El 25 de septiembre de 2012, en la convocatoria de Rodea el Congreso, se vivió una de las jornadas más violentas en las protestas de los últimos años, con un uso de la fuerza por parte de los antidisturbios que fue denunciado por la propia Amnistía Internacional. Este uso de la fuerza también se repitió en las convocatorias de los días siguientes, como la que tuvo lugar el 29-S, en la que una vez más hubo cargas policiales y carreras por las calles aledañas. En un vídeo de esa jornada que recorrió las redes sociales se veía a los agentes de la UIP entrar en los bares en los que se refugiaban manifestantes, sacándoles a la fuerza y golpearles. Los abogados del 15-M, como en otras ocasiones, llevaron el caso ante los tribunales, que pasó primero por el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid y posteriormente a la Audiencia Provincial. En ambos casos fue archivado.

Ahora, casi dos años después de esos sucesos, la Comisión de Legal Sol ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional 'por la falta de investigación por parte de los jueces, de las agresiones policiales', reclamando así el derecho a una tutela judicial efectiva de dos personas que fueron agredidas en estos hechos. Fueron sacadas de un bar por las fuerzas antidisturbios, 'insultadas y golpeadas con especial crudeza teniendo que ser atendidas por especialistas sanitarios ya que presentaban sendas brechas que requirieron varias grapas para su curación', según la Comisión Legal de Sol.

Los agentes de Policia, según se puede observar en los videos, 'entraron indiscriminadamente en bares y locales privados, a la búsqueda de, los que ellos entendían, manifestantes generadores de altercados', recuerda la Comisión. En uno de estos establecimientos, situado en la calle Lope de Vega, varios funcionarios de Policía 'entraron y sacaron del interior a varias personas (...) En la puerta de dicho local esperaba otro grupo de agentes que, sin mediar palabra, golpearon repetidas veces en el cuerpo y cabeza a las personas que iban sacando del local. Llama la atención que tras estos golpes, no se procediera a detener o identificar a ninguna persona', explican.

'Es indignante que se esté haciendo una investigación tan seria con las agresiones a agentes el 22-M y los casos de agresiones a manifestantes sean olvidados por la Justicia', asegura Eric Sanz de Bremond, el abogado del 15-M que ha llevado el caso. Viendo como han ido archivando esta causa cree que 'no hay interés en investigar' los abusos policiales.

Cuando se interpuso la primera denuncia entregaron a la jueza del Juzgado número 10 de Madrid el vídeo de las agresiones, en el que se pude ver el número de tres furgones policiales, pero no el número de placa de los agentes, que no lo llevan visible. Y también aportaron tres testigos: los dos dueños del bar que presenciaron los hechos y la chica a la que también sacan a empujones, sin llegar a recibir porrazos. La jueza pidió a la Policía que identificase a los agentes que van dentro de uno de los tres furgones. Pero ellos dijeron que no se reconocían en las imágenes y no sabían nada al respecto.

Entonces, el letrado pidió que se identificase a los ocupantes de los otros dos furgones de antidisturbios y que con los ficheros policiales la Policía diga qué agentes estaban a esa hora en esa calle. Y también que se tome declaración al cámara de La Sexta que grabó los hechos. Sin embargo, cuando se da el traslado al Ministerio Fiscal, éste pidió directamente que se archivara el caso. Y así lo hace la jueza, sin haber identificado a los policías, sin haber llamado a los testigos y sin haber tomado declaración a los manifestantes.

Por su parte, la Audiencia Provincial dice que si los denunciantes no pueden dar el número de placa de los agresores no pueden hacer nada. Pero no pueden aportarlo porque los agentes no lo llevaban visible. 'Si las propias agredidas no son capaces de facilitar el número de identificación del agente o agentes, ni ningún otro elemento susceptible de identificarle o identificarles, nada cabe esperar de las diligencias pedidas', dice literalmente el auto por el que la Audiencia Provincial acuerda, de nuevo, el archivo. '¡Es indignante que para abrir el procedimiento el juez pida el número de placa de unos agentes que lo llevan tapado!', protesta Sanz de Bremond.

Y ahora llevan el caso al Tribunal Constitucional, que tendrá que decidir si lo remite a trámite, para lo cual pide que se alegue que se ha vulnerado un derecho y que reviste trascendencia constitucional. Si no lo admiten o lo desestiman, los abogados del movimiento llevarán el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya ha tenido más de un encontronazo con la justicia española por cuestiones de la misma índole.

Junto a la presentación de la demanda, la comisión publicará un comunicado en su web y pone en marcha este miércoles una campaña de visibilización mediática en redes que ha sido denominada 'Sal del bareto que te meto'.