Petxo Idoiaga
Catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad del País Vasco 

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado, el 22 de julio, el recurso de amparo presentado por Arnaldo Otegi, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto y Miren Zabaleta contra la sentencia del Tribunal Supremo que les condenó en mayo de 2012 a 6 años de prisión... tras rebajar la inicial condena de septiembre de 2011 a 8 y 10 años dictada por la Audiencia Nacional por el caso 'Bateragune'.

La cuestión de 'forma'. En aquella ocasión, el Tribunal Supremo, aceptando un 'recurso de casación' y rebajando la pena a 'solo' 6 años la condena de prisión para las personas juzgadas, rechazó que la Audiencia Nacional hubiera vulnerado su 'derecho a la imparcialidad' porque formase parte del tribunal la magistrada Ángeles Murillo que había sido apartada, por imparcialidad, en un juicio anterior a Arnaldo Otegi. 'El que es malo para sí, ¿para quién será bueno?' (Eclesiastes 14,5). Pues si lo dice la Biblia...

Los dos asuntos de 'fondo'. El primero, que la sentencia del TC ha tenido 7 votos favorables y 5 en contra. Los 7 corresponden a los miembros 'conservadores' nombrados directamente a propuesta del PP o vinculados a este partido, lo que demuestra el carácter puramente político de esta resolución judicial. El segundo, que TC considere - como dicta su sentencia- que sí ha sido concluyente para 'inferír que actuaban bajo la dirección' de ETA, 'que su actuación era del todo coincidente en lo relativo a la consecución de objetivos políticos y también en cuanto al uso de de los medios violentos e ilícitos para su consecución, que es lo que define la actuación de las organizaciones terroristas'.

No hay mucho que hablar sobre el primer asunto de fondo. No es que vivamos en un sistema en el que la 'Justicia' está politizada, sino en el que el repartido poder político entre las dos 'castas' partidarias dominantes, impone las resoluciones judiciales. No es el único, pero sí uno de los más determinantes males de la basura democrática vigente en España, una de las murallas a derribar para quien desee una, al menos, regeneración democrática.

El segundo asunto resulta igualmente patente pero es, incluso, más estratégico para el Estado fundado en la indisoluble unidad de España.

'Inferir' es deducir una cosa de otra. La inferencia no es, pues, una prueba en sí misma y, dicen que dice la Ley, sin pruebas no puede haber condena.

La coincidencia con la 'consecución de objetivos políticos' es, cuando poco, un totum revolutum argumental. Si se refiere a la 'independencia' y al 'socialismo' (aunque en ETA esta afirmación no tenga un horizonte claro), pues hay decenas de miles de personas que lo apoyan y deberían ser detenidas y encarceladas para 8 o 10 años por lo menos.

Pero lo de la implicación de Otegi y las demás personas condenadas en el 'uso de los medios violentos e ilícitos' para la consecución de los citados objetivos políticos no es sólo una mentira, sino que es una mentira que el TS y las instituciones políticojudiales españolas la afirman sabiendo que es absolutamente falso. La realidad es la contrapuesta: bajo esa acusación se está condenando, precisamente, a quienes desmontaron por iniciativa civil y democrática que siguieran utilizándose los medios violentos para la consecución de objetivos políticos.

En conclusión, sobre todo, se está criminalizando a la democrática defensa de una modificación radical de lo que, administrativamente, está bajo la marca 'España'.

Tras la sentencia del TC, los voceros que dicen hablar en nombre de la democracia institucionalmente antidemocrática y de, algunas, de las víctimas de ETA, han tocado a rebato las campanas de la iglesia (la católica oficial también está en ello). Pero no son sonidos de reivindicar sobre la violencia de ETA ni la verdad ni el reconocimiento. Sólo quieren que el ruido impida la comprensión de nuestra historia.

Ya sé que en el titular he puesto que Arnaldo es rehén político de España. Quizá habría sido políticamente más correcto decir que lo era del Estado español. Pero en esto no sólo está implicado el Estado (su poder políticojudicial, aunque la RAE me asegura que esa es una palabra errónea), ni sólo el sistema partidario (esa su parte, al menos, bien llamada 'casta'), sino también el silencio social español. Entiendo ese silencio después de tantos años de ETA, aunque quisiera recordar, también, los mismo años de torturas y asesinatos del Estado. Pero, en todo caso, quiero afirmar que liberarse de ese silencio social es vital, además de para la libertad de estas personas, para la libertad política y moral de todo el movimiento social, soberanista y libertario sometido al Estado... ¡español!, por encima de cualquier otro adjetivo.