El abogado del Estado reduce a un simple eslogan el ‘Hacienda somos todos’ para defender a la infanta

PALMA.- El lema ‘Hacienda somos todos’ es sólo publicidad. Así de tajante se ha mostrado este lunes la abogacía del Estado para defender a la infanta Cristina de Borbón y exonerarla de su procesamiento de cómplice en dos delitos fiscales cometidos junto a su marido, Iñaki Urdangarín, en los años 2007 y 2008.

En la primera sesión de la vista oral, centrada a las cuestiones previas, el papel de Hacienda y quién defiende sus intereses ha sido una pieza clave. No en vano la doctrina del Supremo permite una acusación popular en solitario siempre y cuando se atente a un bien jurídico colectivo de interés general.

¿El delito fiscal afecta al interés general y, por lo tanto, Manos Limpias puede pedir ocho años de cárcel en solitario para Cristina de Borbón cuando ni la Fiscalía ni Hacienda reclaman nada para ella?

Fiscal y abogacía del Estado, al unísono, han arremetido contra el 'Hacienda somos todos'. Y la abogacía del Estado, que defiende los intereses de la Agencia Tributaria, ha llegado a reducirlo a una mera expresión publicitaria.

Sobre la sala planeaba el auto del juez instructor del caso Nóos, José Castro, quien rechazó exonerar a la infanta, en diciembre de 2014. Entonces reprochó a Cristina de Borbón que pretendiera ser exonerada cuando ‘Hacienda somos todos’ y los delitos fiscales afectan a toda la sociedad.

Tanto el fiscal, Pedro Horrach, como la abogada del Estado, Dolores Ripoll, que defiende los intereses de la Hacienda Pública, ha resaltado que el perjudicado en los delitos fiscales “es el erario público y no los ciudadanos en general”.

En dos ocasiones ha afirmado Ripoll que la expresión “Hacienda somos todos” ha quedado claro en que afecta “sólo al ámbito de la publicidad”. Es una frase publicitaria destinada a concienciar a los ciudadanos en su obligación de pagar impuestos, nada más. El delito fiscal "protege el patrimonio" de la Hacienda pública. “Es irrelevante o absurdo hablar de otro perjudicado”, ha apostillado.

Es más, Pedro Horrach ha rechazado ampararse en esta “manida expresión”: si la infanta no cometió una infracción administrativa, sostiene, no pudo cometer dos delitos fiscales en el caso Nóos junto a su marido.

Horrach ha asegurado que "ni un solo ciudadano" ha sido sentado en el banquillo en esta misma circunstancia que afecta a la infanta y a Ana María Tejeiro, la mujer de Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarín.

"¿Porqué en idénticas circunstancias ni un solo ciudadano se ha sentado en el banquillo y estas dos ciudadanas, sí?”, se ha preguntado Horrach. Permitir el procesamiento de Borbón y Teijelo supondría quebrantar la doctrina sentada al respecto por el Tribunal Supremo y una “discriminación no justificada. Nada más y nada menos”.

Pedro Horrach ha recordado una sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia donde, en un caso similar, se exoneró a un procesado en una situación similar. "No es sostenible por elementales razones de igualdad y seguridad jurídica un ciudadano de Bilbao no se sienten en el banquillo y uno de Baleares se siente en el banquillo", ha resaltado el fiscal en referencia a Borbón y Tejeiro.

"La justicia penal no interpretarse ni ser el cauce para canalizar las convicciones morales subjetivas" de quienes aplican la ley. La justicia es "aplicar el derecho objetivo".

Para Horrach, no es posible que la acusación popular actúe en solitario "si el ministerio fiscal que representa al Estado en el proceso penal y el acusador particular que representa al perjudicado determinan que no existen elementos inculpatorios" para imputar a alguien.

Horrach ha reclamado devolver a la justicia al lugar que le corresponde, porque en un proceso penal no están para discutir de “pátinas, fachadas o pelajes”.

El fiscal anticorrupción ha presentado un informe para reforzar su tesis de que una conducta inocua en el ámbito administrativo tributario no puede ser punible en el ámbito penal. La frontera del delito penal son 120.000 euros de fraude y "no es posible trasladar al proceso penal lo que no está previsto como infracción administrativa en las leyes tributarias".

Horrach ya intentó que el juez instructor, José Castro, asumiera su tesis. Pero, en vista de que fue rechazada, solicitó dicho informe a Caridad Gómez, jefa de la Unidad Central en materia de Coordinación en Delitos contra la Hacienda Pública.

En el caso de que el tribunal mantenga a Borbón como acusada al igual que a Tejeiro, Horrach ha solicitado al tribunal que declare la autora del informe como perito en el proceso.

La abogada del Estado ha insistido que la acusación popular "no persigue el interés común, sino una percepción de la defensa de los intereses sociales", ha destacado la abogada del Estado en su defensa de que se aplique la doctrina Botín a Borbón y Teijelo.  “Ni la neutralidad, ni la imparcialidad ni la objertividad persiguen”, ha apostillado.

A este respecto, ha resaltado que la acción popular puede obedecer a intereses particulares, y no responde al interés general. Es más, de los 248 casos que se enjuician en Baleares con delitos contra la Hacienda pública, sólo en uno se ha presentado una acción popular: el caso Nóos. En los demás, acusan la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Ripoll ha destacado que las cuotas defraudadas por la sociedad matrimonial Aizoon de Borbón y Urdangarín no alcanzaron el límite del delito fiscal en los años 2007 y 2008, como pretende la acción popular.