La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha rechazado este jueves una iniciativa del PSOE que pretendía abrir la puerta a la liquidación de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El texto ha sido derrotado con los votos del PP, mientras que Ciudadanos se ha abstenido, pero podría haber salido adelante si hubieran estado presentes en la sesión los representantes de ERC, el PNV y el PDeCAT, ya que estos partidos, PSOE y Unidos Podemos suman 18 votos, frente a los 17 de los conservadores.

El PSOE había planteado esa liquidación como propuesta de resolución al informe del Tribunal de Cuentas sobre el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional correspondiente a 2013. De hecho, el propio tribunal abogaba en el primer borrador de su informe por la "extinción" de la fundación por su "indudable inviabilidad económica". Sin embargo, tras las alegaciones formuladas por Patrimonio Nacional, el órgano que preside Ramón Álvarez de Miranda, rebajó la recomendación y optó por limitarse a aconsejar que se tomaran medidas para esclarecer el régimen jurídico que se le debe aplicar a la fundación, especialmente en el ámbito económico-financiero, así como su modelo de gestión, todo ello sin perder de vista la posibilidad de liquidarla. El Valle de los Caídos cuesta 750.000 euros al año a los españoles y desde 2014 ha perdido 2.304.458 euros.

En el informe definitivo aprobado por el Tribunal, ya no se cita la "indudable inviabilidad económica" de la fundación que en el borrador se justificaba por la "inexistencia de rentas propias para financiar sus gastos, de infraestructura alguna de gestión, la pérdida de sus fines fundacionales y la falta de adecuación a los mismos de al momento histórico actual y conforme al modelo de estado aconfesional que configura la Constitución". Tanto en el borrador como en el informe finalmente aprobado por el fiscalizador se alude al artículo 57 del Reglamento de la Ley Reguladora del Patrimonio Nacional, que establece que el protectorado, a propuesta del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional y previo dictamen del Consejo de Estado, "podrá acordar la modificación, fusión o extinción de los Reales Patronatos cuando así lo exija el mejor cumplimiento de los fines fundacionales, o cuando concurran los supuestos contemplados en el artículo 39 del Código Civil".

Este último artículo fija que si las fundaciones dejan de funcionar "por haber expirado el plazo durante el cual funcionaban legalmente, por haber realizado el fin para el cual se constituyeron, o por ser ya imposible aplicar a éste la actividad y los medios de que disponían" se debe dar a sus bienes la aplicación que las leyes, o los estatutos, o las cláusulas fundacionales hubieran previsto.

En este contexto, el Tribunal señalaba en el borrador de su informe que la eventual extinción de la Fundación Valle de los Caídos debería tener como consecuencia la "reversión de los bienes al Patrimonio del Estado" y la formalización explícita, en su caso, de las relaciones jurídicas y económicas de las comunidades religiosas actualmente beneficiarias (benedictina en el caso del Valle de los Caídos) atendiendo rigurosamente al interés público y la ordenamiento jurídico vigente. Además, el fiscalizador remarcaba que, mientras el Gobierno decidía si atendía la sugerencia de extinguir la fundación, el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional debía registrar de "forma separada y rigurosa el patrimonio, los gastos y los ingresos de la Fundación Valle de los Caídos", una recomendación que patrimonio se ha comprometido a asumir.

Subvenciones a comunidades religiosas

También se ha votado una propuesta de Unidos Podemos que instaba al Gobierno a establecer los mecanismos necesarios para que a través de Patrimonio Nacional no se siga subvencionando a las comunidades religiosas como las que viven en la Abadía del Valle de los Caídos, el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial o el de Yuste.

Esta sugerencia de Unidos Podemos ni siquiera ha contado con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, que se han abstenido, mientras que el PP ha repetido su voto en contra. En la actualidad, los Presupuestos Generales del Estado reservan cada año 340.000 euros en subvenciones para la Abadía del Valle de los Caídos, como beneficiaria de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, creada por un decreto-ley franquista en 1957.