La declaración del Consejo General del Poder Judicial contra la amnistía no nata a las personas implicadas en el procés ha devuelto el foco a un órgano que en los últimos años ha estado más que presente en los debates del poder político y legislativo. Con el mandato caducado desde hace casi cinco años, y con una mayoría conservadora (la que impulsó la declaración) que no responde a la aritmética parlamentaria actual, el CGPJ ha tenido más protagonismo por choques institucionales que por sus labores como órgano de gobierno de los jueces.

Su renovación está paralizada desde hace un lustro porque la mayoría para renovar a una parte de sus miembros (la que eligen las Cortes) es de tres quintos (210 diputados), por lo que se necesitaría de un acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular para acometerla.

Cómo desbloquear el CGPJ ronda la cabeza de PSOE y del espacio de la izquierda alternativa (Unidas Podemos en la legislatura pasada y Sumar en la actual) desde 2020, cuando se constató que, tras perder el poder político y no tener opciones de gobernar, el PP no iba a permitir la renovación que exige el texto constitucional.

En la pasada legislatura se aprobó una reforma para limitar sus competencias cuando tuviera el mandato caducado e, incluso, se llegó a registrar una proposición de ley en el Congreso para rebajar la mayoría necesaria para renovarlo de tres quintos a mayoría absoluta (176 diputados, los mismos que hacen falta para permitir una investidura en primera votación y para la gran mayoría de los trámites legislativos de mayor calado).

Esa proposición la presentaron el PSOE y Unidas Podemos, pero los socialistas se echaron atrás (tras un aviso por parte de Europa sobre los riesgos de rebajar la mayoría) y finalmente terminó guardada en un cajón, del que no ha vuelto a salir. Los de Pedro Sánchez y los de Yolanda Díaz negociaron esta cuestión cuando pactaron el programa del eventual nuevo Gobierno de coalición, pero sus diferencias impidieron que cerrasen una fórmula concreta para desbloquear la situación de interinidad del órgano.

La “mejor respuesta” a la declaración del CGPJ: renovarlo

“Garantizaremos el cumplimiento de la Constitución en lo referente a la renovación de órganos constitucionales, especialmente el Consejo General del Poder Judicial, impidiendo que la deslealtad constitucional de algunos actores políticos afecte al prestigio y a la salud de las instituciones públicas”, se limita a recoger el acuerdo, sin entrar en detalles sobre cómo acometer la reforma, unos detalles que ambas formaciones deberán negociar cuando Pedro Sánchez sea investido y se conforme el Ejecutivo.

Todo apuntaba a que este asunto no volvería al escenario público hasta que comenzaran las negociaciones, pero la declaración del CGPJ contra una ley de amnistía que todavía no se conoce, y en medio de unas negociaciones para investir a Sánchez, ha reabierto la polémica. Este martes, la portavoz parlamentaria de los comunes y de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, apuntaba a la urgencia de acometer esta renovación tras señalar el posicionamiento público de los jueces conservadores.

“La derecha sigue utilizando a la justicia y a los altos tribunales con tal de socavar la democracia y torpedear la investidura. Estas concentraciones [a las puertas de la sede socialista de Ferraz] vienen después de cinco años de un CGPJ caducado y absolutamente rebelde, con declaraciones fuera de la ley sobre una ley que ni siquiera conocen porque no se ha publicado, en un claro incumplimiento constitucional”.

Ante esto, ha manifestado Vidal, “la mejor respuesta” es renovar el órgano caducado. La portavoz ha ido un paso más allá y ha hablado de que la vía para limitar las competencias del CGPJ en funciones “está agotada”, y ha recuperado el debate sobre la reforma para rebajar las mayorías, aunque ha admitido que es un asunto que requiere de la participación de todos los partidos.

En Sumar la fórmula preferida para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces no es esta. Como avanzó Público, la vía que manejan los de Díaz estaría centrada en materia de caducidad del órgano. De esta manera, pasado el mandato de cinco años, se daría unos meses de margen al Parlamento para proceder a la renovación; tras lo cual, si no se alcanzara en las Cámaras el consenso, los vocales salientes quedarían automáticamente destituidos. La propuesta se aplicaría con carácter retroactivo, con lo que una vez aprobada y en vigor los actuales consejeros tendrían que cesar en sus cargos.

La fórmula que maneja Sumar

Los de Díaz también plantean retirarle al CGPJ las competencias que no sean estrictamente constitucionales, como la formación de jueces, las relaciones internacionales en materia de justicia y fijar el presupuesto del órgano, y derivarlas al Ministerio de Justicia, como ocurre, por ejemplo, en Francia.

En todo caso, la portavoz parlamentaria elevó la presión sobre el PSOE para acometer esta reforma de manera rápida: “Ahora sí, todos los partidos, incluso el PSOE, deben entender la importancia de poder acceder a una renovación que permita que el CGPJ refleje la pluralidad de nuestro país, que hace cinco años que está bloqueado y absolutamente fosilizado. Esto es inconstitucional, pero ahora además está amenazando nuestra democracia, por lo tanto es importante que podamos reabrir esta cuestión y abordar por fin la renovación del CGPJ”, manifestó.

Hasta que el PSOE y Junts no cierren un acuerdo sobre el alcance de la amnistía, no tendrá lugar la investidura de Pedro Sánchez; pero cuando esto suceda (algo que tanto en Sumar como en las filas socialistas dan por hecho), la intención de los de Díaz es situar el desbloqueo del CGPJ como una de sus prioridades de la legislatura. El acuerdo programático de Gobierno no es nada claro y la fórmula definitiva dependerá casi en su totalidad de las negociaciones que se abrirán.