"Un fracaso del Gobierno", así es como ha definido Pablo Casado la aprobación del estado de alarma por parte del Consejo de ministros el domingo. Unas palabras que coinciden con las planteadas por otros miembros de su formación, como la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso o el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Sin embargo, el líder del PP se ha mostrado dispuesto a apoyar la prórroga del estado de alarma siempre y cuando no supere las ocho de semanas. Es decir, finalice a mediados de diciembre. "Es una oferta generosa", ha asegurado. 

La duración del estado de alarma no ha sido la única exigencia de Casado para dar su apoyo a la prórroga. El conservador lleva pidiendo desde marzo "un plan B jurídico" para pandemias, lo que pasaría por modificar la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para que las autonomías puedan restringir la movilidad sin necesidad de aprobar el estado de alarma. "La alarma por definición es una excepcionalidad constitucional", ha indicado Casado por lo que, a su juicio, debe ser "puntual" y no prorrogarse más de seis meses como plantea el Ejecutivo.

El plan de Casado es rechazado frontalmente por su socio de gobierno en varias autonomías, Ciudadanos. A juicio del portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, voz autorizada de la formación en materia jurídica, el  instrumento planteado por el Gobierno es "mejorable" pero "indispensable" para limitar los movimientos de la ciudadanía es el estado de alarma. "¿Queremos cambiarle el nombre? ¿Queremos engañar a la gente?", ha preguntado retóricamente el dirigente de los naranjas.

"Hay escalones, hay medidas más contundentes y menos contundentes. Para las menos contundentes como los cierres perimetrales, la limitación de los aforos en los sitios, valen las leyes administrativas, valen las leyes ordinarias. Pero cuando se trata de restringir de verdad los derechos fundamentales como en el toque de queda, que es un confinamiento domiciliario, que es encerrar a la gente en su casa, no hay otro remedio que declarar el estado de alarma", ha afirmado de manera contundente Bal.

Bal ha presumido de que, gracias al acuerdo entre el Ejecutivo y Cs, ya se han reformado varios artículos, como el número 65 del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o la Ley de la jurisdicción Contencioso Administrativo que han permitido que algunas medidas impulsadas por las autonomías tengan cabida legal. A su juicio, el artículo 116 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 4/16 son aval suficiente para ratificar el estado de alarma. Y que el Plan B no significa renunciar dicha figura constitucional, como así pretende el Partido Popular.

Las mayores discrepancias entre PP y Cs se dan en Madrid

Las fricciones entre PP y Ciudadanos llegan a un punto álgido en la Comunidad de Madrid. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP) y el vicepresidente Ignacio Aguado (Cs) han mostrado su desacuerdo en múltiples ocasiones, llevando a defender medidas opuestas pese a pertenecer al mismo Ejecutivo. Ha ocurrido también con el estado de alarma. Aguado aseguró el pasado sábado en La Sexta Noche que si el fuera a presidente "ya habría pedido el estado de alarma" al Gobierno, mientras que la dirigente del PP se negaba a solicitarlo y lo tachaba de "fracaso". 

Fuentes de la dirección naranja lamentan la actitud de Ayuso con respecto a Aguado y señalan que se da, principalmente, "por una cuestión de personalidades". Los naranjas critican que la presidenta madrileña crea que Gobierna en solitario y, en muchas ocasiones, se olvide de consultar con su socio de gobierno cuestiones de calado, por lo que piden a Casado que medie para que la situación no vaya a más.

Bal ha aplaudido la "valentía" de su compañero de partido este lunes. "El vicepresidente fue el primero que, de forma muy valiente, puso encima de la mesa que existía una situación muy grave en Madrid. El primero que pidió al presidente del Gobierno que se responsabilizara de sus competencias en la lucha contra la pandemia. Ahora no queda otra cosa más que pensar en salvar vidas, salvar empleos, y en renunciar a la lucha política o a utilizar esta trágica epidemia como arma arrojadiza".