Amnistía Internacional ha presentado este jueves una querella ante la Justicia de México por un presunto caso de bebé robado en España en el año 1968. Es el caso de Ligia Ceballos Franco (Lily), una mujer de 48 años que hace 15 conoció que no era hija natural de sus padres y que ahora, tras años de investigación, cree que su verdadero nombre es María Diana Ortiz Ramírez y que en realidad no nació en México sino en Madrid en 1968. 

La historia es la siguiente. Los padres de Ligia Ceballos Franco confesaron hace ahora 15 años a Ligia Ceballos que se trataba de un hija adoptada y que en mayo de 1968 habían viajado a Madrid para "conseguirla". Los padres adoptivos describieron que habían llegado a España tras solicitar ayuda al Arzobispo de Yucatán que, a su vez, se puso en contacto con el Arzobispo de Madrid, que finalmente recomendó a los padres viajar a España para poder adoptar a una niña. 

Los padres llegaron a Madrid y recibieron una fantástica noticia de sus interlocutores: "Os tenemos preparado algo especial. Pero aún no ha nacido". Apenas unos días después, el 29 de mayo de 1968, nacería una niña que les sería dada en prohijamiento por orden de la Diputación Provincial de Madrid. Un mes después, los padres y la niña viajarían a México y siguiendo los consejos de sus interlocutores en España quemaron el pasaporte y los papeles de la niña al llegar a México. Nunca terminaron el proceso de adopción iniciado en España. 

Una vez en el país azteca Nazario Ceballos y Ligia Graciela, que así se llaman los padres adoptivos, inscribieron a la niña en el Registro Civil de la ciudad de Mérida (México) con el nombre de Ligia Graciela Ceballos Franco como hija biológica. En el acta de nacimiento se indicó que había nacido el 29 de mayo de 1968, a las 9 horas, en Mérida (México). 

Desde que tuvo conocimiento de que era adoptada, Ligia no paró de buscar su verdadera identidad y en 2010 consiguió que las autoridades españoles le entregaran su partida de nacimiento española. En dicha partida figuraba el nombre de María Diana Ortiz Ramírez. 

"Lo curioso es que yo tengo dos partidas de nacimiento. Un juez del Registro Civil en España compara, coteja y dice: 'Esta persona aunque no presente un DNI con el nombre de María Diana Ortiz Ramírez coincide que es la misma persona que fue entregada a estos señores y que luego nombraron como Ligia Ceballos Franco", señala Ligia, que precisa que sus padres adoptivos nunca finalizaron el proceso de adopción pleno "puesto que la Iglesia les dijo: ustedes tomen a la niña, se la llevan a América, queman todo y la asientan como biológica". 

La persistente búsqueda de Lily por su verdadera identidad le permitió conocer que el día 3 de junio una niña ingresó en el Instituto Provincial de Puericultura de Madrid, también conocido como la 'inclusa'. En los datos de ingreso aparecían como padres de esta niña dos nombres sin apellido: Rafael y Marta, ambos mencionados como "supuestos". Y una sola descripción: "Camisa, jubón, pico, faja, toalla de felpa, jersey de lana blanca y mantita de color rosa".

30.000 casos

El caso de Ligia Ceballos o María Diana Ortiz tendrá que ser examinado ahora por la Justicia de México. Amnistia Internacional señala que se ha decidido presentar esta querella en este país por "la nacionalidad mexicana de Ligia, porque la legislación mexicana cuenta con importantes reformas en materia de derechos humanos que podrían abordar este caso, y porque en España la mayor parte de las investigaciones sobre bebés robados no están llegando a fase de juicio". 

"En nuestra opinión, este caso reviste las notas características de una desaparición forzada como crimen de derecho internacional. Además, en el caso de Ligia concurren otros elementos que Naciones Unidas ha identificado como recurrentes de las desapariciones forzadas de menores, como son, por ejemplo, el registro de la niña con información falsa o la falsificación de documentos como su partida de nacimiento”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Según datos que ha podido confirmar la propia Amnistía Internacional, ninguna de las 2.083 diligencias iniciadas por la Fiscalía General del Estado en relación con el robo de bebés ha llegado a fase de juicio en España. "España no sólo no aborda el tema como un delito de desaparición forzada, sino que cuando algún otro país, como Argentina, inicia investigaciones que incluyen casos de bebés robados y los enmarca como crímenes de derecho internacional, obstaculiza dichas investigaciones consolidando la impunidad de estas graves violaciones de derechos humanos”, denuncia Esteban Beltrán.

Cabe destacar que en el auto de 2008 del entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se destacaba que entre 1937 y 1950 se podrían haber dado más de 30.000 casos “en un sistema de desaparición de menores hijos de madres republicanas bajo la cobertura de una aparente legalidad”. En el auto se señalaba que el objetivo era separar a estos menores de sus familias a las que no consideraban idóneas. “De esta forma se propició una desaparición legalizada de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha”.