La AN justifica la rebaja de penas a los directivos de Caixa Penedés por haber devuelto todo el dinero

La Audiencia Nacional ha justificado la rebaja de la pena que impuso a cuatro exdirectivos de Caixa Penedès en el hecho de que devolvieran los 28,6 millones cobrados irregularmente en pensiones, una "lamentable anomalía" en este tipo de delitos que además ha contribuido a los "intereses generales".

Así lo expone el juez Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, en la sentencia en la que condena al ex director general de la Caja Ricard Pagès a dos años de cárcel y a los tres exdirectivos Santiago Abella, Joan Caellas y Manuel Troyano a uno por un delito de administración desleal.

Vázquez Honrubia adelantó su fallo el pasado 29 de mayo después de que los cuatro exbanqueros reconocieran los hechos -por los que la Fiscalía pidió 3,5 años para Pagès y 3 para el resto- y hubieran anunciado que habían reintegrado las cantidades ya cobradas y las pendientes de percibir.

La devolución de 28,5 millones evitará el ingreso en prisión de los cuatro exbanquerosLa sentencia explica que la devolución de esos 28,5 millones, que evitará su ingreso en prisión, supone una atenuante "por la lamentable anomalía de que en estos delitos socio económicos se repare de manera real y efectiva" el daño.

Además, en este caso concurren "intereses públicos", ya que el Grupo BMN, en el que se integró la Caja -junto con Cajamurcia, Caja Granada y Sa Nostra-, requirió una ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 916 millones de euros.

"Todo cuanto sea recapitalizar este banco supone facilitar el reintegro al erario público de los fondos utilizados para reflotar las cajas integradas", sostiene el magistrado, que cree que, "en consecuencia, en este caso, compensar a la víctima no solo tiene trascendencia a efectos puramente particulares", sino que contribuye "a salvaguardar los intereses generales".

Según relata, los cuatro, a espaldas a los órganos colegiados de la entidad, "desbordaron subrepticiamente" los "ya de por sí elevados" derechos reconocidos en sus contratos, imponiendo a Caixa Penedès "fraudulentas obligaciones económicas de futuro que acabaron materializándose en un notabilísimo perjuicio para dicha entidad".

Para ello suscribieron "en la clandestinidad" dos pólizas de seguros para "atribuirse beneficios económicos" que sus contratos de alta dirección no amparaban y por las que Pagès tenía derecho a cobrar 11,6 millones de euros; Abella 5,7 millones; el exdirector de Recursos Humanos -ya fallecido- Jauma Jorba 3,3 millones; Troyano 6,16 millones y Caellas 4,8 millones.

Tras consolidar esos derechos, constituyeron "por su única y exclusiva iniciativa un nuevo y abusivo blindaje de su situación laboral", que les garantizaba percibir las sumas con independencia de cuál hubiese sido el motivo del cese.

Pero "la placidez derivada del colchón económico" que se habían procurado "se vio perturbada por la crisis económica" y el proceso de reestructuración bancario, que trajo restricciones normativas y mayores controles en el sector, así como por la integración de Caixa Penedès en el Grupo BMN.

Los condenados, "perfectamente conscientes" de que el "abusivo proceso de suscripción" de las pólizas "podría salir a la luz" y dar así "al traste con sus ambiciones económicas", buscaron "algún tipo de cobertura formal" con la que justificar su actuación.

Fue así cuando modificaron sus contratos de trabajo, consolidando como retribución fija una parte relevante de la variable y se reconocieron los derechos económicos de las pólizas en cualquier supuesto de extinción de la relación laboral.

Después, mediante "argucias, ocultamientos, tretas y tergiversaciones", lograron que los órganos de la caja dieran su visto bueno al haberles transmitido "la impresión de que se estaban abordando meras adaptaciones técnicas sin repercusión económica relevante".

Lo ocurrido en esas reuniones del Consejo, dice el juez, era "completamente deplorable".

Y es que, según afirmaron varios consejeros no directivos, sin formación financiera y entre los que había un agricultor, un sindicalista o un comerciante, se limitaban a dar su consentimiento dada su confianza en los miembros de la alta dirección.

De ello, concluye que "todos esos órganos de supuesto control de la caja eran una pura fachada formal, donde los acusados hacían y deshacían a su antojo".