La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha acordado este miércoles hacer efectiva la entrega del exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo  Carvajal a Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de armas y de drogas, después de que la decisión de denegarle el asilo que había solicitado en 2019 sea firme en vía administrativa.

De esta forma, la Audiencia Nacional ha reactivado el proceso de extradición de Carvajal, cuya entrega a Washington fue aprobada en 2020 tanto por el tribunal como por el Gobierno, si bien quedó paralizada el pasado mes de septiembre a la espera de que se resolviera la cuestión del asilo.

Ahora, la Sección Tercera ha ordenado que El Pollo, ingresado en la prisión de Estremera, quede a disposición de la Unidad de Cooperación Policial Internacional, que debe materializar la entrega a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, el exgeneral venezolano, al que otro juez de la Audiencia Nacional ha citado para el 27 de octubre tras reabrir una causa por presunta financiación ilegal de Podemos a la luz de la documentación que ha ido entregando las últimas semanas, aún podría jugar una última carta.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, podría seguir peleando su asilo presentando un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Allí podría pedir como medida cautelar que se suspenda nuevamente su extradición hasta que haya una decisión firme sobre su petición de protección internacional también en vía judicial.

La vía administrativa ha quedado cerrada después de que el Ministerio del Interior haya rechazado en los últimos días el recurso de reposición que El Pollo formuló para intentar revertir la negativa inicial del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. Carvajal pidió asilo en junio de 2019 e Interior se lo denegó poco después, en septiembre de ese año. Lo comunicó a la cárcel de Estremera, donde había estado en prisión provisional, porque no constaba domicilio suyo en España, pero Carvajal no se enteró porque ya no se encontraba en el centro penitenciario.

El proceso quedó dormido hasta que Carvajal fue detenido el pasado 9 de septiembre en Madrid con la intención de enviarlo inmediatamente a Estados Unidos. Entonces, se amparó en que su asilo estaba sin respuesta y, después de que Interior le comunicara que se lo había denegado en 2019, lo recurrió frenando así su entrega a Washington.

A raíz de su detención, Carvajal pidió entonces poder declarar en el juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional en el que se tramitó su extradición, a lo que accedió su titular, el magistrado Manuel García Castellón. En principio dijo que iba a hablar sobre temas de terrorismo internacional como ETA y las FARC, pero finalmente en su declaración apuntó a presuntos pagos a exdirigentes de Podemos a través de la petrolera estatal (PDVSA), entre ellos citó a Juan Calos Monedero. Apuntó también al exjuez Baltasar Garzón, así como a otras presuntas irregularidades que implicarían al expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Asuntos sobre los que después de esa primera comparecencia ante el juez ha ido aportando documentación al juzgado con la que pretende probar que recibieron pagos del gobierno venezolano. Una vez entregada esa documentación, García Castellón decidió este mismo martes citarle de nuevo para el miércoles 27 tras reabrir una causa que quedó archivada en 2016 y que se abrió a raíz de una denuncia basada en el llamado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima).

Esta denuncia no tuvo recorrido por estar documentada con recortes de prensa y porque el Tribunal Supremo, al rechazar una denuncia similar de Manos Limpias, dictaminó que el informe PISA carecía de validez. Ahora, una vez que la Sala ha decidido hacer efectiva la entrega de El Pollo, queda en el aire esta última citación.

Carvajal estuvo huido casi dos años hasta que pasadas las 21.00 horas del 9 de septiembre fue detenido por el Grupo II de Fugitivos de la UDYCO Central, en una operación conjunta con la DEA, en un piso ubicado en la calle Torrelaguna de Madrid. La Policía Nacional explicó que vivía "totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza". Cambiaba de escondite cada tres meses y recurrió a cirugía estética y a elementos de disfraz para intentar ocultarse.

El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con los gobiernos de Chávez y Maduro está perseguido por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado Cártel de los Soles, una organización criminal supuestamente gestionada por cargos chavistas que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.