Primero fueron los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, que ponen pegas a la constitucionalidad de la limitación de la justicia universal en el ordenamiento español. Ahora es el Consejo Fiscal, que ha decidido quejarse al Gobierno por no haber sido consultado antes de que el PP culminara su reforma ‘exprés' por vía parlamentaria.

La queja del Consejo Fiscal fue aprobada ayer por unanimidad, incluido con el voto de Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado. El escrito será dirigido al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pero la carta no entrará a valorar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que limita la justicia universal, sino en la forma: al tratarse de  una norma que afecta a la administración de justicia se les debería haber consultado igualmente. Así se hace con muchos otros textos que tampoco requieren formalmente de dictamen. Europa Press atribuye la iniciativa a una propuesta de la Unión Progresista de Fiscales.

La fórmula utilizada por los populares sirvió para eludir dos informes previos que obliga la ley cuando se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial: los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Al ser una iniciativa parlamentaria, el Gobierno no remitió a ninguno de los dos órganos el borrador de la reforma.

Si algo realiza un país es proteger la vida de sus ciudadanos, al margen del país donde fallezcan. Y si algo establece el Derecho Internacional es la persecución de los crímenes de guerra  y los crímenes contra la humanidad, que no prescriben.

Para el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la muerte del cámara José Couso en Irak podría ser un crimen de guerra cometido contra un civil, protegido por el IV Convenio de Ginebra que protege, precisamente, a los civiles en conflictos armados hayan sido o no declarados. Por lo tanto, está por encima de una Ley Orgánica.

Para los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, el resto de la docena de casos que se tramitan allí como justicia universal no se pueden archivar directamente, como establece ahora la LOPJ: caben dudas de la constitucionalidad de la modificación. Así, las partes pueden plantear una cuestión de constitucionalidad, que es lo que los jueces han trasladado a las partes en los distintos procesos.

Ahora  las partes personadas en la casi quincena de casos deberán comunicar a la Audiencia Nacional si consideran adecuado plantear cuestiones de constitucionalidad.

Los 18 magistrados que componen la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tomarán la decisión en Pleno, cuando lleguen los recursos: decidirá si se plantean dichas cuestiones de constitucionalidad, o si se sobreseen los casos. Así lo acordaron el viernes 21 de marzo.

 La reforma de la competencia de los jueces españoles para conocer de delitos cometidos fuera de nuestras fronteras ha sido vertiginosa: ha durado apenas quince días. Fue aprobada en el Congreso el 27 de febrero y no fue reformada en el Senado, por lo que el día 14 de marzo entró en vigork, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.