Las víctimas del accidente del Alvia en la curva de Angrois en Santiago creen que la defensa de Andrés Cortabitarte, exresponsable de Seguridad en la Circulación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y único acusado en la causa junto al maquinista del tren, Francisco José Garzón, está recibiendo trato de favor. No sólo de la empresa pública para la que trabajó, sino de la magistrada que dirige la vista.

La jueza titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago, María Elena Fernández Currás, decidió el pasado jueves suspender la declaración del responsable de Adif, quien el día anterior había sufrido una agresión por parte del padre de una de las víctimas mortales del siniestro.

La magistrada anunció la suspensión a las 10.43 de la mañana, tras la declaración del maquinista. Apenas dos horas después, Cortabitarte estaba ya en el aeropuerto para volver a Madrid en el vuelo de Iberia que salía a las 13.30.

"¿Cómo podía saber que se iba a suspender el juicio?", se pregunta Nicolás David Piñeiro Pérez, abogado de otras dos de las víctimas mortales. "Ese vuelo tenía overbooking  [más reservas que plazas] y yo mismo intenté cambiar mi billete, pero no pude volar hasta horas más tarde", añade.

Cuando intentaba tomar el mismo vuelo, el abogado vio a Cortabitarte y su abogado en la puerta de embarque a las 13.06, tal y como refleja una de las imágenes que acompaña estas líneas.

Iberia ha asegurado a Público que, al contrario de lo que asegura el letrado, el vuelo no iba completo. Pero él insiste en que no fue así: "En el mostrador de Iberia me dijeron que el de las 13.35 tenía overbooking, pero que me fuera rápido a la puerta por si algún pasajero fallaba. Llegué el primero, se fue formando la cola de embarque y luego fueron llegando más personas en mi misma situación. Ninguno pudimos embarcar porque nos aseguraron que el avión estaba lleno".

El trato de favor hacia Cortabitarte no se limitaría a la comodidad de poder regresar antes a casa, sino que le habría reportado una notable ventaja procesal. Él tenía que declarar justo después de que lo hiciera Garzón, el maquinista. Es decir, que debía enfrentarse a las preguntas de acusaciones y defensas sin poder preparar sus respuestas sabiendo lo que aquél había declarado. Ahora tiene la ventaja de poder hacerlo.

"He protestado y le he dicho [a la jueza] que si [Cortabitarte] iba a hacer esto y se sabía desde el principio, que se dejasen las dos declaraciones para el próximo día", ha criticado Manuel Prieto, abogado de Garzón, informa Europa Press.

En la misma línea, Manuel Alonso Ferrezuelo, abogado de la Plataforma de Víctimas Alvia 04155, ha lamentado que la defensa de Cortabitarte busque "aprovechar una circunstancia" -la agresión que sufrió-, que, si bien Ferrezuelo "nunca" va a justificar, considera que permite a sus abogados "ganar una semana para preparar en conciencia su declaración en función a lo que ha declarado Garzón".

El maquinista, en su opinión,  dio al tribunal "datos muy precisos sobre la señalización en la vía" en la que se estrelló el Alvia. "Y ahí es donde está, para nosotros, parte de la responsabilidad de Cortabitarte", añade.

Las defensas de las víctimas creen que éste sabía desde el miércoles que su declaración, prevista para el jueves, se iba a suspender. Por eso tuvo tiempo para cambiar su billete, algo que no pudieron hacer el resto de abogados, víctimas y familiares que asisten al juicio, quienes se enteraron de la suspensión a las 10.43, es decir sin tiempo para cambiar los suyos.

Entre esas personas está Teresa Gómez-Limón, exdiputada del PP en la Asamblea de Madrid, pasajera del tren siniestrado y quien el viernes aún seguía  Santiago. Gómez-Limón abandonó el PP en 2014 tras sufrir el ostracismo de sus compañeros por pedir responsabilidades políticas y civiles a los cargos de Adif y denunciar el obstruccionismo de los gobiernos de Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo.

"Estoy segura de que existe ese trato de favor. Ahora la defensa de Cortabitarte y los abogados de Adif tienen una semana para estudiarse muy bien la declaración del maquinista", sostiene Gómez-Limón.

La exdiputada popular lamenta que en la vista oral sólo haya dos acusados "de los muchos más que deberían estar" y también la "coincidencia" de que la jueza Elena Fernández Currás sea hermana de Marta Fernández Currás, exconselleira de Facenda de la Xunta con Feijóo y ex secretaria de Estado de Presupuestos en el Gobierno de Rajoy.

El abogado de la exdiputada del PP pide dos años de prisión para Garzón y cuatro para el director de Seguridad de Adif. "Su responsabilidad no es la misma. El maquinista tuvo un error humano, pero, en el caso de Adif, nos engañaron. Yo jamás me habría montado en un tren que puede alcanzar los 250 kilómetros por hora si hubiera sabido que mi seguridad dependía exclusivamente de la pericia del maquinista".

A grandes rasgos, las acusaciones particulares del caso y la defensa de Garzón sostienen que Adif es responsable del siniestro porque el Alvia era un tren de alta velocidad que debía disponer de las medidas de seguridad obligatorias para ese tipo de líneas, que deben impedir que un error humano derive en una tragedia. El Estado, por contra, sostiene que el Alvia no era un tren de alta velocidad.

Cinco años después de dejar el PP en 2014, Teresa Gómez-Limón pidió el voto en las elecciones europeas de 2019 para Ana Miranda, eurodiputada del BNG cuyo papel en Bruselas, según las víctimas, ha sido decisivo para darles voz e impulsar un informe de la Agencia Ferroviaria Europea que alerta de la falta de independencia de la comisión española que investigó el accidente, y que cuestiona la tesis los gobiernos de PSOE y PP sobre que la responsabilidad del accidente fue en exclusiva del maquinista.

Miranda estuvo presente el pasado miércoles en el inicio del juicio en Santiago, fue muy dura con las administraciones de PSOE y PP y lamentó que no estuvieran en él los dos ministros de Fomento que tuvieron relación con el caso: el socialista José Blanco, bajo cuyo mandato se construyó e inauguró la línea, y la popular Ana Pastor, quien habría presionado a Bruselas para que no profundizara en la investigación del siniestro.

"Nueve años después el Estado español sigue incumpliendo la normativa europea sobre seguridad ferroviaria que impediría un accidente de estas características y tiene abierto un procedimiento de infracción por esa razón", explica Miranda.