Un año de cambios

VALENCIA.- Ni quemaron iglesias, ni hundieron la economía. Ha pasado un año desde que los partidos ‘novatos’ y las plataformas ciudadanas más o menos heterodoxas tomaron el poder en los ayuntamientos de Barcelona, Cádiz, Coruña, Madrid, Pamplona, Santiago de Compostela, València y Zaragoza. Se quebró la hegemonía del PP y el PSOE, también se hundió CiU en la capital catalana y UPN en la navarra. Y en 2015, además, cayeron dos tótems populares como Rita Barberá (València) y Teófila Martínez (Cádiz).

El mapa municipal enterró el bipartidismo y situó a la cabeza de las dos grandes capitales a otras dos mujeres: Manuela Carmena, una jueza en edad de jubilación que se salvó de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha en 1977, y Ada Colau, líder indiscutible por el derecho a una vivienda digna que con la PAH puso en la agenda una palabra: desahucio.

De esas urbes que hoy se reivindican a sí mismas como “ciudades libres de desahucios”, centradas en atajar las desigualdades sociales, hablan con Público sus dirigentes y hacen balance de un primer año de gestión en el que, más que asaltar los cielos, aterrizaron en el día a día de la gestión municipal. Aquí hablan también de la soledad del gobernante, porque casi todos alcanzaron la alcaldía siendo segunda fuerza o con mayoría muy justa y deben llegar a acuerdos continuamente con la oposición que, dicen, no les pasa “ni una”.

El nuevo alcalde de Coruña, Xulio Ferreiro, tuvo que solicitar un crédito de 11 millones nada más asumir el cargo para no declarar en quiebra al Ayuntamiento. El PP le había dejado la caja prácticamente a cero. La Marea Atlántica, una plataforma de movimientos sociales reconvertida a partido apenas un año antes de elecciones, entraba al pazo de María Pita por la puerta grande. Sin embargo, para Ferreiro ésta no fue su mayor dificultad. “No habíamos previsto una relación tan tensa con el resto de grupos, particularmente con el PSOE, porque pensábamos que como los programas son parcialmente coincidentes sería más fácil”, valora.

Sin embargo, la negociación de los presupuestos “ha sido muy difícil, porque el PSOE nos impuso sus enmiendas previo pacto con el PP sin contar con nosotros”. En la parte positiva, Ferreiro destaca el haber abierto “canales de participación ciudadanos”, con encuentros semanales con el alcalde y los regidores; caminar hacia unos presupuestos participativos para el próximo año y haber refinanciado la deuda y aumentar el superávit del concello a final de 2015, después de haber pasado por una situación de remanente de caja “que tendía a cero”.

El objetivo a corto plazo es aprobar la renta social municipal, retrasada por un cambio de normativa que depende de la Xunta de Galicia, “porque la gente no puede esperar más” y “empezar a recuperar servicios públicos para la gestión directa” del Ayuntamiento, algo que hasta ahora tampoco han podido hacer “por cuestiones normativas”.

Santiago es la primera ciudad gallega que ha conseguido aprobar sus presupuestos con un gobierno en minoría, y el alcalde Martiño Noriega no puede ocultar su satisfacción. “Más allá de las dificultades, existe una situación de no bloqueo y mostrar una normalidad democrática es importante”, valora el edil de Compostela Aberta, quien destaca que en las cuentas de 2016 “el gasto social se duplica e implementamos también acciones de mantenimiento de la ciudad, que ha estado muy abandonada en los últimos años”. Aunque él al menos respira tranquilo porque la deuda de su consistorio no es tan alarmante como la del resto de entes locales.

Su idea ahora es hacer una ordenanza social “mucho más ambiciosa que la del PP, que permita acceder a una renta” a las 18.000 personas en riesgo de exclusión que hay en la ciudad, relata el alcalde, que en este primer año ha remunicipalizado los servicios de la grúa y el aparcamiento. Otro reto es consolidar la recuperación de más servicios públicos para los vecinos y gestionarlos “con una calidad superior” y “mejores resultados económicos”.

En la capital gallega, lugar de acogida de miles de peregrinos que cada año acaban aquí “el camino”, Noriega ha topado con la Iglesia. Como primer edil –como también hicieron, por ejemplo, Joan Ribó en València y Colau en Barcelona-, ha declinado presidir actos religiosos. Y aunque indica que “no es agradable abrir todos los informativos del estado”, subraya que su posición es “coherente” con su programa y que, además, abre un debate “que goza de un importante apoyo social”, como es el de “diferenciar los espacios de representación religiosa de la presencia institucional en el ámbito civil”. El PP “y determinados sectores de la ciudad”, señala, “lo han querido instrumentalizar, pero afortunadamente es un camino de no retorno” superado en muchos países. “Aunque la gente cree que son meras medidas simbólicas, creo que son pasos que había que dar”, zanja Noriega.

Después cuatro legislaturas de UPN, Joseba Asiron es el primer alcalde abertzale de la historia de Pamplona y se muestra satisfecho de haber impulsado el Foro contra la pobreza, “a resultas del cual no se ha producido ningún desahucio en la ciudad” y se está rehabilitando el parque de vivienda municipal, “que encontramos en abandono absoluto”, para el alquiler social. Las rehabilitaciones, señala Asiron, las llevarán a cabo las pymes, para evitar que “como hasta ahora” las grandes empresas se hagan con las obras, algo que “facilitaba las puertas giratorias”.

Asiron admite que ha sido un año duro, porque “tras 16 años de gobierno ininterrumpido de la derecha, las expectativas eran muy altas”. De entre los momentos más difíciles, señala el de la exposición del artista Abel Azcona, en la que incluyó hostias consagradas, “y un sector la consideró sacrílega”. “Llegamos a un acuerdo con el autor para que no se hiciera y otra parte de la población visualizó aquello como que se coartaba la libertad de expresión, pero creo que el Ayuntamiento estuvo en su sitio, intentando conjugar sensibilidades”, rememora el regidor.

El reto inmediato para el alcalde de EH-Bildu, dice sin dudar, son los Sanfermines. “Todos los resortes de la ciudad se tensan un 110%; la población se multiplica por cinco esos días y es un reto a todos los niveles: programación cultural, ocio, seguridad, sanidad…”, pero sobre todo, indica, “hay que acabar con las agresiones sexistas”. El año pasado, cuando llevaba días en el cargo, señala que se consiguieron reducir algo, aunque su determinación es “terminar con la idea de que en Pamplona en San Fermín todo vale”. “Queremos que el 50% de la población que son las mujeres puedan salir a la calle sin pagar ese impuesto añadido de inseguridad y de estar siempre sometidas a una amenaza invisible”, insiste.

También Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza, destaca que en este año “no se ha producido ningún desahucio sin alternativa habitacional, en aquellos casos en los que los servicios municipales han tenido constancia”. Crearon la oficina municipal de Vivienda, que trabaja en un programa de captación de pisos vacíos “para ponerlos a disposición de un parque público de vivienda social” y se ha aumentado la partida social del presupuesto en un 15%.

Y eso, dice, a pesar de la “asfixia” con la que se encontraron al llegar al consistorio, “con una deuda oculta que afloró tras la auditoría que realizamos el primer mes de 110 millones”, más la ya contabilizada de 814 millones. No obstante, señala que en este primer año, se han amortizado 52 millones de deuda.

Santisteve se queja de la falta de financiación de los Ayuntamientos y pide una Ley de Capitalidad que dé salida a esta situación y una reforma constitucional que “blinde, por un lado, los derechos sociales y, por otro, un sistema de financiación justa de los ayuntamientos”.

La puesta en marcha de unos presupuestos más participativos, con una partida de 5 millones de euros que podrán decidir los vecinos, es uno de los retos que se marcan para el próximo año.

En Valencia, con una oposición en KO técnico por imputación (PP: nueve de sus diez concejales imputados) o más novata (Ciudadanos) que el propio gobierno, el veterano Joan Ribó, de Compromís, ha tenido un año más o menos plácido y proclama que con su llegada “por fin la ciudadanía ve qué ocurre dentro del Ayuntamiento”. Atiende a vecinos y organizaciones semanalmente, al igual que sus concejales, tiene un registro público de los regalos que recibe y –además de ir en bicicleta- se le ve patear la calle, hablar con quien le pare y contestar a los periodistas. Pudiera parecer normal, pero no lo era en tiempos de la exalcaldesa Barberá, asidua al coche oficial y alérgica a dar explicaciones.

En lo económico, Ribó heredó de Barberá una deuda de 736 millones de euros. La deuda viva actual del Ayuntamiento asciende a 721 millones y espera cerrar el primer trimestre de 2016 en 714 millones. El alcalde, que comparte gobierno con el PSPV y València en Comú, insiste en que su gestión se ha basado “en la dinamización de la economía local” y en un plan de movilidad sostenible “amable con el peatón y la bici, además del refuerzo del transporte público”.

No obstante, kilómetros de carril bici, parques, infraestructuras y grandes proyectos urbanísticos como el plan de rehabilitación del barrio del Cabanyal –que fue una de sus promesas estrella, después del intento de expolio de la barriada por parte de Barberá- duermen todavía en los cajones lastrados por la burocracia, ante la desesperación de muchos residentes que esperaban ver resultados inmediatos. Al propio Ribó le frustra ese bloqueo y es aquí donde hace autocrítica, lamentando “lo poco ágil que es a veces la administración”, algo que espera cambiar mediante “el plan de modernización” que está llevando a cabo su equipo.

Primar el gasto en servicios sociales y acometer una rebaja de la deuda municipal en algo más de diez millones de euros, que se ha conseguido, “entre otras cosas, con la reducción en más del 70% del gasto en publicidad y autobombo”, ha sido clave en Cádiz, según explican fuentes del equipo de gobierno.

El protocolo y la oficina antidesahucios, con las que se han evitado más de 130 lanzamientos en el último año, el Plan de continuidad Alimentaria infantil o la aprobación de la ordenanza de alquiler justo a través de la que el Ayuntamiento media entre propietarios de vivienda vacía y posibles inquilinos son las medidas de las que el equipo del podemita José María González,'Kichi', se siente más orgulloso.

La mayor dificultad la encontraron a la hora de aprobar los presupuestos. “Tenemos enfrente a un PP de extrema derecha, absolutamente furibundo y un PSOE muy derechizado”, evalúan, porque, a pesar de que ese mismo PSOE es el que facilitó la alcaldía a ‘Kichi’, los presupuestos los aprobaron en solitario ante lo que consideran un cambio de rumbo de los socialistas en su “pinza” con el PP.

La mayor emoción y frustración para el equipo de Manuela Carmena ha venido de dos palabras que siguen planeando sobre las cabezas del gobierno de la ciudad: fondos buitre. “El día más emocionante de este último año fue en julio, cuando paralizábamos la venta de 2.086 viviendas a fondos buitre”, señalan fuentes municipales. En la otra cara de la moneda queda la impotencia por no haber podido revertir la venta de los 1.800 pisos que Ana Botella realizó antes de que Ahora Madrid llegase a la alcaldía. “No hemos sido capaces de encontrar la fórmula, pero seguimos en ello”, explican aduciendo que están condicionados por muchos contratos “blindados”, entre los que también están los de alquiler de edificios que albergan servicios municipales. “Por el de la concejalía de Economía pagamos 18.000 euros al día; al día –subraya, no me estoy equivocando”.

Otro tanto a su favor, dicen las mismas fuentes, es que Madrid está “mucho más limpia” porque la alcaldesa se ha implicado personalmente para que las empresas ligadas a los “muy lesivos” contratos integrales paralicen sus ERTES y, con lo cual, “hay más gente limpiando en la calle”.

En el futuro, apuntan que el objetivo es eliminar la desigualdad desde dos ejes: trabajar con los colectivos más vulnerables y en el reequilibrio territorial. “La esperanza de vida en Madrid es distinta en uno y otro barrio, y eso no puede pasar; no nos conformamos”, apuntan asumiendo que “para lo bueno y para lo malo”, han sido el centro de atención de forma desmesurada en muchas ocasiones, como en el caso del traje de los Reyes Magos, que abrió informativos a nivel nacional, algo que fue –a su juicio- “a todas luces irracional”.

Para Barcelona en Comú, el año ha girado sobre dos ejes; las medidas de emergencia para combatir la exclusión social y el paquete referente a la “ética y práctica política”, con la puesta en marcha de la Oficina de la transparencia y el código ético pionero que ahora está en fase de discusión con el resto de grupos políticos, explica la portavoz Susanna Segovia.

El equipo de Ada Colau ha dedicado 100 millones de modificación presupuestaria del 2015 a lo que denominan “los problemas de la gente” en situación de vulnerabilidad y pobreza y a la implementación de la ILP 24/2015, que prevé mecanismos para garantizar el acceso de las personas a la vivienda y combatir la pobreza energética. Como la Madrid de Carmena, la Barcelona de Colau también prioriza ahora “los barrios y sectores con peores niveles de renta y con problemas de desigualdad”. Para ello acaban de aprobar el ‘Plan de barrios’, dotado con 150 millones.

No obstante, Segovia asume que lo que más les ha costado sacar adelante son los presupuestos municipales. “Tener once concejales de 41 hace que muchas de las cosas las tengamos que hacer negociando con el resto de fuerzas políticas” y eso, señala, alarga más los plazos de lo que quisieran. Más que sentirse solos, dicen en BeC que han tenido que aprender a buscar acuerdos y el consenso, “pero ése fue precisamente el mandato que nos dio la ciudadanía”, asegura Segovia.

De cara al futuro, la formación de Colau priorizará las inversiones previstas en movilidad y tiene pendiente una nueva regulación del uso público del espacio, que incluirá medidas para “racionalizar” el turismo en la ciudad y que el éxito de Barcelona en todo el mundo sea compatible con la comodidad para la gente que vive en ella.

El Código Ético y de Conducta del Ayuntamiento de Barcelona será de obligado cumplimiento para todos los cargos electos y a los directivos de las 42 empresas y entes municipales. Tendrá carácter punitivo, prohibirá puertas giratorias, viajes innecesarios y recibir regalos de más de 50 euros. Por vía interna o externa, cualquiera podrá denunciar en el “buzón ético” lo que considere una mala praxis. Un gestor también “ético” y otra comisión otra vez “ética” tramitarán estas quejas.

“Tenía que haber estado hecho desde 1998 y emana de la propia norma municipal”, explica Joan Llinares, gerente de recursos del consistorio, que explica que si se hubiera hecho antes “se hubieran evitado muchos temas desagradables”. No lo cita, pero seguro que piensa en el saqueo del Palau de la Música, caso que él mismo ayudó a destapar. Llinares señala que no les preocupa el hipotético abuso o mal uso del código ético por parte de oposición para poner en entredicho el trabajo del actual equipo municipal. “Al desarrollo de medidas democráticas no hay que tener miedo. Si quisiéramos restringir eso, ya no lo estaríamos haciendo bien”, valora.