uno de los proyectos más codiciados del equipo de gobierno que encabeza Ada Colau, desde que llegó al cargo hace tres años: una comercializadora de electricidad propia, para proporcionar energía a las instalaciones municipales y a algunos hogares de la ciudad. Energía, además, generada en la propia ciudad de fuentes renovables.

La nueva comercializadora, creada en 2017 bajo el nombre de Barcelona Energia y bajo el paraguas de la empresa pública municipal Tratamiento y Selección de Residuos SA (TERSA), comienza su vida con una apreciable cartera de clientes.

Desde el 1 de julio, cuando vencía el contrato anterior, y hasta aproximadamente finales de mes, la empresa dará servicio a 19 organismos y entidades municipales, y a 3.908 puntos que requieren electricidad: oficinas, mercados, pabellones deportivos y cementerios de titularidad municipal, además de fuentes, semáforos y el propio alumbrado de la ciudad, entre otros.

El ayuntamiento, de hecho, ya está vertiendo a la red eléctrica tanta energía como sea necesaria en estos puntos de suministro. Y con creces. El consumo estimado de los contratos que asumirá TERSA es de 162 GWh / año. Y, desde febrero, según datos municipales, el ayuntamiento genera unos 200 GWh / año, a través de la planta incineradora -o, en su nombre estricto, Planta Integral de Valorización de Residuos- de Sant Adrià de Besòs (unos 189 GWh / año), de la instalación de biogás del Garraf (18 GWh / año) y de la sexagésima de instalaciones fotovoltaicas con conexión a la red distribuidas por la ciudad (unos 2 GWh / año). La diferencia es que ahora la comercialización también la hará el propio Ayuntamiento, a través de Barcelona Energía, y sin pasar por las empresas privadas del sector.

Con todo ello, el encargo de gestión a TERSA suma un importe de 29,3 millones de euros, los cuales 28,6 corresponden al suministro de electricidad y el resto, a "posibles modificaciones derivadas de subidas del mercado eléctrico, nuevas altas, aumentos de potencia "u otras variables. El Ayuntamiento calcula que el ahorro para las arcas municipales será de 710.000 euros anuales, por la diferencia de precios respecto a los contratos anteriores. El ahorro, sin embargo, es bienvenido, pero no es el objetivo fundamental.

El consistorio explica que la nueva comercializadora "quiere ser un instrumento de promoción y estímulo de la generación energética local y renovable", tanto para los equipamientos como para los ciudadanos, que podrán contratar con Barcelona Energía a partir de enero del 2019. En cantidad limitada ,eso sí: inicialmente, sólo para unas 20.000 hogares, la cifra máxima que fija la normativa actual, que restringe a un 20% el volumen de electricidad que pueden comercializar las compañías públicas. Esta cifra podría crecer en un futuro, pero siempre ligada a un aumento de la generación de energía desde el ayuntamiento. "Al mismo tiempo que aumentamos la generación, aumentaremos el volumen", explican desde el consistorio, que se fija como objetivo doblar su capacidad de generación en los próximos dos años.

"No es un proyecto que busque bajar mucho los precios, porque el margen es muy pequeño", explica el concejal de Energía, Eloi Badia. Aunque el margen para los precios sea estrecho, la comercializadora municipal sí tendrá flexibilidad para, por ejemplo, bajar la potencia contratada de las familias que contraten, lo que también repercute en la factura final. Otro objetivo -no menor- del Ayuntamiento con el nuevo operador municipal es poder dar respuesta con más rapidez a las situaciones de pobreza energética, y facilitar "una política propia" en esta cuestión.

La entrada en el mercado de Barcelona Energía también busca favorecer la generación de energía renovable por parte de los particulares. El objetivo del consistorio es que facilitar que los clientes con placas fotovoltaicas vendan su energía sobrante a la comercializadora, y bonificarse en el recibo de la luz. Esta venta de la energía sobrante está fuertemente penalizada por el llamado impuesto al sol '-que planea derogar el Gobierno del PSOE-, pero sólo para las instalaciones de más de 10KW de potencia, las más habituales para consumidores domésticos. Diferente es el de instalaciones más grandes, como las que hay en varias escuelas, bibliotecas y otros equipamientos, que sí esta penalizados actualmente.

Colau: "podremos autoabastecerse nos"

"Es un cambio de paradigma", valora la alcaldesa, Ada Colau, refiriéndose a la entrada en funcionamiento de la comercializadora. "Estamos hablando de un operador público municipal que no sólo permitirá tener más soberanía en las decisiones energéticas que nos afectan directamente como ciudad, sino que nos permitirá desconectar del oligopolio", valora Colau

Podremos autoabastecernos", resume la alcaldesa, para quien el nuevo proyecto demostró que es posible tener "soberanía" en cuanto a la política energética, una de las cuestiones "estratégicas para todas las ciudades metropolitanas del siglo XXI". "Tener este poder municipal será un antes y un después", concluye Colau, que también insta a los gobiernos catalán y estatal, "instituciones que tienen más competencias y más capacidades", a dar pasos en la misma dirección.

El nuevo operador eléctrico municipal, de hecho, es sólo una parte del proyecto de "transición hacia la soberanía energética" del equipo del Ayuntamiento. Lo completan los planes para aumentar la capacidad de generación eléctrica y, también, medidas de ahorro.

Básicamente, por la vía de aumentar la eficiencia energética del alumbrado -Sustituir luminarias obsoletas por otras de tipo LED-, la instalación de sensores de presencia y la mejora de los cerramientos de los edificios. También es un elemento clave de este plan la obligatoriedad de aplicar medidas de ahorro energético en la rehabilitación de viviendas que reciban subvención, así como incrementar estas mismas subvenciones.

Este proyecto de transición energética de Barcelona lo comparten a nivel estatal otros 'Ayuntamientos del cambio'. En concreto, Cádiz, Madrid, Pamplona, ​​Zaragoza y la capital catalana colaboran en materia energética desde el 2015, y han lanzado iniciativas en la misma línea. Pamplona también tiene en marcha su propia comercializadora; Madrid ha dividido en lotes sus contratos energéticos y pone como condición a las empresas adjudicatarias que lo hagan con energía renovable; Zaragoza pretende comprar la electricidad directamente al mercado mayorista, y Cádiz, que ya dispone de una empresa semipública, comercializa sólo energía renovable para edificios municipales y el 80% de las familias de la ciudad.