Un volumen de deuda que se multiplicó por siete en apenas una década; opacidad en materia de contratos y partidas presupuestarias; externalizaciones de dudosa eficacia; cientos de millones de euros en sobrecostes de obras públicas -algunas de ellas, faraónicas-, y necesidades sociales de los madrileños por cubrir: es el balance que arroja el informe de la subdirección general de Auditoría de la Deuda y Políticas Públicas del Consistorio que gobierna Manuela Carmena.

Público ha tenido acceso al texto, que será presentado formalmente este jueves, y que pretende documentar los "impactos negativos" de las políticas aplicadas por el Ayuntamiento de Madrid entre los años 2003 y 2015, cuando Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella estaban a los mandos, hasta la llegada de Ahora Madrid al Palacio de Cibeles, tras las elecciones municipales de mayo de 2015 -Gallardón entre 2003 y 2011, Botella desde 2011 hasta 2015-.

A lo largo de 45 páginas pretende servir como "análisis preliminar" de la políticas que han afectado negativamente a los madrileños -sea desde el prisma económico, social, medioambiental o en materia de desigualdad de género-. Es el primer informe de la Auditoría Ciudadana Municipal de la Deuda y las Políticas Públicas (ACMDPP), que comenzó a cobrar cuerpo en julio de 2015, y ahora compila y analiza las actuaciones de los gobiernos municipales del PP en diversos ámbitos.

Denuncia que el margen de actuación del Consistorio se ha "infrautilizado", que las políticas de ambos ediles del Partido Popular en ese periodo "no contribuyen a dotar a la ciudadanía madrileña de servicios públicos completos", y que tanto Gallardón como Botella tuvieron como "línea estratégica de acción" los "procesos de externalización". Estos procesos han castigado especialmente a "plantillas altamente feminizadas", aunque todos ellos tendrían en común la precarización de las condiciones de los trabajadores, así como las malas condiciones de los servicios externalizados, lo que demostraría la "no idoneidad" del modelo del PP.

El análisis pone también el foco en el "modelo urbano y de movilidad" de Gallardón y Botella -"Repercute negativamente sobre los problemas medioambientales más graves", en las "carencias en la información disponible sobre las actuaciones municipales", o en la insuficiente función fiscalizadora de ambos alcaldes sobre el trabajo de las empresas que se lucraron con los procesos de externalización. "La gestión financiera del Ayuntamiento debe ser sometida a un análisis detallado", afirma el texto, para lograr la "identificación de prácticas y operaciones que no priorizaban los intereses de los contribuyentes".

Según el documento, su objetivo final es "presentar una selección justificada de políticas e intervenciones municipales con indicios de posible impacto negativo sobre la ciudadanía", aunque insiste en su carácter "preliminar". Quiere "identificar casos susceptibles de ser sometidos a un estudio más profundo" en el marco de la Auditoría, y advierte que esta selección "no agota ni limita la inclusión de otros casos todavía no considerados".

Entre las fuentes consultadas para su elaboración el texto destaca los "Estudios sobre los Impactos económico/ social/medioambiental/ de género de las Políticas Públicas del Ayuntamiento de Madrid", encargados por la subdirección responsable del área, así como "las derivadas de las tareas de investigación que ha desarrollado" esa subdirección.

Concretamente, la Auditoría fue aprobada por el Pleno del Consistorio en julio de 2015; después se constituyó la consiguiente subdirección general, y posteriormente el Consejo Asesor que dirige la economista Bibiana Medialdea, autora del informe. De hecho, Medialdea tomará parte en la presentación del texto este jueves, aunque esta fundamentalmente quedará en manos del concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato.

Sobre la hoja de ruta a seguir tras desvelar el texto, desde el Consistorio avanzan que presentarán nuevos informes, y encuadran el documento en la segunda fase de la Auditoría: "Presentación del informe, lanzamiento de mecanismos de participación ciudadana", a la que seguirán el análisis de impactos y la "difusión de resultados y consultas". Recuerdan que la auditoría es, a fin de cuentas, "un ejercicio de evaluación" que "finaliza con conclusiones y recomendaciones". "Las decisiones políticas que se puedan adoptar atendiendo a esas recomendaciones quedan fuera de la auditoría", apostillan.

Obras faraónicas y festín de fondos buitre

En lo que respecta a las obras faraónicas, una constante en otras administraciones en manos del PP, el Consistorio de Gallardón se llevó la palma. Entre 2002 y 2012 la deuda de la ciudad pasó de 1.136 millones de euros a 7.732, en una década marcada por el desenfreno en el recurso al ladrillo y al hormigón: las obras de la M-30 costaron 1.632 millones más de lo presupuestado; la reforma del Palacio de Cibeles para convertirlo en sede del Ayuntamiento pasó de costar 40 millones a 530 -incumplimiento de plazos incluidos-; la Caja Mágica, un recinto infrautilizado, se llevó más del doble de lo previsto -206 millones de euros-, y el inacabado Centro Acuático fue tasado recientemente en 23,5 millones, aunque se tragó 54 millones.

El texto denuncia que "el gran volumen de inversión municipal dedicado a la construcción de infraestructuras" no tuvo réplica en materia de "inversión en vivienda social". Recuerda que entre 2012 y 2013 el Consistorio de Ana Botella decidió vender el 25% de la vivienda para fines sociales con la que contaba, y que "la intención declarada" del Ayuntamiento era deshacerse de otro 25%, al mismo tiempo que intentaba "paralizar la promoción de vivienda protegida", aunque había 13.000 personas en lista de espera.

De hecho, la dificultad para justificar ciertos gastos se extiende incluso a los alquileres pagados por el Consistorio: en 2015 desembolsó 39 millones de euros en alquileres, a pesar de que ese mismo año tenía en su poder 866 edificios valorados en 3.500 millones de euros, siempre según el estudio.

Adjudicación de servicios a entidades sin formación

El enfoque de género está muy presente a lo largo de las 45 páginas del texto; denuncia que en la documentación sobre la gestión de los anteriores regidores "no se puede identificar fácilmente partidas estratégicas" contra la violencia machista, y critica que durante el periodo investigado "se han identificado adjudicaciones a entidades que podrían carecer de formación técnica especializada" en esta materia.

Del mismo modo, el informe censura las "lagunas en términos de derechos sociales" en las políticas del Partido Popular y afirma que los recursos dedicados a esta materia "son insuficientes", y la "orientación de algunos programas es inadecuada". También denuncia la ausencia de "garantía al acceso de servicios de cobertura básica de necesidades como vivienda, alimentación o escolarización", o la "falta de atención específica a grupos especialmente vulnerables".

"El servicio municipal de comida a domicilio nunca ha provisto de comida a un promedio de más de 1.500 personas, mientras que la encuesta de condiciones de vida nos informa de que en la ciudad hay en torno a 90.000 personas cuya precariedad económica deriva en problemas nutricionales debidos a una dieta insuficiente", reza el texto.