Abusos sexuales, violencia de género, drogas... los delitos comunes entre presos de los Cuerpos de Seguridad

@patricialopezl

MADRID-. Deberían haber sido los guardianes de la Ley, pero en las cárceles españolas cumplen condena 150 funcionarios del Ministerio del Interior. La mayoría son policías y guardias civiles (143) y siete pertenecen a Instituciones Penitenciarias. Los datos a los que ha tenido acceso Público son del tercer trimestre de 2016 y revelan también cuáles son los delitos más habituales entre los encargados de acabar con la delincuencia. 

Las cifras más escalofriantes son de delitos contra las mujeres y los menores. Entre policías y guardias civiles hay condenas por abusos sexuales (9), por agresiones sexuales a menores (13) y a mayores de edad (7), por exhibicionismo (8), uno por exhibicionismo o pornografía de menores de edad o con discapacidad y otro por cliente de prostitución con menor o discapacidad. Asimismo, de Instituciones Penitenciarias hay un condenado por agresión sexual en el ejercicio de sus funciones y otro fuera de ellas. 

La violencia de género en sus diversas modalidades delictivas también está entre las causas más frecuentes de ingreso en prisión: asesinato (5), homicidio (2), malos tratos (8), lesiones (2), amenazas (4), coacciones (1), detención ilegal (1), quebrantamiento de pena o medida de alejamiento (10) y por violencia habitual de género (3). 

Hay que añadir también los dos condenados de Instituciones Penitenciarias por coacciones (1) y por malos tratos (1). 

Los funcionarios del Ministerio del Interior en prisión están considerados FIES 4 (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento) para diferenciarlos del resto de presos catalogados así y no como "comunes" y que se dividen en encarcelados que han participado en motines (tipo 1), narcotraficantes (tipo 2), terrorismo y bandas armadas (tipo 3) y contra la libertad sexual o delitos muy violentos (tipo 5). 

La Audiencia Provincial de Madrid los declaró ilegales en sendos autos de 1998 y 1999 y los sindicatos de prisiones y las asociaciones de derechos humanos consideran esta segregación de los internos como "una cárcel dentro de una cárcel" por la intervención de las comunicaciones y otras restricciones, menos en el caso de los funcionarios de los Cuerpos de Seguridad. 

Según el criterio establecido por el Ministerio del Interior, los FIES 4 deben ser protegidos y ha de mantenerse su seguridad. Tanto es así que en 2013 un policía nacional condenado a 15 años de prisión –por agresión sexual, abusos sexuales, amenazas, falta de respeto, injurias y atentados a la autoridad– demandó al Estado por los daños causados al haber estado "confinado con internos comunes a pesar de ser policía nacional desde 1980". 

En concreto, pedía 92.822 euros por sufrir "trastorno afectivo de la personalidad, trastorno límite de la personalidad, trastorno de la personalidad no especificado, trastorno de la personalidad paranoide, trastorno mixto de la personalidad y paranoia endógena". 

La Audiencia Nacional denegó en 2015 la petición de este policía; sin embargo, presos recientes como la agente local relacionada con el asesinato de la dirigente del PP de León, Isabel Carrasco, o el militar y el guardia civil en prisión preventiva por la presunta violación de San Fermín, solicitaron acogerse a este tipo de calificación y ser cambiados de prisión o a un módulo especial. 

Alarma la aparente facilidad que han tenido estos guardianes de la Ley para mancharse las manos. Fuera de los relacionados con mujeres y menores destacan los condenados por asesinato (6), homicidio (2), homicidio imprudente (2), robo con homicidio (1), robo con violencia o intimidación (11), en casas habitadas (2), secuestro (1) y torturas (2). 

Aunque lo más habitual entre policías y guardias civiles son los los delitos contra la salud pública (27); cultivo, elaboración o tráfico de drogas (12), organización criminal (3), estafa (10) y tráfico de armas (1).  

También han ingresado en prisión agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad por asuntos relacionados con el ejercicio de sus funciones públicas: cohecho (4), descubrimiento o revelación de secreto (3), detención ilegal (7), falsificación de documento público (8) y de documentos privados (8), infidelidad en la custodia de documentos (1), malversación (1), obstrucción a la Justicia (2), acoso laboral (1) y de usurpación de funciones públicas (1). 

Entre los funcionarios de instituciones penitenciarias destaca el abuso en el ejercicio de sus funciones (3), el cohecho (2) y la revelación de secretos (1).