Cuando en 2007 Francisco Camps nombró a Rafael Blasco conseller de Solidaridad y Ciudadanía después de haber sido el titular de la cartera de Territorio y Vivienda entre 2003 y 2006 —los años del boom del ladrillo— y de Sanidad entre 2006 y 2007, la decisión del President de la Generalitat fue mayoritariamente interpretada como un castigo. ¿Qué iba a hacer un animal político como Blasco en una consejería sin apenas competencias y poco presupuesto? Sin embargo, el hombre que acabó en el PP tras empezar su carrera política militando en el antifascista FRAP, no tardaría mucho en dirimir esa duda convirtiéndose —vía fuerte inversión publicitaria y microespacio propagandístico en los noticiarios de Canal9— de nuevo en uno de los conselleres más conocidos del gobierno de Camps.

Ese sería el hallazgo más inmediato. El siguiente llegaría mucho más tarde y por vía judicial: quizás su cartera —creada para que él la llevara y cerrada tras su salida— contara con pocos fondos, pero eran suficientes para que parte del dinero en principio destinado a cooperación internacional acabara en una trama corrupta.

Es por ese motivo por el que desde el pasado martes Rafael Blasco se sienta en el banquillo de los acusados junto a otros ocho procesados, en la primera de las dos piezas que juzgarán el saqueo a los fondos públicos de Cooperación. En este caso, lo que se juzga es el desvío de ayudas por un valor aproximado de 1'8 millones de euros a la Fundación Cyes, destinados a priori a unos presuntos proyectos de cooperación en Nicaragua, que terminaron invertidos en la compra de inmuebles en Valencia. En el que vendrá y que todavía se instruye, se investiga un saqueo aún mayor, realizado entre 2009 y 2011 y extendido a un número más elevado de entidades presuntamente captadas desde la consejería, a las que ofrecía asumir proyectos diseñados por ella con el fin último de desviar fondos al presunto entramado delictivo.

'Tengo la conciencia muy tranquila' declaró pese a todos los indicios Blasco a su llegada al Tribunal Superior de Justicia valenciano, en cuyo banquillo se sienta acompañado de sus subordinados en la conselleria Josep Maria Felip (director general), Alexandre Català (subsecretario), Marc Llinares (jefe de área), Tina Sanjuán (secretaria general) y Xavier Llopis (jefe de gabinete). Y junto a ellos, el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, su empleada en la fundación, Josefa Cervera, y el que, junto a Blasco es el principal imputado, el empresario Augusto César Tauroni, al que se sitúa en la cúpula externa del entramado y que, como ha saltado a la luz a raíz de este caso, ha realizado trabajos para cada una de las consejerías por las que ha pasado Blasco.

A pesar de esa relación entre ambos, que se estrecha a la luz de pruebas incluidas en la causa —como la agenda del empresario, en la que figuraban avisos de aniversario del ex conseller y un buen número de familiares de éste—, el abogado defensor de Blasco trató en la primera jornada de cuestiones previas del juicio de negar la amistad entre su defendido y el empresario, que bautizó a los países necesitados de ayuda como 'Negrolandia'.

No fue ese el único argumento que Javier Boix —el mismo letrado que defendió a Francisco Camps y Carlos Fabra en sus últimos litigios— esgrimió para cambiar el rumbo de la vista (y que habría tenido como primera consecuencia dilatarla).

La unión en un solo juicio de las dos piezas del caso o la retirada de la acusación ejercida por la Generalitat Valenciana fueron solicitadas tanto por Boix como por otras defensas. Una —la de Català— llegó a señalar que la decisión de Alberto Fabra de destituir a su cliente cuando fue imputado supuso una 'violación de los Derechos Humanos', consecuencia del, a su parecer, 'enternecedor interés mediático' sobre la causa.

El Tribunal decidió ayer miércoles rechazar o aplazar hasta la sentencia del caso estas peticiones y el juicio continuará este jueves con el primer plato fuerte: la declaración del propio Blasco. 'Tengo la convicción de no haberme aprovechado nunca de ningún cargo público por el que he pasado. Mis recursos económicos y mis medios son menores que cuando comencé mi andadura política', aseguró el martes el ex conseller conservador, que —como en su día informó el diario Levante-EMV— tras aterrizar en la consejería de Territorio se construyó dos chalés en un complejo privado, que actualmente integra tres edificios —uno de ellos, la mansión familiar plagada de obras de arte— equipados con todo tipo de lujos.

Hoy, como pueden hacer todos los acusados, Blasco también podrá permitirse mentir ante el tribunal.