Una mujer octogenaria coloca flores en el quitamiedos de una carretera, y en el bordillo que separa el asfalto de la cuneta puede leerse la pintada: 'Fosa común 1936'. Se trata de la imagen seleccionada por el antropólogo e investigador del CSIC Francisco Ferrándiz (Oviedo, 1963) para encabezar El pasado bajo tierra [Anthropos, 2014], el libro en el que aborda las consecuencias socio políticas de la apertura de las fosas comunes del franquismo. La imagen refleja la desatención institucional que padecen las víctimas y resume el resultado de la ausencia de una política pública de memoria, de derechos humanos.

María Martín, la protagonista de esta fotografía, practica los ritos funerarios por su madre a pie de una cuneta. La carretera pasa por el lugar donde fue asesinada a las afueras de su pueblo, Pedro Bernardo (Ávila), y la recuperación del cuerpo es inviable. El testimonio de María -que declaró en el juicio a Baltasar Garzón por la causa de los delitos del franquismo- es, a juicio de Ferrándiz, paradigmático y sorprendente por su vulnerabilidad pero al mismo tiempo por su fuerza. 'Su caso tiene una importancia política enorme. De niña le raparon la cabeza, le dieron aceite de ricino... Lleva escrita en el cuerpo la represión', señala.

Otros relatos de víctimas figuran en esta autopsia social del impacto que ha producido en la sociedad española contemporánea la apertura de fosas comunes. 'No es un ensayo sobre el pasado, para el que existe una historiografía muy extensa, sino sobre las múltiples repercusiones de estas excavaciones', defiende Ferrándiz sobre su publicación, en la que prevalecen las descripciones etnográficas en diferentes enterramientos sobre los debates teóricos.

Una de las primeras consecuencias que vislumbra el investigador asturiano tiene que ver con la forma en cómo la llegada de los desaparecidos del franquismo a la sociedad actual ha torpedeado el relato imperante desde la Transición.  Los pactos de olvido y de silencio quedan en entredicho ante la proliferación de historias de represión plagadas de detalles. 'La apertura de las fosas comunes ha contribuido a desestabilizar los relatos dominantes sobre la Transición y la arquitectura política e institucional derivada de ella', sostiene. Ferrándiz sitúa esta consecuencia en un plano comparativo: 'Los resultados de las últimas elecciones europeas, el cuestionamiento del bipartidismo o incluso la abdicación del rey forman parte de este mismo proceso'.

En el caso de las fosas de la dictadura, la capacidad transformadora reside 'en la reaparición incómoda de estos cuerpos ejecutados hace décadas en el espacio público; en el desarrollo de una conciencia cívica contra la impunidad del franquismo y en el despliegue -aunque parcial, fragmentado y discontinuo- de políticas públicas de memoria'.

Pero las fosas abiertas en estos primeros años del siglo XXI no son las únicas, y Ferrándiz arroja luz en el libro sobre la genealogía histórica de los ciclos exhumatorios. 'Hay precedentes durante la guerra, el franquismo e incluso en la Transición'. Uno de los primeros momentos lo promovió el dictador Francisco Franco para localizar, recuperar y dignificar a los denominados caídos por dios y por España. A golpe de decretos y órdenes en el Boletín Oficial del Estado, el incipiente estado franquista reguló la protección de las primeras exhumaciones tras la Guerra Civil. 'A finales de 1939, en Soto de Aldovea, un pueblo vinculado a Torrejón de Ardoz, se recuperaron con un equipo forense 413 cuerpos que fueron llevados a Paracuellos', ilustra Ferrándiz.

En los años 50 se produjo otro momento exhumatorio con el robo y el traslado de cadáveres de republicanos hasta el Valle de los Caídos, el macro mausoleo pensado para albergar más de 33.800 cuerpos.

La muerte de Franco abrió una nueva fase de apertura de enterramientos. Durante la Transición, fueron las propias familias quienes salieron a la búsqueda y recuperación de sus desaparecidos con técnicas de trabajo no profesionales.

'Lo que distingue a las exhumaciones contemporáneas de las anteriores es la presencia de equipos técnicos arqueológicos y forenses vinculados a prácticas globalizadas de derechos humanos, así como su emergencia en la sociedad de la información y el conocimiento, factor básico en su difusión', identifica Ferrándiz. 'Ha sido un proceso tan rápido y convulso, con tantas aristas, que todavía necesitamos tiempo para analizarlo y descifrarlo en todos sus matices', añade.

En el balance de los últimos 14 años de movimiento memorialista, Ferrándiz admite la existencia en la sociedad de un reconocimiento de la injusticia histórica cometida con muchos de los derrotados de la Guerra Civil y los represaliados del franquismo. 'Las excavaciones de fosas han hecho visible la cartografía de la represión. Los forenses han podido certificar la casuística de esta represión sobre civiles, aunque extrajudicialmente. Se han producido identificaciones y devoluciones de cuerpos fusilados a sus municipios de origen, a veces con presencia de cargos políticos. Las administraciones públicas han hecho algunos esfuerzos, aunque fragmentarios y discontinuos; ¿quién se acuerda de la Ley de Memoria Histórica, hoy desactivada?'.

El investigador reconoce que se han puesto las bases de una cultura política 'que no acepta la impunidad del franquismo' y que 'busca amparo en la legislación internacional'. El proceso exhumatorio ha servido, en definitiva, para contribuir a retirar el velo de olvido oficial. 'Las víctimas del franquismo han ganado en visibilidad y legitimidad social', afirma. Pero todos estos pasos hacia adelante no son suficientes en un contexto en el que debiera haberse producido un debate en profundidad sobre el pasado traumático, en lugar de la 'jaula de grillos' mediática a la que se ha asistido en múltiples ocasiones, según lamenta Ferrándiz. 'Ha habido mucha crispación que, en líneas generales, se ha dado en los debates políticos y una cierta histeria mediática que ha acabado contaminando el debate público, empobreciéndolo. Nada nuevo en este país. Otro indicador más de la baja calidad democrática'.

En el plano político, una de las características que identifica Ferrándiz en lo relativo a la apertura de fosas ha sido la sucesión de tibias reacciones. 'Algunos políticos como alcaldes o diputados se han involucrado, pero a veces casi a título personal, de paisano. Esto ha sido diferente en cada comunidad autónoma, o incluso en cada exhumación, pero en no pocos casos ha habido pautas de desapego o ninguneo institucional', explica. 'Ha faltado un reconocimiento alto y claro por parte del Estado. Por ejemplo, el presidente del Gobierno presidiendo un acto de reparación laico por las víctimas que estaban siendo exhumadas. Hay fórmulas testimoniales de hacer esto con gran calado simbólico y político. Y no se ha hecho'. Incluso el modelo de ayudas consagrado en la Ley de Memoria Histórica estableció 'una especie de subcontrata de los derechos humanos mediante la cual el estado proveía fondos pero no coordinaba su uso', deplora.

Salvo la excepción andaluza,  comunidad autónoma que debate una ley propia de memoria -aunque no exenta de polémica, con tensiones entre la Junta y el movimiento asociativo y dependiente del pacto electoral IU-PSOE-, el escenario actual se vuelve incierto. 'Nada garantiza la continuidad en el tiempo o la estabilidad financiera de un proyecto. Algunos de los que en su día se consideraban más profundos y sofisticados, como el Memorial Democrático de Catalunya, están bajo mínimos y su gestión ha cambiado de manos. En muchas comunidades autónomas gobernadas tradicionalmente por el PP ni siquiera hubo ese tipo de políticas. Pero tampoco las hubo, más allá de algunos gestos, en Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE durante décadas. El gobierno del PP no tiene el menor interés. El relato dominante de la crisis incluso les ha permitido evitar dar explicaciones', lamenta.

Ferrándiz, que fue miembro de la Comisión de Expertos que propuso reasignar otra identidad al Valle de los Caídos,  es escéptico a la hora de pensar que esta tendencia pesimista pueda revertirse. En cambio,  percibe visos de cambio en el debate público sostenido en el tiempo.

'Cuando se redactó el informe sobre el Valle de los Caídos pusimos luces largas. La resignificación jamás llegaría por decreto sino como parte de un proceso de debate social y político intenso y prolongado en el tiempo equivalente, por ejemplo, al que hubo en Alemania sobre el monumento del Holocausto de Berlín. Entre la idea original y la inauguración pasaron 15 años, varios periodos electorales y diferentes gobiernos. El resultado final gustará más o menos, pero es fruto de muchos equilibrios y esfuerzos de consenso y, por tanto, tiene una eficacia social y política incontestable', afirma.

Como propuesta, Ferrándiz plantea la instalación de un memorial, en la misma línea conceptual que el alemán, en la explanada del recinto de Cuelgamuros 'tras un concurso internacional de ideas'. 'Sería una inversión muy rentable en términos de incrementar la calidad de la democracia y la convivencia. ¿Seremos capaces de hacer en España algo semejante?', concluye.