El magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, ha dicho este jueves que la reforma de la justicia universal 'merece la peor de las críticas posibles' tanto por su contenido 'deficiente' como por la 'sorprendente premura' en que se ha tramitado.

De Prada, que fue magistrado en el Tribunal de Bosnia-Herzegovina para Crímenes de guerra, ha hecho estas manifestaciones en la tercera jornada del I Congreso Jurisdicción Universal en el Siglo XXI, organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar).

'No aporta nada y probablemente consiga muy poco', sostiene Prada

'La ley es deficiente, está mal redactada y ajustada a un caso en concreto', ha criticado el magistrado, en alusión a la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno contra cinco ex líderes chinos -entre ellos, el expresidente Jiang Zemin- por presuntos delitos de genocidio y lesa humanidad en el Tíbet, y que generó fuertes críticas del gobierno chino.

Ha explicado que la reforma 'no aporta nada y probablemente consiga muy poco de lo que pretende' si bien, ha añadido, 'enfrenta a los jueces a situaciones muy complicadas'.

En su intervención, el magistrado ha defendido que los jueces españoles continúen asumiendo la jurisdicción universal así como las obligaciones internacionales adquiridas por España en la materia pese a las 'limitaciones' introducidas por los legisladores.

'Abogo por que los jueces apliquen el derecho internacional en los casos que así lo requieran y cooperen con los tribunales internacionales', ha explicado.

'Abogo por que los jueces apliquen el derecho internacional en los casos que así lo requieran'De Prada, que fue ponente de la sentencia que condenó al exmilitar argentino Adolfo Scilingo a 640 años por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura argentina, ha señalado que 'lamentablemente' España se ha inclinado por leyes que 'impiden' el ejercicio de la justicia universal y que 'choca' contra los derechos humanos.

Con todo, ha explicado que los jueces tienen la obligación de cumplir la ley hasta que no entre en conflicto con otras de carácter preferente, como los tratados internacionales asumidos por España y que han invocado distintos jueces de la Audiencia Nacional para seguir con la instrucción de las causas que investigan.