Los reproches personales entre los diputados del PP y los de Compromís, durante una sesión de control al presidente Alberto Fabra, volaban el pasado jueves de bancada a bancada tras un duelo intenso en la tribuna de las Cortes Valencianas. Sin embargo, cuando el presidente de la cámara autonómica, Juan Cotino, decidió que había llegado el momento de acabar con el escándalo, solo llamó al orden a la diputada de Compromís Mónica Oltra.

La arbitrariedad de Cotino no era una sorpresa; desde que asumió el cargo de manos de Francisco Camps en el verano de 2011, pocos recuerdan al presidente llamando la atención a los diputados populares pese a las constantes salidas de tono de su bancada. Sin embargo, Oltra insistió en protestar la iniquidad y Cotino decidió expulsarla; algo a lo que la diputada se negó -'usted no tiene legitimidad', espetó Oltra al presidente- y que derivó en la suspensión del pleno y la apertura de un proceso que podría acabar con su expulsión de Les Corts durante un mes.

De ese modo, Mónica Oltra podría ser la primera diputada sancionada temporalmente de un hemiciclo en el que durante meses han convivido más de una decena de imputados en casos de corrupción -algunos, como Hernández Mateo, hasta haber recibido su condena por prevaricador- y donde diputados como Francisco Camps y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, no ejercen su función durante semanas de manera injustificada y no reciben amonestación alguna.

Sin embargo, su expulsión tampoco es la primera ejercida por un Cotino que ha echado mano de este mecanismo en numerosas ocasiones en los últimos tres años para hacer un uso discrecional de la cámara. Una de las más célebres, tuvo lugar en febrero de 2012 y con los mismos protagonistas, cuando el presidente expulsó a la diputada de Compromís por lucir durante un pleno una camiseta en la que se podía leer el lema 'No nos falta pan. Nos sobran chorizos' . Tan solo cinco meses después, la expulsada era su compañera en Compromís, Mireia Mollà, esta vez por considerar que había insultado a un conseller popular al señalar que era 'un mentiroso' y no retractarse en su afirmación. Hace tan solo un par de meses Mollà era también expulsada por citar el caso Brugal en una pregunta a otra consellera, aunque en este caso por el vicepresidente de la mesa.

Los miembros de la Plataforma por la Discapacidad, que denunciaban los impagos a los centros de día de discapacitados; la dependiente Elvira Murcia, que estuvo encadenada ante el Palau de la Generalitat también en respuesta al incumplimiento de la Ley por parte del Consell; o los representantes de trabajadores de RTVV el día que se formalizó la ley que permitía cerrarla, fueron en su día otros de los expulsados de la tribuna de Les Corts por Cotino. Sin embargo, las expulsiones a las diputadas de Compromís suponen un caso especial y no faltan las voces que señalan a que el presidente, al igual que cuando convierte la cámara aconfesional en su capilla privada, también actúa en esta circunstancia al servicio de los intereses del PP.

Al servicio del PP

Y es que, al igual que la expulsión de Oltra en 2012 derivó en una suspensión de la sesión que impidió la votación de una reprobación a Francisco Camps por la firma de un contrato ruinoso por la Fórmula recién revelado; la de ayer paralizó la actividad parlamentaria y eclipsó la denuncia de Esquerra Unida (EUPV) ante la Fiscalía Anticorrupción de una presunta trama de corrupción relacionada con adjudicaciones sanitarias por valor no menos de 29 millones de euros, en las que estaría implicado el gerente del Hospital General de Valencia, Sergio Blasco, sobrino del ex conseller popular Rafael Blasco.

'Una vez más el circo se ha tragado a la política' lamentaba tras el incidente el diputado de EUPV, Lluís Torró, mientras que el portavoz del grupo socialista, Antonio Torres, señalaba que el incidente es un 'precedente peligroso' al que el PP puede aferrarse 'si no le interesa el tema a tratar'. La principal beneficiada -en detrimento electoral principalmente del PSPV-PSOE- podría ser Mónica Oltra, que señalada por la actitud de Cotino regresaba al primer plano político después de abandono de la línea de frente.

Jaime Mayor Oreja  junto a  Juan Cotino, momentos antes de recibir el premio en reconocimiento a la defensa de la libertad religiosa.

No obstante, tras el incidente del jueves, -que refrescó aquel de 2010 en el que Cotino, en respuesta a una crítica de Oltra, le dijo (tras haber accedido a través de la consejería de bienestar social a la ficha de la diputada y saber que estaba bautizada con los apellidos de su madre) en referencia a su padre, que 'posiblemente no lo conoce'- a Oltra se le pudo ver en un rincón del edificio visiblemente afectada.

Un hombre de Camps

Juan Cotino, uno de los personajes más oscuros de la escena política estatal, alcanzó su primer cargo público de la mano de Rita Barberá, que en 1991 le encargó la concejalía de seguridad ciudadana en el Ayuntamiento de Valencia. Allí no tardó en llamar la atención, al trascender su orden de incluir en las fichas policiales la información de la raza y la orientación sexual de los fichados. La decisión fue polémica, pero lejos de empañar su currículum, se vio recompensada con la llegada al gobierno estatal de José María Aznar, cuando el entonces ministro Mayor Oreja llamó a Cotino para dirigir la Policía Nacional.

En Madrid estuvo desde 1996 hasta septiembre de 2002, compartiendo vivienda durante tres de esos años con Francisco Camps -concejal como él de la primera alcaldía de Rita Barberá y por entonces vicepresidente del Congreso de los Diputados-, que le reclamaría posteriormente para formar parte del Consell, después de que la victoria de Zapatero acabara en 2004 con su etapa como Delegado del Gobierno en el País Valencià. Desde entonces encadenó bajo la supervisión de Camps las consejerías de Agricultura, Pesca (hasta 2007) y Alimentación; Bienestar Social (hasta 2009) y Medio Ambiente, Agua y Urbanismo (hasta 2011), compaginando las dos últimas con una vicepresidencia tercera del gobierno valenciano.

Fue en ese contexto en el que Cotino se convirtió en personaje -por ahora- secundario de algunas de las tramas de presunta corrupción que salpican al PP valenciano y estatal. Por un lado el pasado 17 de enero fue interrogado por el juez Pablo Ruz por una donación de 200.000 euros al PP que, según la supuesta contabilidad B del extesorero Luis Bárcenas, habría realizado en nombre de la constructora de su sobrino (el pago, casualmente, se fechó el 11-M de 2004). Por otro, más de un testigo de los que han declarado en la instrucción de la causa que investiga la acción de la trama Gürtel coincidiendo con la visita del Papa a Valencia en 2007, han situado a Cotino en el epicentro del saqueo. Pese a ello, por ahora no ha sido imputado en ninguna de las dos causas.

No obstante, estos asuntos, unidos a la denuncia de los familiares de las víctimas del metro de 2007 que aseguran que Cotino fue el enviado del gobierno Camps para tratar de comprar su silencio a cambio de algún cargo público, han acabado de enturbiar su imagen en los últimos meses. Pese a ello, nada ha servido para descabalgarlo de una presidencia de Les Corts a la que le elevó Francisco Camps tras su última victoria electoral y ya casi al filo del banquillo. Un banquillo al que, precisamente, le llevó Cotino en su coche particular el primer día del juicio por el caso de los trajes y que, por ahora, le mira hacer y deshacer en Les Corts desde la distancia.