Un testigo directo de las torturas cometidas en el Sáhara Occidental en febrero de 1986 presuntamente por militares marroquíes, Abba Ali Said Daf, ha explicado al juez de instrucción de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que presenció los crímenes y logró salvarse tras 'sujetar las piernas' de uno de los soldados y pedir clemencia. 'Uno me dijo que gritara 'Viva el rey y el ejército de Marruecos y me dejó ir', ha recordado.

Abba Ali Said Daf ha sido uno de los seis testigos que ha comparecido este lunes en el juzgado central de instrucción 5 para declarar por la investigación abierta por las detenciones, torturas y ejecuciones sumarias que las fuerzas armadas marroquíes habrían llevado a cabo en la región de Amgala entre el 12 y 13 de febrero de 1976.

El testigo ha explicado a los medios de comunicación que presenció dos ejecuciones cuando contaba con 14 años de edad y el sería el tercero en correr la misma suerte. 'Me apuntaron con un fusil, cogí por las piernas al soldado, la última vez me tiré sobre la espalda de uno que estaba a su lado. Entonces, un soldado me dijo que gritara 'Viva el rey de Marruecos y viva el ejército de Marruecos', lo dije y agradezco a ese soldado que me dejara ir', ha contado

 Tras las comparecencias, que se han prolongado durante cinco horas, el portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Mahmud Selme Daf, ha puesto de relieve que las víctimas entienden que se trata de un 'exterminio del pueblo saharui' y confían en que las autoridades del reino alauí cooperen con la Justicia.

 'Hoy es un día histórico para los familiares de las víctimas', ha señalado Mahmud Selme Daf, que ha puesto en evidencia que han acudido a la Audiencia Nacional para denunciar el 'sufrimiento' y la espera que se haya alargado durante tres décadas para conocer el paradero de sus allegados.

'Esperemos que los familiares lleguen a conocer la verdad y tengan derecho a la reparación', ha destacado este portavoz, cuyo padre y hermano desaparecieron el 12 de febrero de 1976 y fueron encontrados en una fosa común el pasado año en la que aparecieron documentos de identidad españoles.

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH), que ha acompañado a los testigos en su declaración, ha explicado que los abusos se produjeron dentro de una operación de barrido de la población nómada que tradicionalmente ha vivido en la zona dedicada al pastoreo.

La mayor parte de las víctimas de esta matanza siguen desaparecidas sin que las autoridades marroquíes hayan dado hasta ahora explicaciones sobre su suerte o el paradero de sus restos a sus familiares, según indica.

Los testigos constituyen una excepción a esta situación ya que son familiares de ocho desaparecidos hallados en una fosa común encontrada en junio de 2013 y exhumada por un equipo de forenses españoles.

Los peritos forenses Martín Beristáin y Francisco Etxeberria prestaron declaración el pasado 12 de febrero junto a un testigo saharaui. Este lunes habían sido llamadas a declarar siete personas, aunque finalmente uno ha faltado al carecer visado de entrada en España.

La Asociación Pro Derechos Humanos de España solicitó a Ruz la ampliación de la querella admitida a trámite por su Juzgado en 2006 tras descubrir esta fosa común en Smara, en el Sáhara Occidental, y que se dirige contra 31 militares marroquíes. El enterramiento ocultaba los restos mortales de seis adultos y dos menores, algunos de ellos con documentación española.

Los querellantes aseguran que Marruecos ocupó el territorio 'mediante una cruenta guerra y masacre contra el pueblo saharaui que duró 16 años', y el Ejército marroquí llevó a cabo 'el secuestro, encarcelamiento y desaparición' de cientos de saharauis, la mayoría con nacionalidad española.

El juez Ruz rechazó el pasado mes de archiva esta causa tras la reforma de la legislación que regula la justicia universal. Consideró que el Sáhara Occidental era territorio español cuando ocurrieron los hechos y, por tanto, a este caso no le afecta la reforma.

Aseguró que la causa es competencia de los tribunales españoles porque los hechos se cometieron contra ciudadanos españoles 'en territorio que, a todos los efectos, debe tener la consideración de español en el momento de comisión (1975)', ya que el Sáhara Occidental era entonces una provincia española.

El magistrado investiga una segunda causa sobre genocidio en el Sáhara, interpuesta por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh), contra 28 miembros del Frente Polisario y altos cargos del gobierno argelino.