El Gobierno está convencido -o así lo hace saber- de que carece de responsabilidad alguna en la muerte de al menos doce inmigrantes en aguas de Ceuta la semana pasada porque la actuación de la Guardia Civil fue proporcionada y respetó 'los derechos fundamentales', a pesar del reconocimiento explícito del Ejecutivo de que los agentes usaron pelotas de goma contra los inmigrantes que nadaban tratando de alcanzar la orilla, algo que tanto el director de la Guardia Civil como el delegado del Gobierno en Ceuta habían negado en un principio.

La vicepresidenta ha comparecido hoy viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros respaldando, en primer lugar, la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ayer jueves, en el Congreso de los Diputados, 'a petición propia -insistió- y el primer día en que era posible comparecer'. Una muestra de 'transparencia', ha dicho Soraya Sáenz de Santamaría, que aportó 'todos los elementos de juicio necesarios que, probablemente, no se tenían en las primeras informaciones'. La número dos del Gobierno disculpaba así, distinguiendo entre 'primeras informaciones' e 'informe exhaustivo' del ministro, las contradicciones entre las declaraciones del director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y el delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González, en los medios de comunicación y las de Fernández Díaz en el Parlamento. Ninguno de los tres fue desautorizado por Sáenz de Santamaría ni ésta apuntó a dimisión alguna.

Aunque la vicepresidenta insistió mucho en el ejercicio de 'transparencia' que supuso la comparecencia del ministro del Interior, evitó entrar en las contradicciones existentes entre los vídeos mostrados por la Guardia Civil y los que obran en poder de las ONGs y varios medios de comunicación. 'No sé qué vídeos hay o deja de haber', admitió Sáenz de Santamaría, aunque elogió la 'labor humanitaria' que siempre han llevado a cabo los agentes y aseguró que el uso de material antidisturbios (pelotas de goma) contra los inmigrantes que nadaban fue ejecutado por los guardias civiles 'con proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales'.

La única concesión que hizo a la duda sobre las actuaciones la vicepresidenta fue respecto de la ley de Extranjería, que viene aplicándose con los 'mismos criterios de actuación' desde 2005 hasta hoy y que ha demostrado, según la portavoz del Gobierno, 'algunas deficiencias' que ya se están 'analizando para garantizar tanto la seguridad de las fronteras como la adecuación de la regulación de las mismas y los procedimientos a las normas a las que España está obligada, especialmente, en el seno de la Unión Europea'.

Desde la Comisión Europea, sin embargo, no han bendecido, ni mucho menos, la actuación de la Guardia Civil en las aguas de Ceuta y, mientras la vicepresidenta mostraba su respaldo sin fisuras a la cúpula del Ministerio del Interior en la mesa de portavoz del Gobierno, la comisaria Cecilia Malmström realizaba una dura denuncia contra la actuación del Ejecutivo desde su cuenta de Twitter primero y mediante un comunicado de su departamento de Interior después.

La Comisión, según este texto, pide a las autoridades españolas 'clarificar las circunstancias de los incidentes en Ceuta' y exige a España que garantice el respeto de los derechos fundamentales en todo lo que atañe a su trabajo conjunto con Marruecos para frenar la inmigración. Además, Malström advierte de que Bruselas 'se reserva el derecho de seguir las vías apropiadas si hay evidencia de violación de los derechos fundamentales de la Unión' con el uso de material antidisturbios contra los seres humanos que trataban de alcanzar las costas de Ceuta.

Malström ya chocó con el ministro del Interior cuando el Gobierno decidió instalar cuchillas en la valla fronteriza de Melilla y aun reconociendo que éstas no son ilegales, sí advirtió de su inutilidad, pues los inmigrantes accedían igualmente a España pero con graves heridas.