FUENCALDERAS (ZARAGOZA).- El pasado martes 20 de octubre concluyeron los trabajos de exhumación de dos guerrilleros en el cementerio municipal de Fuencalderas, una pequeña localidad del prepirineo aragonés. Las labores, dirigidas y coordinadas por los arqueólogos Javier Ruiz y José Ignacio Piedrafita, responden a una “acción reivindicativa ante la inactividad del Estado”. Por ello, las asociaciones Charata y ARICO de Aragón han aunado esfuerzos en aras del reconocimiento moral de aquellos que fueron enterrados en el olvido.

Los restos encontrados pertenecen a dos guerrilleros anónimos que participaron en la Operación Reconquista, lanzada el 19 de octubre de 1944 por la Unión Nacional Española (UNE) y el Partido Comunista Español. El plan, elaborado por el dirigente comunista Jesús Monzón, consistía en infiltrar a través de los Pirineos una avanzadilla de unos pocos miles de guerrilleros, veteranos de la guerra civil española y de la resistencia francesa.

Estos grupos debían sabotear infraestructuras, enfrentarse con las fuerzas leales a la Dictadura y provocar una insurrección popular. El objetivo era capturar Viella, capital del valle de Arán, estableciendo un gobierno republicano en suelo español. Esto provocaría, según sus previsiones, una sublevación ciudadana y el apoyo directo de los aliados para acabar con el fascismo en España. Nada de ello sucedió.

El objetivo era capturar Viella, capital del valle de Arán, estableciendo un gobierno republicano en suelo español

Héroes de la Resistencia en Francia y meros bandoleros en España, muchos de éstos guerrilleros cayeron en los enfrentamientos contra las fuerzas del orden franquistas o bajo penas de ejecución dictadas por tribunales militares. Casi ochenta años después, todavía esperan en cunetas, montes o junto a las tapias de cementerios, donde sus cuerpos permanecen abandonados. Pese a la investigación histórica desarrollada por el equipo de Ruiz y Piedrafita, aún no se ha podido averiguar la identidad de los maquis enterrados en Fuencalderas. La falta de material documental se ha suplido con un intenso trabajo de campo encabezado por Luis Pérez.

Éste vecino de Jaca ha pasado los últimos años recogiendo testimonios orales en el pirineo aragonés y navarro. Así, supieron de la presencia de ésta fosa, que no aparece en el Mapa de Fosas de Aragón. Sin embargo, su existencia era conocida por los vecinos de Fuencalderas. En 2010 el alcalde de la localidad, Francisco Javier Arbués, comunicó su existencia a la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, dependiente del Ministerio de Justicia.

Con la poca información disponible, la reconstrucción de los hechos nos lleva a Sierra Mayor, dónde a finales de octubre de 1944 tuvo lugar el encuentro entre los guerrilleros y la Guardia Civil. La presencia de un grupo numeroso de hombres armados había sido denunciada por un pastor ante las fuerzas del orden de Murillo de Gállego (localidad cercana). La Guardia Civil decidió entonces montar un servicio de vigilancia, cercando las vías de comunicación.

Al percatarse de la presencia de la patrulla, los partisanos decidieron esperar la llegada de la noche. Cuando la oscuridad se alió con ellos bajaron hasta la ermita de San Miguel. Allí, Luciano Tolosana (el ermitaño) preparó un guiso con una oveja que los guerrilleros llevaban, tras lo que el grupo se marchó, no sin antes advertirle que denunciara su presencia ante la guardia civil para evitar que tomaran medidas en su contra.

Lo siguiente que se sabe es que “se presentaron dos bandoleros armados con metralletas, a los que les fue echado el alto por el Guardia José Lavaro Tercero”. En la Memoria de la Comandancia rural de Huesca queda recogido el enfrentamiento, así como en el diario de operaciones de aquellos días conservado en el Antiguo Archivo de Capitanía General. El tiroteo se saldó con la muerte de los guerrilleros.

Según el estudio elaborado por Pérez, “los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados en camión hasta Fuencalderas, donde fueron expuestos. Casi todos los habitantes del pueblo pasaron a verlos, pues la práctica totalidad de las casas tenían parte de la familia residente en Francia y temían que se tratara de alguno de ellos”.

Solidaridad para exhumar

En cuanto a la financiación del proyecto, cabe destacar, una vez más, la solidaridad que impera entre las asociaciones de memoria histórica. En éste caso, y como las subvenciones fueron eliminadas con la llegada del Partido Popular al poder, el dinero fue aportado por un grupo de vecinos de Azuara, gracias a la mediación de Pérez. Hace unos años publicaron un libro sobre Doroteo Ibáñez, enlace de los maquis de la zona, con fondos públicos. Con el remanente que sobró de ese proyecto divulgativo se han cubierto los costes de búsqueda y exhumación de la fosa de Fuencalderas, además de los gastos de alojamiento del equipo de profesionales y voluntarios.

“El oro de la República está enterrado en las cunetas y en las tapias de los cementerios”. Y de momento, ahí sigue.

Una vez más, la sociedad civil se ha adelantado al Estado. Ha asumido parte de sus funciones ante la inactividad y dejadez de los aparatos institucionales en la recuperación de la Memoria Histórica. Y de la dignidad. Hace unos días el senador del PP por Murcia, José Joaquín Peñarrubia, decía que “ ya no hay más fosas que descubrir”. Quizá no sabe que España es el segundo país del mundo en número de fosas comunes y de desaparecidos, sólo por detrás de Camboya. Y esto es algo inaceptable, vergonzoso. Por ello, Javier Ruiz hace hincapié en el “reconocimiento moral” a la lucha de los guerrilleros, a los que no tienen nombre, pero que murieron con las botas puestas. A los que el libro de deudas de la memoria les debe un sitio, un lugar que no esté a dos metros bajo tierra.

Aunque algunos excusen su parsimonia en la idea de “cerrar heridas en lugar de abrirlas”, lo cierto es que en España aún hay vencedores, cuyos hijos y nietos se siguen jactando del suelo de osarios que hicieron con los vencidos. En su informe de 2014 sobre las exhumaciones en España, el Relator Especial de Derechos Humanos de la ONU, Pablo de Greiff señalaba cómo la Ley de Memoria Histórica “no establece una política estatal (...) sino una mínima regulación para que sean las organizaciones las que se encarguen” (de las exhumaciones).

En este sentido, de Greiff denunciaba “el recorte total de las subvenciones (…) y los inconvenientes generados por la renuencia del Estado de asumir responsabilidad (…): dispersión de esfuerzos, uso de metodologías de diverso rigor, dificultad en la gestión de los permisos requeridos. Finalizaba asegurando que la privatización de las exhumaciones facilita la indiferencia del Estado.

Ahora bien, al calor de las elecciones todo son promesas. A pesar de este renovado interés por la Memoria Histórica, asociaciones, profesionales y familiares mantienen un escepticismo crítico. No es la primera vez que se incumple un programa electoral. Como apunta Piedrafita, “si esperamos a que nos subvencionen, no haríamos nada”.

Estas palabras recuerdan a las ofensivas declaraciones del portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, cuando en noviembre de 2013 afirmaba que “algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarle”. Resulta cuanto menos irónico que el portavoz y diputado por el PP, heredero político del franquismo, se preocupe tanto del dinero y tan poco de la memoria.

Porque no todos son iguales. Ni vencedores ni vencidos. Ya lo dijo Julián Besteiro, histórico dirigente moderado del PSOE, quien, a sus sesenta y nueve años, decidió permanecer en Madrid cuando la capital estaba a punto de caer en manos fascistas. Preguntado por el paradero de las reservas de oro del Banco de España (el famoso oro de Moscú), Besteiro respondió con una mezcla de orgullo y tristeza: “El oro de la República está enterrado en las cunetas y en las tapias de los cementerios”. Y de momento, ahí sigue.