La Unión Federal de Policía (UFP) ha cifrado en 2.133 euros la ganancia que una empresa privada obtendrá al mes por cada vigilante que realice su labor en el exterior de las cárceles, una función que ya han comenzado a asumir y que quedará regulado definitivamente en la nueva Ley de Seguridad Privada. El sindicato policial, así, ha asegurado que si la futura norma es el camino que lleve a un cambio del modelo policial, el Gobierno debería haber elegido para ello la modificación de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El secretario general, Javier Arrillaga, y su portavoz, Serafín Giraldo, han presentado este viernes en rueda de prensa un estudio sobre el proyecto piloto puesto en marcha por el Ministerio del Interior para sustituir en el exterior de las cárceles a los agentes de la seguridad pública por vigilantes privados, en su mayoría exescoltas del País Vasco. Un proyecto que durará nueve meses y que se ha puesto en marcha en 21 centros penitenciarios con 56 vigilantes.

La UFP ha aportado una respuesta parlamentaria del Gobierno que cifra en casi 7,4 millones de euros el contrato suscrito por Interior con una unión temporal de empresas para la prestación de ese servicio. Con esas cifras y las horas de trabajo de los vigilantes, la UFP ha hecho un estudio que cuantifica en 821.283 euros el presupuesto mensual para esta misión, lo que supone un coste de 3.233 euros por trabajador y mes.

El salario medio de un guardia privado de seguridad es de 1.100 euros (el de un policía nacional de 1.600), por lo que el margen para las empresas de seguridad es de 2.133 euros. Así, los responsables sindicales han criticado algunas de las medidas que introduce el proyecto de ley de Seguridad Privada aprobado por el Congreso y que ahora ha pasado al Senado, entre ellas la posibilidad de que las empresas privadas puedan acceder a las bases de datos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Pese a que en el trámite en la Cámara Baja se ha 'suavizado' algún aspecto de la futura normativa, como la consideración de los vigilantes jurados como agente de la autoridad -sólo lo serán si están acompañados de policías o guardias civiles-, la UFP cree que deben mejorarse algunas cuestiones. Y una de ellas que se deje bien claro que la seguridad privada debe ser, además de complementaria, subordinada a la pública; que regule a los auxiliares de seguridad, es decir, los porteros de discoteca; o que obligue a que las empresas pongan inmediatamente a disposición de la seguridad pública toda la información que conozcan.