El profesor de religión acusado de abusos sexuales a ocho menores en varios colegios de la comarca ourensana de Valdeorras alcanzó un acuerdo con el fiscal para evitar la celebración del juicio previsto para este miércoles y la prisión, pues ambas partes aceptaron su inhabilitación durante 32 años para dar clases a menores, dos años de prisión por uno de los delitos [aunque no llegará a ingresar en la cárcel por no tener antecedentes] y multa económica por el resto, frente a los 17 años de cárcel que pedía el fiscal en su escrito de acusación.

El abogado de la defensa del profesor, Alfonso Pazos, explicó a la hora en que estaba previsto el juicio, que, momentos antes, se había conseguido el acuerdo, que calificó de 'malo pero preferible', aunque supondrá la 'imposibilidad casi segura de que vuelva a trabajar en la enseñanza pública', añadió.

'Sería injusto que se le condenara tras un juicio, pero comprendemos que el fiscal tiene que proteger a los menores, y en este caso, además, la fiscalía es la única acusadora pues ningún padre se personó como acusador, ni tampoco la Consejería de Educación', ha manifestado.

El abogado defensor mantiene la inocencia de su cliente, pese a que éste aceptó admitir los abusos

Además, Pazos aseguró que la acusación surgió de la 'interpretación de los padres' y se debió 'al contexto y al ambiente en el que un profesor mostró ternura' y ahora 'tiene que vivir de la caridad de su familia y amigos porque fue suspendido cautelarmente desde la llegada de las quejas a la Consejería de Educación'. El acusado, según su defensor, está 'muy dolido' porque su acusación surgió de la 'interpretación subjetiva' y, según indicó Pazos 'sólo cuenta con la tranquilidad de saberse inocente'. Asimismo, expresó la satisfacción de haber conseguido que no quede cerrado, al profesor acusado, de 48 años de edad, el camino de la docencia, 'sino sólo limitado'.

A la hora prevista para el inicio del juicio, al Juzgado de lo Penal Número 2 de Ourense comenzaron a llegar padres, escolares, profesores que expresaron su apoyo al acusado; el inspector de la Xunta de Galicia que investigó las quejas recibidas en la Consellería de Educación; trabajadores del servicio de Menores de la Xunta, todos ellos convocados en calidad de testigos, pues ni Administración autonómica, ni padres, ni centro escolar ejercieron acusación alguna.

Todos se repartieron entre la sala de espera del Juzgado de lo Penal número 2 y la sala de la Audiencia Provincial, adonde derivó la primera sesión prevista del juicio, que finalmente no se ha celebrado al alcanzarse un acuerdo.