La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se condene al pago de una multa de 75 millones de euros a la empresa pública española de seguridad y defensa Defex por una serie de adjudicaciones supuestamente irregulares en Camerún, así como a 23 años de cárcel a su ex director comercial Manuel Iglesias.

En el escrito de acusación de una de las piezas del caso Defex, la relativa a adjudicaciones en Camerún, el fiscal sienta en el banquillo a tres personas jurídicas, la empresa pública y a dos empresas más que trabajaban con ella, así como a tres personas físicas: Iglesias y dos directivos de esas empresas.

Se trata del presidente del Grupo Aresa, Óscar López i Salvadó, y del director comercial de Deimos Space, Francisco Luque Ramírez, que se enfrentan en este caso a una petición fiscal de 18 años de cárcel.

En el caso de las tres personas físicas, los acusa de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, blanqueo, malversación y falsedad, mientras que a las empresas les reclama multas y decomisos de decenas de millones de euros solo por los dos primeros delitos.

En el caso de las sociedades, reclama una multa de 75 millones de euros a las tres por el delito de corrupción en las transacciones y por blanqueo otra multa de 73.000 euros a Defex y de 9,1 millones a Deimos y Aresa.

Suministro para defensa y seguridad

Asimismo, reclama el decomiso de 25,8 millones de euros a Defex por el primer delito y otros 12,3 millones por el segundo. El fiscal acusa por contratos supuestamente irregulares con el gobierno de Camerún -con el cual la empresa española mantuvo relaciones comerciales de 2005 a 2013- "para el suministro de bienes destinados a la defensa y seguridad" del país africano.

Entre otras cosas, estos contratos versaban sobre repuestos para vehículos, sistemas de vigilancia, material antidisturbios y armamento de patrulleras.

Según el fiscal Conrado Saiz, se pagaron en Camerún "comisiones a autoridades y funcionarios públicos" a través de un ciudadano frances, Philippe Bourcier, que se encuentra fugado, para que adjudicaran los contratos a la empresa española.

De hecho, indica que "la forma en que se ocultaron esas sumas de dinero indebidas a terceros fue a través de contratos de prestación de servicios y de representación entre la empresa pública Defex y las sociedades instrumentales de Philippe Bourcier".

Según la Fiscalía, la suma de las cantidades presuntamente transferidas a autoridades y funcionarios públicos que han podido ser identificadas asciende a 414.147 euros.

También se pagaron diversos gastos personales como viajes, alojamientos y compras a estos funcionarios y sus familiares, como fue el caso de la mujer de un contralmirante camerunés a quien se le pagaron gastos médicos de cirugía estética.

Defex y las otras dos empresas, dice el fiscal, carecían "de cualquier procedimiento de prevención de delito y control o supervisión de la actividad de sus directivos y empleados en el ámbito de su actividad mercantil internacional" y por ello las sienta en el banquillo. "Los directores de departamento comprometían ingreso y gasto para la mercantil pública sin supervisión y aprobación de ningún comité interno o externo", abunda.

Aparte de esta pieza, en el caso Defex también se investigan otras con adjudicaciones de contratos a la empresa española en otros cuatro países: Egipto, Brasil, Arabia Saudí y Angola (esta última con 27 procesados).