Andalucía elimina 81 cargos directivos de su empresa pública de vivienda

La Junta de Andalucía ha dado por concluida la reestructuración de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), antigua Empresa Pública de Suelo de Andalucía, empresa pública dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda que dirige Elena Cortés (IU).

El proceso perseguía la viabilidad de este organismo en tiempos de crisis económica y dar un giro a la política que se venía desarrollando, centrada en la producción de vivienda derivada del boom inmobiliario. Pero la novedad de la reestructuración es el recorte de plantilla, no de trabajadores, sino de cargos directivos. Desde que Izquierda Unida llegó a la Consejería ha ido reduciendo por tandas el número de altos cargos, dejándolo en 26 de los 107 que se encontró, uno por cada seis trabajadores. La cifra representaba un "claro sobredimensionamiento del alto escalafón de la Agencia, innecesario para la prestación de sus servicios", afirma el departamento de Cortés. "Es un modelo de poda por arriba en lugar de recortar trabajadores", que en total son alrededor de 650, explican a Público fuentes de la Consejería.

Para posibilitar esta acometida, explican, ha sido fundamenta la eliminación de las cesantías e indemnizaciones de los directivos cesados, "consideradas por la Consejería privilegios injustificados e impropios de una empresa pública", algo que se aprobó en agosto de 2012.

La actual estructura de la dirección ha pasado de ocho a cuatro áreas: Vivienda y Rehabilitación, Administración General, Gestión Financiera, y Fianzas. Según fuentes de la Consejería, la nueva directriz para la AVRA es priorizar el alquiler de las viviendas sociales -gestiona 80.000 de las que la inmensa mayoría están siendo utilizadas según la Junta- y destinar a políticas de vivienda los depósitos de fianza de los arrendatarios, "que hasta la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda (conocida como Ley Antidesahucios), se encontraba inmovilizadas", subraya.

La Agencia ha reducido el gasto en 12,1 millones

La Agencia también ha logrado reducir su gasto mediante una reducción del salario del director, subdirector y de los ocho generantes provinciales; con un recorte en el alquiler de sedes y con la "internalización de servicios". Un ahorro de 12,1 millones de euros para un organismo con un presupuesto anual de 140 millones.

"AVRA ha demostrado que la empresa pública puede gestionarse y hacerse viable en tiempos de estrechez económica mediante la elevación de las exigencias éticas, anteponiendo siempre criterios de eficiencia y utilidad pública y poniéndose al servicio de la mayoría social", asegura Cortés en nota de prensa.

Sólo el tiempo dirá si esta reestructuración, que supone el ahorro de poco más de 12 millones es suficiente para garantizar el funcionamiento de una empresa pública de vivienda sin la necesidad de acometer un proceso de despido colectivo o un Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Pero lo que sí es cierto es que esta apuesta difiere en gran medida de otras que pasan por la venta de activos públicos a inversores privados junto con un recorte de plantilla.

Destaca el caso de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, dependiente del ayuntamiento de la capital, dirigido por Ana Botella. Ante la enorme deuda de esta empresa pública  -que supera los 600 millones-, la idea de la alcaldesa es "hacer una política de vivienda como la que no se hace en Andalucía". Es decir, aplicar un ERE para despedir al 90% de los trabajadores (de 342 a 38 empleados) y vender a precio de saldo las que pueda de las más de mil viviendas públicas que permanecen vacías en Madrid. La última gran operación fue la venta 1.860 pisos al fondo de inversión Blackstone. "Sólo cambia el casero" fueron las palabras que utilizó para justificarlo.

No se equivocaba Botella, pues según fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda andaluza, "es cierto que vender pisos por paquetes te quita el problema de rehabilitar, gestionar alquileres y otras tareas", pero eso es algo a lo que renuncian "por razones de servicio público". "Es cierto que podemos vender suelo improductivo en determinadas ocasiones, pero renunciamos a desprendernos de patrimonio público, sobre todo viviendas, porque hay más de 100.000 solicitudes de viviendas sociales en Andalucía", explican desde la Consejería.