El año que verá a una infanta en el banquillo

MADRID.- La imagen de la infanta Cristina sentada en el banquillo de los acusados cuando el 11 de enero arranque en Palma el juicio del caso Nóos será la portada del 2016 judicial, un año que también estará marcado por las investigaciones del caso Púnica, la familia de Jordi Pujol o Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional.

Cristina de Borbón pasará ese día delante del medio millar de periodistas acreditados para la primera jornada de la vista oral, cuando se aborden las cuestiones previas y su defensa reclame que la infanta sea exonerada de ser juzgada en aplicación de la doctrina Botín.

La Fiscalía no acusa de a la infanta, no así Manos Límpias que ejerce la acusación popular y que considera que fue cooperadora necesaria en dos delitos fiscales cometidos en 2007 y 2008 junto a su marido, Iñaki Urdangarin, por lo que pide para ella ocho años de prisión.

La famosa doctrina, que debe su nombre al banquero Emilio Botín, fue sentada por el Tribunal Supremo en 2007 y estableció que no cabía abrir juicio oral cuando sólo acusaba la acción popular y no existía acusación particular de los directamente perjudicados. Esto es, concluyó, en los casos donde se daña a un interés particular, sólo puede actuar la acusación particular.

Un año después, en 2008, el Supremo reinterpretó su doctrina con el caso sobre el expresidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa. La doctrina Atutxa considera que sí que cabe la acusación popular en solitario cuando se perjudica el interés general, que afecta a los intereses colectivos.

El caso de la infanta está entre las dos doctrinas. Sólo acusa la acción popular, pero en el proceso está personada una acción particular perjudicada, la Agencia Tributaria.

¿Los delitos fiscales afectan al interés colectivo? El juez instructor del caso Nóos, José Castro, considera que sí, que defraudar a Hacienda afecta al interés general. Este dilema es el que deberá resolver la Audiencia de Palma el 11 de enero, para lo cual se da un mes para dirimir el debate.

En caso de que aplique la doctrina Botín, la infanta saldría de la lista de acusados. Su marido, Iñaki Urdangarin, se enfrenta a una petición fiscal de 19 años de cárcel.

La vista oral se reanuda el 9 de febrero con 16 acusados, además del duque de Palma, entre los que se encuentra el expresidente balear Jaume Matas.

Se esperaba que 2016 sería también el año de la vista oral del caso Gürtel, pero fuentes jurídicas consultadas posponen por ahora esa vista a principios de 2017, a no ser que antes se pongan magistrados de refuerzo o se suspendan juicios anteriores en la sección segunda de la Audiencia Nacional.

Lo mismo ocurre con el juicio contra el extesorero Luis Bárcenas por la caja B del PP, con la que supuestamente se financió la remodelación de la sede central del PP, en la calle Génova de Madrid, entre otros gastos como el pago de sobresuelos a líderes populares. La vista oral de esta causa se fijará después del caso Gürtel, del que forma parte como pieza separada.

Otra vista pendiente de señalamiento es la de las tarjetas opacas de Caja Madrid contra exdirectivos de la entidad como Miguel Blesa y Rodrigo Rato, ya procesados junto a otras 58 personas.

En el año que entra, Rato, exministro y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, continuará con otro frente judicial abierto: la investigación que lleva el juzgado de instrucción 31 de Madrid contra él por supuestos delitos fiscales y blanqueo por haber escondido parte de su patrimonio en el extranjero.

Los jueces centrales de instrucción Santiago Pedraz y José de la Mata seguirán también indagando la fortuna oculta en Andorra del expresidente catalán Jordi Pujol, su esposa y seis de sus siete hijos, un caso ahora reunido en la Audiencia Nacional después de que una jueza de Barcelona accediera a enviarlo.

De la Mata ha citado para el 10 de febrero al propio Jordi Pujol y a su esposa Marta Ferrusola para el próximo 10 de febrero como investigados (imputados) por un delito continuado de blanqueo de capitales.

El instructor no se cree la versión de que el grueso de su fortuna provenga de una herencia de su padre, y considera que la familia Pujol actuaba como una organización, que orquestó durante años "una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos".

Al día siguiente, 11 de febrero, acudirá a declarar a la Audiencia Nacional el primogénito Jordi Pujol Ferrusola, también investigado y quien ha solicitado comparecer a petición propia.

En Catalunya, concretamente en Tarragona, seguirá la instrucción del caso de las comisiones del 3 por ciento de CDC; y en Sevilla continuará la de los ERE, que pasó por el Supremo y volvió a la capital andaluza.

La trama Púnica también dará que hablar, sobre todo cuando el juez central de instrucción 6, Eloy Velasco, levante el secreto sobre la confesión de David Marjaliza, exsocio de Francisco Granados que ha conseguido salir de prisión tras cooperar con la Justicia.

En cambio, Granados, exnúmero dos de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid continúa en prisión, en la misma cárcel de Estremera (Madrid) que él mismo inauguró siendo consejero de Presidencia, Interior y Justicia.

A raíz de las revelaciones que Marjaliza hizo el pasado verano durante trece horas, el juez está tomando declaración a decenas de personas y espera, por otra parte, la información pedida a seis países en tres continentes -Holanda, Costa Rica, Panamá, Suiza, Liechtenstein y Singapur- sobre el dinero que pudo ocultar la trama corrupta.

Enero y febrero serán los meses de los juicios, todos ellos de materia económica: Viajes Marsans, Afinsa, Caja Castilla La Mancha (CCM), en la Audiencia Nacional; y la vista por una demanda colectiva contra Bankia, en un juzgado de Madrid.

Así, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán (en prisión desde 2012 por fraude) se sentará en el banquillo por la apropiación del capital de más de 4.000 clientes de Marsans; se retomará el juicio contra Afinsa por el supuesto fraude en la venta de sellos que afectó a más de 190.000 ahorradores y se celebrará la vista contra la antigua cúpula de CCM por falsear las cuentas de la entidad.

Aunque el protagonista económico será Bankia, que tendrá que personarse al primer juicio contra la entidad, de carácter civil, por la demanda colectiva de 660 accionistas que denunciaron irregularidades en la salida a bolsa, mientras la Audiencia Nacional sigue investigando la vertiente penal iniciada por los preferentistas.

Otros casos que darán titulares son los que investigan, también en la Audiencia Nacional, a Volkswagen por supuesto delito ambiental y a los exdirectivos de la extinta Caixanova por irregularidades en operaciones inmobiliarias, así como a la antigua cúpula de Abengoa.

El año 2016 estará marcado por la sentencia que dicte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas suelo, que afectan a miles de consumidores españoles. En concreto, decidirá si los bancos deben devolver el dinero cobrado indebidamente si se declara que la cláusula sea abusiva desde que ésta fue firmada o, por el contrario, si mantiene en mayo de 2013 la frontera para la devolución retroactiva de estas cuantías, que fue fijada por el Supremo para dos entidades financieras. 

La Comisión Europea ha respondido al TJUE que si una cláusula suelo es declarada nula, deben ser devueltas todas las cuantías cobradas indebidamente desde el momento mismo en que se firmó el contrato.

Todos los juzgados y tribunales que se han dirigido al tribunal europeo han pedido que la duda sea resuelta por el procedimiento acelerado, dada la envergadura del problema creado en España con 3.300.000 contratos firmados que estarían afectados, como argumenta la Audiencia de Álava en su cuestión prejudicial. Otras fuentes estiman en 2.500.000 los contratos hipotecarios firmados con dichas cláusulas.

Bancos y consumidores están también a la espera de la sentencia que debe dictar el Juzgado Mercantil 11 de Madrid sobre una demanda presentada en el año 2010 por 15.000 hipotecados agrupados en la asociación Adicae (Asociación de consumidores y usuarios).

A este respecto, otro juzgado, el Mercantil 9 de Barcelona, ha interpuesto una cuestión prejudicial para que el TJUE responda si los consumidores particulares deben esperar a la sentencia que dicte el juzgado de Madrid, como obliga la Ley de Enjuiciamiento Civil española o esta norma también es contraria también al Derecho de la Unión. Esta sentencia vinculará a los afectados, aunque no se hayan personado en el procedimiento.