El interlocutor de Fernández Díaz no encuentra hueco en Catalunya

MADRID.- El juez Daniel de Alfonso ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial el traslado desde la Audiencia de Barcelona al humilde juzgado de vigilancia penitenciaria de Cantabria. El ex director de la Oficina Antifraude ha tomado esta decisión después de que sus compañeros de le manifestasen “que no querían seguir trabajando con él, porque las conversaciones con el reprobado ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, demostraron su falta de parcialidad, algo indispensable para juzgar cualquier causa”, aseguran fuentes judiciales a Público.

El hombre que afirmó hace dos meses “yo no me voy a comer el marrón de ser el tío que graba al ministro”, cuando Público le informó que iban a desvelarse los audios de las dos reuniones que había mantenido en el despacho de Fernández Díaz en la sede ministerial, ha logrado este traslado gracias a que la anterior titular del juzgado de vigilancia penitenciaria cántabro pidiera el traslado a Lugo.

El nombramiento se hizo público ayer y De Alfonso tendrá 20 días para ocupar su nuevo puesto, en su tierra natal, donde cada año volvía para realizar una gran comida a la que invitaba a personajes como el exjefe de gabinete del número dos de la Policía, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, el abogado José María Fuster Fabra o los hermanos Cierco, dueños de la Banca Privada de Andorra (BPA).

En los cuatro meses que han pasado desde que Público demostrara que alguien violó la seguridad del ministerio del Interior y grabó conspirando a Fernández Díaz y a Daniel de Alfonso no se han abierto aún ningunas diligencias al respecto.

Las denuncias ante la fiscalía de los diferentes afectados por el contenido de las conversaciones han sido rechazadas aludiendo al derecho privado de las personas que hablan y asegurando que son el ministro y De Alfonso quienes tendrían que poner la denuncia.

El nombramiento se hizo público ayer y De Alfonso tendrá 20 días para ocupar su nuevo puesto

El ministro del Interior encargó un informe a la comisaría general de Policía Judicial que dirigía José Santiago Sánchez Aparicio, a quien le quedaban unas semanas para jubilarse. La investigación la acabó el inspector jefe Jesús Vicente Galán, a quien también se le adjudicó la contravigilancia de los venezolanos que la brigada política quería utilizar contra Podemos.

El resultado de la investigación asumía todas informaciones al respecto de Público, como que Daniel de Alfonso no había pasado ni por el detector de metales ni se había registrado en sus visitas a Interior del 2 y 16 de octubre de 2014, pero ex culpa totalmente al exdirector de la oficina Antifraude de ser el autor de las grabaciones o de que alguien pudiera haberlas hecho a través suyo sin su consentimiento.

Pero en Catalunya el cese de Daniel de Alfonso se produjo enseguida, después de que el Parlament le obligara a dar explicaciones sobre sus conversaciones con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Todos los partidos menos el PP votaron además su cese días después de que se desvelaran los primeros contenidos de las reuniones.

Todos los partidos menos el PP votaron su cese días después de que se desvelaran los primeros contenidos de las reuniones

No fue un ataque de la izquierda y los nacionalistas, tras el rifi rafe parlamentario con Inés Arrimadas (Ciudadanos), a quien incluso la llegó a insinuar que guardaba buena nota de las reuniones que también había mantenido con su ‘jefe’ Albert Rivera, hasta la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se posicionó en contra de la actitud de Daniel de Alfonso como jefe de la Oficina Antifraude y del “daño” que también iba a causar su vuelta a la carrera judicial.

En su comunicado, la APM aseguraba que: "Aceptar un cargo político o de confianza supone en todo caso entrar en la confrontación política para defender públicamente un proyecto, lo que lógicamente conlleva la pérdida de la apariencia de independencia e imparcialidad que requiere el ejercicio de la jurisdicción”. Precisamente ese es el mismo motivo que han esgrimido sus compañeros de la Audiencia Provincial de Barcelona para pedirle que se marche.