Siete meses después de que empezara la pesadilla, los familiares de los jóvenes imputados por el “Caso Altsasu” siguen sumando muestras de apoyo y solidaridad. Este miércoles hubo demostraciones por partida doble. Por un lado, 83 alcaldes han firmado una declaración en la que reclaman la libertad de los tres jóvenes que aún siguen presos por la reyerta nocturna del pasado 15 de octubre con dos guardias civiles sin uniforme. A ese pedido se han sumado también los periodistas de distintos medios de comunicación que han acompañado a los familiares en la concentración que realizan cada 15 días en Pamplona.

Bajo un sol de verano, familiares y allegados de los nueve imputados por la Audiencia Nacional (dos de ellos menores de edad) aprovecharon el acto realizado en la capital de Navarra para agradecer estas nuevas señales de respaldo, que se añaden a las ya mostradas por el Parlamento de Navarra y del ayuntamiento de Altsasu, dos instituciones que ya habían hecho público su apoyo a los familiares ante una situación extremadamente dura: si las acusaciones de la jueza Carmen Lamela se convierten en sentencia, podrían pasar hasta 15 años en la cárcel.

Las escasas esperanzas de estas familias están depositadas ahora en el Tribunal Supremo, que deberá resolver si el caso continúa en Madrid o si, tal como reclama la Audiencia de Navarra, regresa al juzgado de Pamplona, lo que implicaría que sus hijos no fuesen juzgados por terrorismo, sino por otros delitos menores. En ese caso, las condenas bajarían considerablemente.

El reclamo de los 83 alcaldes (entre los que se encuentran los responsables municipales de Pamplona, Bilbao, Donostia y Vitoria) apunta en esa misma dirección. Mediante la nota dada a conocer en la mañana de este miércoles, los firmantes (la mayoría pertenecientes a PNV, EH Bildu y Geroa Bai, además de algunos representantes de plataformas locales) piden que el incidente de octubre pasado “no se considere como terrorismo y que, por lo tanto, queden en libertad los tres jóvenes presos en régimen de aislamiento en cárceles de Madrid”.

Imagen de la concentración en Pamplona de los familiares de los jóvenes de Altsasu.

Al igual que ya hiciera el Parlamento de Navarra, los regidores reclaman también que exista “proporcionalidad en la aplicación de la justicia”, al tiempo que exigen el traslado del caso a Navarra. Según han indicado desde la plataforma Altsasu Gurasoak (Madres y Padres de Altsasu), la lista de alcaldes que apoya este reclamo podría crecer, ya que el documento continúa abierto a nuevas adhesiones desde el ámbito municipal.

De los diarios a la Audiencia

En la concentración realizada ante el Monumento a los Fueros de Pamplona, los familiares de los imputados quisieron destacar estas muestras de apoyo. También tuvieron palabras para los periodistas que han informado sobre este asunto “de manera justa”. Esas palabras fueron escuchadas por los profesionales de medios de comunicación que se encontraban detrás de la pancarta. Entre ellos había periodistas que trabajan en EITB, Gara, Ahotsa, Hamaika Telebista o Público.

En el acto, las portavoces de las familias también recordaron a aquellos medios que publicaron datos privados de sus hijos o abrieron informativos con noticias falsas sobre el “miedo” que, según ellos, padecen los agentes de la Guardia Civil en Alsasua, algo que llegó a ser descartado por el propio jefe de la Benemérita en Navarra. No valió de mucho: esas teorías fueron las mismas que posteriormente emplearía la jueza Lamela para imputarles por terrorismo. Si prosperan, la pesadilla podría alargarse otros 15 años.