La Audiencia sienta en el banquillo a cinco excargos del PP de Valencia por delito electoral en la trama Gürtel

MADRID.-  El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto hoy juicio oral a 20 acusados, entre ellos 5 excargos del PP de Valencia como el exportavoz parlamentario en Les Corts, Ricardo Costa, el exvicepresidente de la Generalitat con Francisco Camps, Vicente Rambla, por delito electoral y falsedad en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y por delito fiscal.

De la Mata envía así a juicio en un mismo auto tres piezas de la trama Gürtel en Valencia (1,2 y 6) de las 5 que fueron remitidas a la Audiencia Nacional al perder los cargos implicados su aforamiento.

 Entre los 20 acusados que se sentarán en el banquillo se encuentran el presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, además de los  cinco ex altos cargos del PP en Valencia (entre ellos, los mencionados Costa y Rambla).

El resto de acusados son empresarios radicados en la Comunidad Valenciana sospechosos de financiar de forma irregular a la formación regional, entre los que figuran el ex consejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y el sobrino del expresidente de Les Corts Juan Cotino, Vicente Cotino.

El magistrado acusa a los procesados de delitos electorales, falsedad en documento mercantil y delitos fiscales, mientras que reclama el pago de multas en concepto de responsabilidad civil y pide la más elevadas para El Bigotes, a quien reclama 10,2 millones de euros.

Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción pide 7 años y 9 meses de cárcel para Ricardo Costa, Vicente Rambla, Cristina Ibáñez y David Serra, y 6 meses y 650 euros de multa para Yolanda García, así como multas que ascienden a 6.600 euros.

La investigación de todos estos años permite concluir, según de la Mata, la existencia de una forma de pago de carácter dual por parte del partido popular valenciano, abonándose parte de los mismos con dinero oficial ( denominado Alicante en algunas conversaciones y documentos ) y otra parte presuntamente, en dinero "con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial( dinero en B denominado Barcelona; estas cantidades engrosarían la denominada Caja B Orange Market y la del grupo)".

El juez cree que los miembros del PPCV imputados contrataron a Orange Market "con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008", servicios que abonaron "de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros". Así, en las elecciones de 2007 Orange Market se embolsó 1,1 millones de euros por las autonómicas y 78.878 por las municipales, mientras que en las generales de 2008 obtuvo 801.810 euros, sin que esos servicios prestados fueran "objeto de facturación, contabilización y declaración tributaria".