Esta jornada pasará a la historia como el día en el que las víctimas españolas del franquismo fueron escuchadas, por primera vez, como querellantes en una causa penal para denunciar los delitos de lesa humanidad cometidos en su propio país durante la guerra civil y la posterior dictadura.

Merçona Puig Antich, Pablo Mayoral, y Andoni Txasko Díaz han sido los querellantes que este martes han acudido a los tribunales de Buenos aires para que la jueza argentina María Servini de Cubría impute, respectivamente según sus casos, a los ex ministros franquistas José Utrera Molina (de 79 años), Fernando Suárez González (80), y Rodolfo Martín Villa (87).

La magistrada se muestra satisfecha con la citación del juez Ruz a los imputados Billy el Niño y Jesus Muñecas, prevista para este jueves

La primera en dar su testimonio fue la hermana de Salvador Puig Antich, que era miembro del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) cuando fue acusado de matar al subinspector Francisco Anguas. Salvador fue juzgado en un consejo de guerra, y asesinado a garrote vil el 2 de marzo de 1974 en una prisión de Barcelona.

'Son muchas emociones juntas y cuesta hablar porque recordar y querer decir las cosas ordenadamente no es fácil', contaba Merçona a Público apenas salió del despacho de la jueza, tras dos horas de declaración. 'Estoy muy cansada pero muy contenta de explicar cómo fue toda la historia: por qué mi hermano militaba, dónde lo detuvieron, cómo fue el juicio y qué hemos hecho hasta ahora para demostrar cómo funcionó todo'.

Puig Antich acude a la Justicia de Argentina para que otro Estado, el español, anule la sentencia que condenó a muerte a su hermano, retire los cargos en su contra y se disculpe por el daño causado. Además solicita a la jueza que se impute a Utrera Molina por firmar la sentencia a muerte del joven.

'He pedido justicia para que podamos hablar en España de estas cosas para ir recuperando la memoria' 'Le he pedido justicia, con el fin de que podamos hablar en nuestro país de estas cosas para ir recuperando la memoria y cerrar estos capítulos de una manera sana, porque de momento no es así', añadió Merçona.

A los tres declarantes de este martes les fue asignado, por separado, una hora de audiencia privada con el juzgado de Servini de Cubría. Decidieron venir a Argentina después de que las videoconferencias que habían acordado con la jueza, programadas para mayo, fueran canceladas por un comunicado de protesta que envió el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español al embajador argentino Carlos Bettini.

'Tras dos intentos de declarar en Madrid a través de videoconferencias, al final he tenido que venir a Buenos Aires a prestar declaración', relató Pablo Mayoral cuando también él salió de la audiencia. 'Es muy importante que una jueza argentina pueda presentar a la Justicia a los responsables de los asesinatos de Estado de nuestros compañeros José Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui [que fueron los últimos fusilados del régimen franquista, en septiembre de 1975].

Pablo Mayoral fue condenado a tres décadas de prisión en julio de 1975, acusado de participar en un atentado del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) que acabó con la vida de un policía. Casi 40 años después, el querellante le ha pedido a la jueza que impute al 'ex ministro Fernando Suárez González, que firmaba penas de muerte, y a uno de los fiscales del consejo de guerra que me condenó a 30 años de cárcel, Jesús Cejas Mohedano'.

Después de 37 años hemos podido declarar en sede judicial denunciando unos hechos criminales El último en entrar en los despachos fue Andoni Txasko Díaz, miembro de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo, que estuvo tres horas exponiendo su caso. 'Siento liberación, porque después de 37 años hemos podido declarar en sede judicial denunciando unos hechos criminales cometidos en la dictadura', afirmó al salir.

El denunciante espera la imputación de Martín Villa, 'que [como ministro responsable de las fuerzas de seguridad] fue uno de los muchos que planificó la matanza de obreros ocurrida en Vitoria en marzo de 1976, junto con Manuel Fraga Iribarne, ya fallecido, y junto con otros miembros del Gobierno como el [ex ministro de la Presidencia] Alfonso Sorio'.

De todas aquellas operaciones tenían informado al rey Juan Carlos de Borbón. 'En entrevistas y ruedas de prensa, Martín Villa, Fraga y Osirio admitieron que lo que pasaba en Vitoria estaba en conocimiento del presidente y del jefe del Estado, así que ellos también son copartícipes de lo que sucedió', dijo Txasko.

Para sostener su afirmación, el querellante se apoya en los dictámenes de la Universidad del País Vasco, del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda y del propio Parlamento vasco, que establecen responsabilidades claras en las personas que en plena transición ocupaban puestos relevantes de poder en los ministerios del Gobierno.

Después de declarar en los juzgados, los querellantes alcanzaron al resto de la delegación de víctimas para reunirse en el Congreso argentino con la Comisión de Derechos Humanos. Horas antes habían sido recibidos en el Senado. Luego asistieron a una obra de teatro de las directoras españolas Susana Hornos y Zaida Rico, Granos de Uva en el Paladar, una evocación alegórica a la II República y al franquismo.

El pasado viernes llegaba a Buenos Aires esta comitiva de 28 personas, entre los que se incluyen 17 querellantes de la causa, organizada por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA).

El juzgado de Servini de Cubría atenderá, a lo largo de esta semana, a otros 10 denunciantes que prestarán su testimonio para querellarse contra represores franquistas. Este viernes, Servini de Cubría ha convocado de nuevo a toda la delegación para una reunión en la que podría concretar más detalles de los próximos pasos que seguirá.

La jueza María Servini de Cubría aseguró que consideraba importante el viaje de los querellantes españoles a Buenos Aires y que seguirá adelante con la causa que investiga los crímenes del franquismo, según relataron algunos de los presentes en la audiencia protocolar que concedió a las víctimas este martes.

'Ayer nos recibió en la audiencia. Estábamos los querellantes, los abogados y también los cuatro parlamentarios vascos y los dos de Madrid que acompañan a la delegación', reveló a Público Merçona Puig Antich, la primera declarante del grupo en dar su testimonio. 'La jueza nos preguntó qué le queríamos decir, y nos dio tiempo suficiente para que cada uno explicara por qué había venido a Argentina y qué esperaba cada uno con la presentación de las querellas'.

'Las ganas de la jueza son de tirar para adelante y ayudar al máximo', confirmó la hermana del militante Salvador Puig Antich, ejecutado durante la dictadura franquista. 'Nos aseguró que ésta era la máxima causa que tenía en ese momento en el juzgado y que pondría toda la carne en el asador', añadió Merçona, risueña, para luego matizar: 'No son palabras textuales, pero más o menos dijo eso'.

La abogada de las víctimas, Ana Messuti, que vino desde Madrid junto con la comitiva española, también confirmó a Público la relevancia que Servini de Cubría concedió a la causa delante de los querellantes.

Merçona observó que 'de las cosas que le pedimos, ella tomó nota y dijo que a ver qué podía hacer'. La magistrada tuvo muy buena predisposición, y hasta 'se disculpó por la lentitud del proceso, que requiere tantos exhortos', indicó.

'Parecía muy implicada', cuenta Soledad Luque Delgado, querellante en la causa por la sustracción de su hermano mellizo y de otros niños durante el franquismo. 'Dijo que a ella nadie le cogía de la mano, y que estaba por la labor de avanzar y de hacer cosas para que esto salga'.

Luque Delgado declaró en agosto ante Servini de Cubría, y en esta ocasión ha viajado a Buenos Aires para acompañar al resto de sus compañeros. 'Nos dio muchos ánimos, y todo el mundo salió muy contento', añadió. 'La jueza dijo que sentía un gran orgullo por tenernos allí, que gracias a nuestros viajes y a la disposición que teníamos, ella se sentía muy apoyada para poder avanzar en la causa'.

La magistrada también se mostró satisfecha con la citación del juez Pablo Ruz a los imputados Billy el Niño y Jesus Muñecas prevista para este jueves y complacida porque ese paso se hubiera dado. 'Además fue muy cariñosa con Ascensión Mendieta, una de las declarantes, de 89 años, que espera encontrar los restos de su padre', finalizó la querellante.