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Esperanza Aguirre se reunió a finales de 2004 con el entonces tesorero del PP Alvaro Lapuerta, y con el presidente del partido, Mariano Rajoy, para hablar de sendas operaciones urbanísticas en Majadahonda y Arganda que el juez investiga por constituir, presuntamente, pelotazos de la trama Gürtel. El encuentro se celebró en el despacho de Rajoy en la sede de Génova 13, según señala la expresidenta de la Comunidad de Madrid en sus respuestas por escrito al juez Pablo Ruz.
Lapuerta advirtió a Aguirre, que acababa de ser elegida presidenta de la Comunidad, que en los citados municipios de Madrid sus respectivos ayuntamientos, del PP, pretendían vender unas parcelas edificables a un precio tasado, un tipo de enajenaciones de patrimonio público que acababan de ser permitidas por la ley.
'La advertencia del tesorero iba en la dirección de tratar de impedir que los respectivos ayuntamientos sufrieran una pérdida patrimonial importante puesto que, al parecer, el precio tasado era muy inferior al precio de mercado', destaca la actual presidenta del PP madrileño, y añade: 'Y creo recordar que me advirtió también de que podría haber impugnaciones de los licitadores porque los criterios de adjudicación pudieran no ser suficientemente objetivos'.
La diferencia de precio en el caso de Majadahonda es ilustrada por la propia Aguirre, que destaca que finalmente la adjudicación se hizo ponderando el precio y no por precio tasado o fijo, 'y las parcelas se venvieron por ¡¡¡62 millones de euros¡¡¡ más que el precio tasado (...) (de 90 a 150 mllones). O sea que había 10.000.000.000 de las antiguas pesetas que perdía Majadahonda y alguien ganaba', escribe la expresidenta madrileña.
Tras la advertencia de Lapuerta (en una reunión en la que dice que, además de Rajoy, es posible que estuviese Luis Bárcenas) llamó a los dos alcaldes concernidos (ambos imputados hoy en el 'caso Gürtel'. El de Arganda, Ginés López, le dijo que la parcela ya estaba adjudicada, a precio tasado, y que el procedimiento era absolutamente legal. También señaló que se había hecho por unanimidad de todos los grupos políticos (lo que era falso, según indica la propia testigo). Benjamín Martín Vasco (exdiputado autonómico del PP y también imputado), que era jefe de la empresa de suelo de Arganda, le corroboró los mismos datos.
Por su parte, Guillermo Ortega, alcalde de Majadahonda en 2004, le explicó que todavía no había culminado la adjudicación pero que pensaba hacerla a precio tasado, ya que era legal y de su exclusiva competencia, pese a que Aguirre le advirtió, según ella, de las 'contraindicaciones' de una operación así: pérdida para el patrimonio municipal y posibles pleitos de los licitadores por falta de objetividad.
Aguirre da estas explicaciones para ilustrar su famosa frase, pronunciada en la Asamblea de Madrid, de 'Yo destapé la trama Gürtel', en la que se refería a su oposición a la venta de una parcela pública en Majadahonda. Semanas después, le informaron de 'gravísimas disensiones' en el seno del PP de Majadahonda por este asunto, ya que doce los quince concejales (todos menos el alcalde, y los concejales José Luis Peñas --quien sí destapó de verdad la trama Güirtel al grabar a Correa-- y otro apellidado Moreno) querían que el precio al que salían a concurso era muy inferior al de mercado.
La expresidenta señala que ella pidió entonces a Ortega que dimitiese, y que él lo hizo, apoyando ella entonces que ocupase una vacante en el mercado Puerta de Toledo, porque 'estaba cualificado para el puesto y en aquel momento no se tenía conocimiento de que hubiera ninguna ilegalidad'.
El nuevo alcalde, Narciso de Foxá, es el que cambio el precio de adjudicación, pasando el precio de 90 a 150 millones de euros. Aguirre añade que Peñas y Moreno no pararon entonces de presentar demandas y perderlas con De Foxá, y cuando Correa se hartó de pagarles las condenas en costas, decidieron grabar sus conversaciones con él, dando origen al 'caso Gürtel'.
Por otro lado, Aguirre señala en sus contestaciones escritas como testigo del caso, que ocupan 48 folios, que ni sabía quién era Francisco Correa ni lo había visto nunca, salvo en fotografías una vez destapada la trama Gürtel.
'No le he visto en mi vida [a Francisco Correa, cabecilla de red corrupta], salvo en fotografía después del auto de febrero de 2009 [cuando estalló el caso Gürtel], ha dejado escrito la presidente del PP madrileño. 'En las grabaciones que se entregaron al juez Garzón el señor Correa me ponía a mí a escurrir', afirma Aguirre en una de las respuestas a las 170 preguntas sobre esta causa que contestó ayer por escrito en su despacho de la calle Génova.
La expresidenta incide en que su gabinete 'jamás tuvo ningún contacto con las empresas de Correa' y respecto al exconsejero regional imputado en la causa Alberto López Viejo mantiene que no era 'en absoluto' de su 'total confianza' y que ella no le puso en la lista para las elecciones autonómicas.
Dice además que desconocía su proceder en las adjudicaciones a la empresa Easy Concept, vinculada a la trama Gürtel, porque 'de haberlo sabido, le hubiera cesado en ese mismo momento'.
De este modo, niega saber si Special Events organizó y montó actos para el PP de Madrid en las elecciones autonómicas y locales de 2003, alegando que aunque era la candidata 'no llevaba la campaña'.
También niega haber prohibido a López Viejo contratar con las empresas de la trama Gürtel, ya que no fue hasta el auto de Garzón de 2009 cuando 'exigió', dice, la dimisión de todos los implicados que formaban parte de su Gobierno.
Lo que sí hizo fue pedir explicaciones a López Viejo en 2005 a raíz de la publicación de un artículo de la revista Interviú titulado 'Las amistades peligrosas', en el que se decía que unas personas vinculadas al PP estaban obteniendo contratos de administraciones gobernadas por el partido y entre ellas la Comunidad de Madrid.
'Esa mañana le llamé a mi despacho (creo que es la única vez que vino antes del 9 de febrero de 2009, cuando le pedí la dimisión) y le pregunté: ¿es cierto esto que dice Interviú? Y él respondió: 'no, presidenta. Muy al principio de llegar aquí se les encargó algo pero ya no se les encarga nada. Ahora se les encargan los actos a...' y me da una serie de nombres que no aparecen para nada en Interviú', relata Aguirre en una de sus respuestas.
Ante esa respuesta señala que se quedó 'tranquila' porque 'la revista no denunciaba ninguna ilegalidad, ni siquiera irregularidad' y precisa que se dirigió a él porque su nombre aparecía en la citada publicación.
Además, entonces 'estaba segura de que todos los contratos de la Comunidad de Madrid se realizaban por los procedimientos legalmente establecidos'
'Ahora, 'a posteriori', he sabido que Alberto López Viejo amenazaba con mi no asistencia al acto en cuestión para vencer las resistencias en caso de que existieran', añadió Aguirre.
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