AndalucíaPSOE y C’s relegan la eliminación de aforamientos en Andalucía para otro mandato

El camino de Susana Díaz hasta Ferraz se encuentra jalonado de propuestas de Gobierno y de partido, muchas de las cuales son una extrapolación al conjunto de España de lo que ya hace en Andalucía. O de lo que ha prometido hacer. En este último grupo está la eliminación de los aforamientos, una figura jurídica que protege a los diputados y miembros del Ejecutivo de ser detenidos o juzgados por un tribunal ordinario.

En su última entrevista radiofónica, la sevillana se ha mostrado partidaria de eliminar o reducir los aforamientos en España como muestra de su lucha “inflexible” contra la corrupción. “Hay que hacer una revisión completa de los aforamientos, un debate global en todo el país, y no tratar el tema como en una subasta, en función de los gobiernos que se quieran alcanzar”, avisa. En realidad, la iniciativa ya forma parte del acuerdo de investidura que PSOE y Ciudadanos firmaron hace casi tres años en Andalucía, el punto 12 del bloque de propuestas contra la corrupción, dentro de un paquete de 69 medidas.

La regeneración democrática y la lucha contra la corrupción fue, probablemente, la parte más llamativa de aquel pacto entre la formación de Albert Rivera y los socialistas andaluces. La primera consecuencia de ese acuerdo, lo que desbloqueó la investidura de Susana Díaz, fue la dimisión inmediata de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, uno en el Congreso y otro en el Senado.

El acuerdo de investidura dejaba claro que no podía haber ningún cargo público imputado (y ambos exmandatarios lo estaban por el fraude de los ERE). En ese pacto hay tres puntos clave en materia anticorrupción: el punto 11 es la reforma de la ley electoral andaluza (más proporcional y con listas abiertas), el punto 12 es la eliminación de los aforamientos a nivel autonómico, y el punto 13 es la limitación de mandatos de presidentes de la comunidad autónoma. Ninguno de estos puntos se han marcado como prioritarios y, según fuentes de PSOE y Ciudadanos, los dos primeros decaerán sin que se hayan cumplido en esta legislatura.

El tercer punto, en cambio, tiene más opciones de ver la luz en breve. El pasado diciembre, el Parlamento andaluz aprobó por unanimidad la toma en consideración de una proposición de ley del PP en la que se reclamaba la modificación de la ley del Gobierno de Andalucía para limitar a dos los mandatos del presidente de la Junta (presidenta ahora) y de sus consejeros. La propuesta se encuentra en la fase final del trámite parlamentario, y los populares prevén que se apruebe en este periodo de sesiones, antes del verano.

La reforma electoral y la eliminación de los aforamientos es algo a lo que Ciudadanos ha dado una importancia desigual dentro del pacto que firmó con el PSOE. La modificación de la Ley Electoral Andaluza (que no ha cambiado desde principios de los 80) no consta como tal en el acuerdo, tan sólo se apunta a la constitución de un grupo de trabajo en el Parlamento que estudie la mejor fórmula para hacer la legislación más proporcional y justa (la actual beneficia al bipartidismo y castiga a las formaciones pequeñas).

El grupo de trabajo se constituyó en el primer año de mandato y lleva reuniéndose religiosamente cada semana desde entonces, recibiendo a expertos en la materia que exponen sus propuestas. La ronda de comparecientes aún no ha culminado y aunque hoy mismo los cinco grupos se pusieran de acuerdo en cómo reformar la ley (posibilidad harto improbable), ya no daría tiempo para superar todos los trámites parlamentarios previstos antes de las próximas elecciones autonómicas.

El caso de la eliminación de los aforamientos es distinto. Ciudadanos lo ha relegado en su orden de prioridades porque cree que es algo que debe hacerse a la vez en el conjunto del país, para así “evitar asimetrías”. Sin embargo, este discurso ha entrado en clara contradicción con lo ocurrido en Murcia hace apenas unos días. Allí, la formación naranja ha impuesto la eliminación de los aforamientos como “condición innegociable” para apoyar la investidura de Fernando López Miras, elegido presidente autonómico tras la dimisión forzosa de Pedro Antonio Sánchez por su imputación en el caso Auditorio.

Ya no existe, por tanto, esa “simetría” que reclamaba Ciudadanos desde Andalucía, en tanto que el mismo grupo ha facilitado que la Asamblea Regional de Murcia se convierta en el primer Parlamento autonómico que aprueba la eliminación de la figura del aforamiento de diputados y miembros del Gobierno. Para llevarlo a cabo, será necesario reformar dos artículos del Estatuto de Autonomía de Murcia que son calcados del Estatuto andaluz y, en realidad, del del resto de regiones.

En la ley andaluza, el aforamiento aparece recogido en el artículo 101.3. Dice así: “Los Diputados gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato no podrán ser detenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Andalucía, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Fuera de dicho territorio, la responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía, reformado por última vez en 2007, tiene rango de Ley Orgánica. Significa que fue el Congreso quien tuvo que aprobarlo y deben ser las Cortes Generales quien ratifiquen cualquier modificación al texto. El plazo mínimo y más optimista para lograrlo es de seis meses. Ciudadanos no tiene previsto incluir la eliminación de los aforamientos en la próxima agenda parlamentaria en Andalucía, ni agilizará el procedimiento, como han hecho sus compañeros en Murcia, de modo que la propuesta previsiblemente quedará en el aire cuando expire el mandato (en marzo de 2019, si no hay adelanto electoral “técnico”).

La formación naranja resta importancia a esta medida del pacto y recuerdan ellos que han dado prioridad absoluta a la obligación de hacer dimitir a cualquier cargo público que sea imputado. Así ocurrió con Chaves y Griñán, y así sucedió más tarde con el exconsejero de Educación, Luciano Alonso, que tuvo que abandonar su escaño de diputado autonómico el pasado diciembre, tras ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por un supuesto delito de prevaricación (posteriormente fue absuelto).

Hay otro caso que sobrevuela la bancada socialista, el del diputado por Sevilla y miembro de la ejecutiva de Susana Díaz, Carmelo Gómez. La Fiscalía ha pedido la imputación de Gómez por firmar “contratos simulados” para cobrar sin trabajar a través de la trama societaria vinculada al caso Mercasevilla (matriz del fraude de los ERE). El Ministerio Público ve irregularidades en los pagos que percibió el diputado andaluz desde la lonja a través de Juan Lanzas, el llamado conseguidor, pieza clave en la trama de los ERE. Carmelo Gómez disfruta de aforamiento y, hasta el momento, el TSJA no se ha pronunciado sobre su posible imputación.

Contradicciones con Murcia

La eliminación de los aforamientos para políticos no es una propuesta nueva, viene escuchándose desde la irrupción de los partidos emergentes -Podemos y Ciudadanos-, que se han estrenado limpios en la arena política, y pueden articular un discurso más exigente y sin rémoras del pasado contra los grupos tradicionales. Los últimos escándalos judiciales han reactivado una medida que formó parte del programa electoral de estas formaciones, pero que desde entonces ha estado en ralentí. La operación Lezo, que ha llevado a la cárcel al expresidente de Madrid, Ignacio González; la trama de comisiones ilegales en Catalunya, que amenaza con encarcelar a toda la familia Pujol, o el caso Auditorio, que le ha costado el puesto al expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

Precisamente el caso de Murcia se ha convertido en un espejo cóncavo de la realidad política de Andalucía, por las similitudes y contradicciones que separan a los dos gobiernos regionales. En ambas comunidades, Ciudadanos se erige como el partido que sustenta al Ejecutivo autonómico, del PP en Murcia, del PSOE en Andalucía. Aquí, la formación naranja exigió la dimisión de Chaves y Griñán, y allí ha obligado recientemente a dimitir al ya expresidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, acorralado por otro caso de corrupción.

El mes pasado se generó mucho revuelo político en Andalucía, cuando el portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, animó públicamente a Susana Díaz a impulsar un relevo “sosegado” en la presidencia del Gobierno andaluz para centrarse en las primarias del PSOE. Marín cree que ambos cargos son compatibles, pero también piensa que el peso de ambas responsabilidades es excesivo y está convencido de que donde quiere estar Díaz es en la sala de mandos de Ferraz, por eso instó a la presidenta a abrir el melón de la sucesión ahora, en vez de esperar a que Mariano Rajoy convoque elecciones anticipadas. El partido naranja, que sustenta al Ejecutivo andaluz, advierte de que con otro presidente habrá que renegociar el acuerdo de investidura que puso a Susana Díaz en San Telmo.

En junio de 2015, hace casi tres años, PSOE y Ciudadanos desbloquearon una legislatura que llevaba 81 días sin Gobierno. Ambas formaciones firmaron un pacto con 69 puntos sobre medidas anticorrupción, rebaja de impuestos e iniciativas sociales, que permitió a la formación de Albert Rivera votar a favor de la investidura de Susana Díaz. El partido naranja hizo balance del grado de cumplimiento de aquel acuerdo justo a los dos años de legislatura, advirtieron de que se habían ejecutado 30 de las 69 medidas, un nivel de desarrollo del 43,3%, y en términos generales se mostraron moderadamente satisfechos. Marín puso el acento, sobre todo, en el bloque de regeneración democrática. Ciudadanos había conseguido que la corrupción ya no fuera una de las principales preocupaciones de los andaluces gracias a la presión impuesta sobre el PSOE. Ahora la formación naranja se arroga el mérito de que la corrupción ya no esté entre las primeras preocupaciones de los andaluces en sondeos de opinión, como lo estuvo hace sólo unos años.