'Muy enfadada'. Así salía Ada Colau del juicio contra Cristina Cifuentes celebrado esta mañana en Barcelona, a raíz de la demanda por la vía civil que la exportavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentó a la delegada del Gobierno en Madrid por acusarla de apoyar a 'grupos filoetarras' en una entrevista radiofónica.

La vista, celebrada en el juzgado de primera instancia número 57, y en la que la juez ha excusado a Cifuentes de acudir presencialmente, ha servido para que el abogado de Ada Colau, Jaume Asens, incidiera en la 'vulneración del derecho fundamental al honor' de su representada y de las consecuencias en forma de amenazas que sufrió tras las polémicas declaraciones. Colau pide a Cifuentes 'una rectificación pública' y solicita 75.000 euros de indemnización que servirán, según ha reconocido, para 'pagar las multas administrativas derivadas por los escraches de la PAH'. En caliente, y tras más de una hora de vista, la propia Colau reconocía también que lo que realmente debería hacer la delegada del Gobierno es 'dimitir'.

La parte demandada, constituida por la abogacía y la fiscalía del Estado -y que Colau ha criticado enérgicamente porque 'encima, los pagamos entre todos'-, ha reconocido todos los hechos; tanto la 'afrenta al honor y la dignidad' de la demandante como el hecho de que las declaraciones vertidas sobre la ex portavoz de la PAH son 'reprochables per se'. Sin embargo, ha solicitado la desestimación de la demanda porque entiende que las declaraciones están amparadas 'en la libertad de expresión'. En este punto la Fiscal ha recordado a la juez dos ejemplos donde esta libertad de expresión prevaleció sobre el derecho al honor y la dignidad. El primero, la demanda por atentar al derecho al honor que no prosperó de Josep Maria Vía, asesor de Artur Mas, a la revista Cafè amb Llet por un vídeo llamado El mayor robo de la historia; el segundo, el amparo que el Tribunal de Estrasburgo ofreció a Arnaldo Otegi en el juicio del exportadoz de Batasuna contra el Reino de España, tras acusar de 'torturador' al Rey Don Juan Carlos. De aquí proviene precisamente el enfado de Ada Colau, quien considera que entre ella y Cifuentes existe una 'desigualdad de poder evidente' y que, por lo tanto, no se pueden equiparar ambos cargos en 'una confrontación de derechos'.

La parte demandada también ha intentado esgrimir en más de una ocasión que Cifuentes actuó en un contexto muy concreto -una entrevista donde se hablaba de los escraches- y que nunca dio información, sólo opinión. Para Asens, 'un cargo público no se puede desdoblar en sus funciones como político y ciudadano, además de que la declaración de Cifuentes se produjo en una entrevista y no en una tertulia'. También ha subrayado que la PAH 'nunca se ha pronunciado sobre el conflicto vasco'.

Ada Colau presentó la demanda tras las declaraciones de Cifuentes de 25 de marzo de 2013 en una entrevista en Radio Nacional de España, en la que tras referirse a la portavoz de la PAH declaró que en ese movimiento había 'ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras'. En la vista de hoy han testificado dos personas. En primer lugar, la jefa de prensa de la PAH, quien ha reconocido que desde las declaraciones de Cifuentes a Ada Colau, ésta fue objeto de 'graves amenazas' de 'perfiles de ultraderecha'en las redes sociales. También ha asegurado que algunos medios iniciaron una campaña de censura a la plataforma. En segundo lugar ha testificado Adrià Alemany, quien además de miembro de la PAH es la pareja de Ada Colau. Alemany, visiblemente emocionado, ha recordado delante la juez que las declaraciones de Cifuentes significaron 'un punto de inflexión' en su vida y la de su pareja. Según su versión, las amenazas de muerte se convirtieron en una constante, llegando incluso a recibir un correo electrónico con una fotografía de su hijo con una bala en la cabeza. Este correo, que ha sido incluido como prueba en el juicio, también fue facilitado a los Mossos d'Esquadra. A día de hoy, sin embargo, no se ha encontrado su autor. Los abogados del Estado, por su parte, se han limitado a preguntar a los testigos si Colau recibió 'tratamiento psicológico' tras aquel episodio.

Decenas de integrantes de la PAH se han concentrado en la salida de los Juzgados de Barcelona para dar su apoyo a Ada Colau, quien ha insistido en que Cifuentes pidió cuatro años de cárcel a un ciudadano que la insultó por Twitter y que ella sólo pide una cantidad de dinero como compensación por los daños sufridos y una rectificación pública. Asens confía en que en un mes se pueda conocer la sentencia de este juicio.