En su empeño por forzar a los herejes del PP a votar en contra de la contrarreforma del aborto, el PSOE ha ganado su primera batalla. Este martes, el Pleno del Congreso se pronunciará, con voto secreto, sobre la proposición del Grupo Socialista que pide la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada.

La normativa, impulsada por el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que obtuvo el visto bueno del Gobierno el pasado 20 de diciembre, restringe la interrupción voluntaria del embarazo a sólo dos supuestos: violación y riesgo para la salud física o psicológica de la madre. Desde que la contrarreforma inició el trámite parlamentario, los socialistas centraron su ofensiva en convencer a los díscolos conservadores, especialmente a las mujeres del PP, para que se atrevan a votar en contra la misma. El primer paso para facilitárselo era conseguir que las votaciones de la ley en Congreso y Senado fueran secretas para que diputados y senadores no fueran multados por romper la disciplina de partido.

Y así será este martes, cuando sus señorías decidan, con una papeleta en una urna, si apoyan o no la proposición del Grupo Socialista que pide la retirada del anteproyecto. El debate y votación de esta iniciativa forma parte de la 'ofensiva' parlamentaria que los socialistas han planteado para esta semana contra la modificación de la ley del aborto, con tres preguntas al Gobierno en el Pleno del Senado ese mismo día y otra en el Pleno del Congreso el miércoles.

Los diputados votarán la proposición no de ley citada en urna con papeleta, una vez que los socialistas formalizaran una petición en ese sentido dirigida al presidente del Congreso, Jesús Posada, el 6 de febrero pasado.  Según el artículo 85.1 del reglamento de la Cámara Baja, 'la votación será pública por llamamiento o secreta cuando así lo exija este reglamento o lo soliciten dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados o de los miembros de la comisión', siempre que no se trate de un procedimiento legislativo.

Los socialistas pretenden así facilitar que los diputados del PP que se han manifestado disconformes con la reforma puedan expresarse 'en libertad'. También el martes, Izquierda Plural pedirá la retirada del anteproyecto con una moción en el Pleno del Congreso, y Entesa preguntará al Ejecutivo por este asunto en el Pleno del Senado.

Desde que Gallardón anunció su ley no dejaron de multiplicarse los detractores de la misma. Y las manifestaciones públicas en contra del retroceso en los derechos de las mujeres no provenían sólo desde la oposición o desde organizaciones feministas —que no han dejado de manifestarse desde entonces— sino desde el mismo partido que sustenta al Gobierno.

Así, algunos barones del PP han pedido al Ejecutivo de Mariano Rajoy trabajar por el 'consenso' en una cuestión de 'sentimientos' (el presidente de Extremadura, José Antonio Monago); dialogar para 'no imponer la ley' (el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo), o 'libertad de voto' (Celia Villalobos, vicepresidenta del Congreso). Otras personalidades del partido como la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, también se han pronunciado en contra de la ley Gallardón. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no se ha pronunciado con claridad al respecto.