La jueza argentina María Servini de Cubría y los abogados de la querella argentina han encontrado un aliado inesperado dentro de la Audiencia Nacional: el juez Fernando Andreu. El magistrado ha rescatado de los juzgados de Plaza Castilla la comisión rogatoria de la jueza argentina en la que solicitaba tomar declaración a dos víctimas de la dictadura y ha citado a declarar a estas dos mujeres en la propia sede de la Audiencia Nacional este jueves a las 10 horas de la mañana, según han informado a Público fuentes judiciales. Junto a Andreu estará la juez María Servini de Cubría que podrá intervenir y, por tanto, tomar declaración a las dos víctimas.

'Lo más probable es que la declaración la tome el juez Andreu en presencia de la juez María Servini que tendrá derecho a intervenir y a preguntar lo que considere pertinente', han señalado a este medio fuentes judiciales, que afirman que este movimiento de Andreu es 'importantísimo' para la querella argentina porque significa que la cúpula de la Audiencia Nacional 'asume' la obligación de la Justicia española de colaborar con la Justicia Universal.

Asimismo, el juez Andreu también ha iniciado gestiones para que la jueza María Servini, que llega esta misma tarde de martes a Madrid, pueda visitar el Archivo Histórico Nacional y la Dirección General de Seguridad(DGS), actual palacio de Gobierno de la Comunidad de Madrid y centro de detención y tortura durante la dictadura franquista. Así, según ha podido saber Público, la visita al Archivo Histórico Nacional está ya confirmada con la directora del Archivo y en las próximas horas se tratará de cerrar la cita en la DGS.

El movimiento del juez Andreu muestra el apoyo del magistrado a la Justicia Universal, en general, y a la querella argentina, en particular. Suya ha sido la decisión de rescatar la comisión rogatoria enviada por jueza argentina de los juzgados de Plaza de Castilla para elevar esta toma de declaración a una instancia superior como es la Audiencia Nacional. Cabe recordar que el magistrado Andreu se ha mostrado muy crítico con la reforma de la Justicia Universal del Gobierno de Mariano Rajoy, que fue calificadapor el juez como 'chapucera'.

La jueza argentina María Servini había enviado al Ministerio de Justicia una serie de comisiones rogatorias en las que solicitaba el auxilio de jueces españoles para la toma de declaración de víctimas de la dictadura franquista, en virtud del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Argentina. Estas comisiones rogatorias fueron trasladadas a los jueces decanos de cada ciudad donde la jueza tenía intención de tomar declaraciones o recabar documentos que considera relevantes para su investigación.

Una vez en manos del juez decano, estas comisiones fueron trasladadas al juzgado de turno o a aquel que tuviera una causa abierta por los crímenes de la dictadura franquista, que debían decidir si aceptaban o denegaban la petición de Servini y colaborar o no con la Justicia argentina. En este caso, según ha podido saber Público, las comisiones rogatorias enviadas por la jueza para la toma de declaraciones en Madrid se encontraban paralizadas en el juzgado de instrucción número 17 de Plaza Castilla.

Sin embargo, tras tener conocimiento de este hecho, el juez Andreu ha decidido elevar la comisión rogatoria a la Audiencia Nacional y auxiliar él mismo a la jueza argentina evitando, de esta manera, que los planes de la jueza puedan verse frustrados como ya ocurrió en Miranda del Ebro, con la entrevista al miliciano Félix Padín, y en Málaga, con la visita almonolito homenaje a las víctimas del franquismo ubicado en elcementerio de San Rafael.

Las dos personas citadas a declarar para este jueves son, tal y como adelantó Público, Faustina Romeral Cervantes, de 90 años, y Teresa Álvarez Alonso, de 93 años. En este sentido, fuentes judiciales han señalado a Público que el único extremo que falta por confirmar es si estas mujeres podrán trasladarse a la Audiencia Nacional dado su elevada edad. Faustina Romeral relatará a la jueza, entre otros cosas, el fusilamiento de su padre en noviembre de 1939 y los seis años que ella misma pasó en la cárcel como enlace del PCE en Madrid. Por otro lado, Teresa Álvarez podrá contar a la Justicia la tragedia de su familia. Su abuelo fue fusilado, su padre estuvo encarcelado y se quedó sordo tras las torturas recibidos y un hermano suyo desaparecería para siempre tras ser detenido por las autoridades franquistas habiendo testigos que señalan que fue fusilado.