El PP y el PSOE en el Congreso se han mostrado este jueves reacios a que el proyecto de Ley del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración del Estado restrinja el fenómeno de la 'puerta giratoria' por la que los altos cargos se incorporan a empresas privadas obteniendo beneficio de su anterior ocupación. Su principal argumento es que una ampliación de los conflictos de intereses supondría la 'muerte civil' incluso 'económica' de las personas que se han dedicado a la política durante una etapa de su vida.

El debate lo ha planteado en la Comisión Constitucional el catedrático de Derecho Administrativo en estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya, Agustí Cerrillo i Martínez, que ha comparecido para dar su opinión sobre dicho proyecto de ley y para proponer medidas para luchar contra la corrupción. Este experto ha llamado a las fuerzas políticas a 'profundizar más en el fenómeno de las puertas giratorias', con el fin de 'evitar los conflictos de intereses que se dan' en muchos casos.

La diputada socialista Meritxell Batet le ha replicado que ese asunto hay abordarlo con 'cierto rigor' para que esa regulación no suponga la 'muerte civil' de las personas que se dedican transitoriamente a la política. A su juicio, está 'bien que haya unas limitaciones', pero el análisis sobre este asunto tiene que ser 'muy fino, no sirve la brocha gorda en el análisis del conflicto de intereses', ha dicho, tras señalar que, al mismo tiempo, la profesionalización de la política es algo que a los socialistas no les 'gusta'.

El parlamentario Jose Alberto Martín Toledano (PP) ha explicado que 'comparte' la misma opinión y ha incidido en que 'es muy difícil precisar los casos en que se produce incompatibilidad entre el ejercicio de la actividad política y en el futuro otra actividad profesional'. También ha hecho hincapié en que un 'límite excesivo' puede hacer que la profesión del político quede 'incrustada', de forma que el que aquel que se dedique a la política se enfrente 'casi a la muerte civil y a lo mejor también a la muerte económica y profesional'.

Además, ha argumentado que si a los políticos se les exige 'conocimiento y experiencia en una materia' y luego cuando la tienen 'no la pueden ejercer', no sabe 'quién va a querer ocupar los altos cargos'.

En esa línea, otro de los expertos que ha comparecido, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III Marcos Vaquer ha señalado que en ese caso los altos cargos 'o serán unos perfectos no cualificados' o no sabe cómo volverán a la actividad privada 'si se les cierra el campo en el que están especializados'.

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