Los ministros de Economía de la UE pedirán este viernes a España 'nuevas medidas' para acabar con la segmentación en el mercado laboral (entre ellas la reducción del número de contratos y la aproximación de sus costes de despido) así como rebajar las cotizaciones sociales y compensar la pérdida de ingresos con subidas del IVA y de impuestos medioambientales con el objetivo de acelerar la creación de empleo.

El Ecofin exige además a España concretar los ajustes que tiene previsto adoptar para cumplir los objetivos de reducción de déficit en 2015 (4,2%) y en 2016 (2,8%).

Las recomendaciones del Ecofin -que ratificará sin cambios las propuestas que hizo la Comisión el 2 de junio, según el documento al que ha tenido acceso Europa Press- amenazan con provocar un choque entre España y la UE.

Precisamente, el Consejo de Ministros aprueba ese mismo viernes la reforma fiscal, en la que tiene previsto ignorar las medidas de la UE, ya que ha anunciado una rebaja del impuesto sobre la renta desde 2015 sin explicar cómo compensará la pérdida de ingresos, y ha descartado subir el IVA o reducir las cotizaciones. La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, rechaza también otra reforma laboral.

Las recomendaciones para España, así como las dirigidas al resto de Estados miembros, serán ratificadas no obstante por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre del 26 y 27 de junio.

En materia tributaria, el Ecofin pide en concreto a España que adopte antes de fin de año 'una reforma fiscal completa, que simplifique el sistema impositivo y haga que contribuya en mayor medida al crecimiento y creación de empleo, así como a la preservación del medio ambiente y la estabilidad de la recaudación'.

'Para este fin debe: trasladar la tributación hacia impuestos que distorsionan menos, como los que gravan el consumo o el deterioro del medio ambiente (por ejemplo, los aplicados a los combustibles) y los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles', apuntan las recomendaciones que la UE dirige al Gobierno de Mariano Rajoy.

La reforma fiscal debe asimismo eliminar las deducciones 'ineficientes' en el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta, así como 'considerar la posibilidad de reducir las cotizaciones empresariales a la seguridad social, en particular en el caso de los empleos con salarios reducidos'.

Finalmente, España tiene que 'tomar medidas para evitar que la fiscalidad obstaculice el funcionamiento armonioso del mercado interior español' e 'intensificar la lucha contra la evasión fiscal'.

En cuanto al mercado laboral, España, según resaltan las recomendaciones, debe 'impulsar nuevas medidas para reducir la segmentación del mercado de trabajo en aras de la calidad y sostenibilidad del empleo, en particular reduciendo el número de tipos de contrato y garantizando un acceso equilibrado a los derechos en caso de despido', así como 'reforzar los requisitos de búsqueda de empleo para la percepción de las prestaciones por desempleo'.

'La segmentación continúa siendo un problema importante del mercado de trabajo español, siguen existiendo numerosos tipos de contrato y la diferencia entre los costes de despido de los contratos temporales y los indefinidos figura todavía, incluso tras la reforma (laboral de 2012) entre las más elevadas de la UE', alerta el texto.

El Ecofin reclama que 'la evolución de los salarios reales sea coherente con el objetivo de creación de empleo'.

También sugiere 'mejorar la eficacia y la orientación de las políticas activas del mercado de trabajo, incluidas las bonificaciones ofrecidas por la contratación, sobre todo para quienes tienen más dificultades para acceder al empleo'.

El Gobierno de Mariano Rajoy tiene que 'acelerar la modernización de los servicios públicos de empleo' y 'garantizar la aplicación eficaz, antes de finales de 2014, de las iniciativas de cooperación entre los sectores público y privado en los servicios de colocación'.

Y poner en marcha la garantía juvenil para proporcionar a los menores de 25 años en paro o que finalizan su educación un empleo, prácticas o formación adicional en un plazo de cuatro meses.

El Ecofin reclama al Gobierno de Mariano Rajoy 'realizar, antes de febrero de 2015, una revisión sistemática del gasto en todos los niveles de la Administración para contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público'.

En concreto, deberá 'seguir aumentando la eficiencia del sector de la asistencia sanitaria, sobre todo incrementando la racionalización del gasto farmacéutico, particularmente en los hospitales'.

El Ecofin reclama que 'la evolución de los salarios reales sea coherente con el objetivo de creación de empleo'.Para los ministros, la estrategia presupuestaria de España en los próximos años 'se ajusta sólo en parte a los requisitos del Pacto de Estabilidad'.

Las previsiones de crecimiento del Gobierno son plausibles para 2014 (1,2%), pero presentan 'riesgos de sobreestimación' para 2015 (1,8%) y son 'un tanto optimistas' para 2016 y 2017.

'Así pues, existen también riesgos de sobreestimación en relación con las sendas de ajuste del déficit y la deuda', avisan las conclusiones.

El Ecofin reclama al Gobierno que aplique 'de forma rigurosa y transparente en todos los niveles de la administración las medidas preventivas, correctoras y coercitivas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, incluidas las relativas a la eliminación de las deudas contraídas con entidades comerciales'.

Déficit eléctrico y rescate de autopistas

La UE exige además a las autoridades españolas 'garantizar la eliminación efectiva del déficit del sector eléctrico a partir de 2014, tomando, en su caso, las medidas estructurales adicionales necesarias'.   También recomienda 'abordar el problema de las autopistas de peaje insolventes de modo que se minimicen los costes para el Estado', así como 'establecer, antes de finales de 2014, un observatorio independiente que contribuya a la evaluación de los grandes proyectos futuros de infraestructura'.

España debe aplicar la reforma de las administraciones públicas, así como reforzar los mecanismos de control e incrementar la transparencia de las decisiones administrativas, en particular a nivel local y regional', así como 'completar y supervisar cuidadosamente las medidas en curso para luchar contra la economía sumergida y el trabajo no declarado'.

Otra prioridad para la UE es 'aprobar una reforma ambiciosa de los servicios profesionales y de las asociaciones profesionales antes de finales de 2014, definiendo las profesiones que exigen la inscripción en un colegio profesional, así como las normas de transparencia y rendición de cuentas de los organismos profesionales, liberalizando las actividades reservadas injustificadamente y preservando la unidad de mercado en el acceso a los servicios profesionales y su ejercicio en España'.

El Gobierno tiene que tomar medidas para 'reducir el tiempo, el coste y el número de trámites necesarios para establecer y poner en funcionamiento una empresa' y 'corregir las restricciones injustificadas al establecimiento de grandes superficies comerciales, en concreto mediante la revisión de las disposiciones regionales de urbanismo'.