El grupo de trabajo que se constituyó en el Parlamento andaluz hace 20 meses para abordar la reforma de la Ley Electoral andaluza acaba de terminar el periodo de consulta, en el que se han entrevistado a más de 70 expertos, juristas, catedráticos… y se ha revisado abundante documentación y legislación comparada. Los cinco grupos con representación -PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU- se han reunido este viernes para presentar las conclusiones y registrar sus propuestas para el nuevo modelo, con objeto de consensuar un dictamen dictamen único que dé lugar a la reforma electoral. Fuentes parlamentarias aseguran que hay tiempo material para que la nueva ley entre en vigor antes de las próximas elecciones autonómicas, previstas para la primavera de 2019. Pero no está del todo claro, porque las propuestas de los cinco grupos son universos paralelos y el consenso va a exigirles trabajar a contrarreloj.

De las medidas presentadas por los cinco partidos se puede extraer un acuerdo de máximos -incluida una obligada reforma del Estatuto de Autonomía- que le dé la vuelta al sistema electoral como un calcetín. Pero sería una proeza política que lo lograran en los dos periodos de sesiones que quedan de legislatura. Otra opción es que los partidos lleguen a un acuerdo de mínimos, modificando aspectos no estructurales de la ley -el orden de las listas, los debates, la publicidad, etc- que requiere una tramitación parlamentaria menos compleja. Pero esto sólo convence a los grandes herederos del bipartidismo -PSOE y PP-, los grupos menores que siempre han estado infrarrepresentados por efecto de la llamada Ley d’Hont quieren abordar una reforma integra del sistema, para que a ellos un escaño no les siga costando el doble de papeletas que a los grandes.

El problema ahora es cómo acercar las propuestas tan dispares que han diseñado los grupos. De entrada, el Parlamento de Andalucía tiene 109 diputados. Izquierda Unida ha pedido más escaños, para que los grupos pequeños mejoren su representatividad, y el PP reclama justo lo contrario: menos diputados para ahorrar costes. Podemos propone que la votación no dure sólo un día, sino una semana, y que la única opción no sea votar acudiendo al colegio electoral para depositar la papeleta en la urna, sino hacerlo de forma telemática desde casa. Ciudadanos sugiere otra fórmula para ampliar la participación: el voto anticipado, como en Canadá, que da más de un día para acudir a votar en urnas custodiadas por los funcionarios en edificios públicos.

El consenso entre los partidos se antoja difícil, porque de todas las propuestas que barajan los cinco grupos, sólo hay un par de puntos en los que todos coinciden (y con matices): el envío único de papeletas para ahorrar gastos, es decir, que en vez de enviar a los ciudadanos un sobre con la papeleta y el cartel de cada partido, se incluya a todos los candidatos dentro del mismo sobre. Y mejorar los debates electorales que se televisan (PSOE, Podemos e IU plantean que sean obligatorios por ley y que se limiten las subvenciones electorales para el candidato que no acuda).

El Parlamento de Andalucía tiene una ratio de diputados-ciudadanos más baja que la que existe en Madrid o Cataluña: un parlamentario por cada 76.000 andaluces. IU ya obligó al PSOE a revisar la Ley Electoral la legislatura pasada, cuando formaban un Gobierno de coalición, por eso ha presentado esta vez la misma propuesta de reforma que hace tres años se quedó en un cajón. Quieren pasar de 109 a 119 escaños sin coste adicional, esto es, redistribuyendo los salarios de sus señorías, bajando sus emolumentos. Podemos no lo ve con malos ojos, pero admite que aumentar el número de políticos será mal visto por la ciudadanía, y plantea una consulta popular. Los populares no sólo descartan que haya problemas de proporcionalidad en el número de diputados, sino que plantean reducir escaños en al Cámara, algo que no puede hacerse sin tocar el Estatuto, porque éste blinda el reparto actual.

En general, las ideas de los partidos tradicionales son más conservadoras que las de los grupos emergentes. Podemos sabe que tiene más tirón en las redes sociales que en los medios de comunicación tradicional, sabe que tiene más implantación en las ciudades que en el medio rural, por eso tiene sentido que propongan el voto telemático. También plantean someter a referéndum la revisión del actual sistema de circunscripciones provinciales -la clave de por qué a los grandes les cuesta menos un escaño que a los pequeños-, aunque esto obligaría a retocar el Estatuto.

Hay aspectos menos complejos en los que los grupos pueden encontrar coincidencias, por ejemplo las listas abiertas (como en el Senado) y las listas en doble cremallera, una propuesta que abordan PP, Podemos e IU. La ley ya obliga a que haya una paridad al 50% y una alternancia hombre-mujer en las listas electorales, pero ahora se propone que las mujeres vayan de número uno en la mitad de las provincias (a veces los grupos pequeños sólo logran un candidato en las circunscripciones más pequeñas, como Jaén o Almería).

En las autonómicas de 2015, el PSOE presentó como cabeza de lista a cinco hombres y tres mujeres, y el PP optó por seis hombres y dos mujeres (en ambos casos salieron todos elegidos). Podemos e IU presentaron cuatro hombres y cuatro mujeres (la coalición de izquierdas logró meter a tres mujeres y dos hombres en la Cámara). Por último, Ciudadanos encabezó sus listas con cinco hombres y tres mujeres.

La formación naranja hace mucho hincapié en ahorrar costes electorales, por eso plantea eliminar los bloques publicitarios gratuitos en medios públicos de comunicación. Podemos censura los cara a cara entre los dos aspirantes con más opciones y exige que en el debate televisado estén presente siempre los candidatos de todos los partidos con representación. El PSOE también baraja eliminar la jornada de reflexión y la prohibición de publicar sondeos ese mismo día.