La vicepresidenta ha anunciado hoy que el Consejo de Ministros ha pedido al presidente del Gobierno el 'desistimiento de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el decreto ley del Consell de la Generalitat Valenciana de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia y contra la ley de la Generalitat de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia', según se recoge en la Referencia del Consejo.

El Ejecutivo tumba así el recurso de 2009 del anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero contra la norma valenciana que desprotegía el barrio histórico de El Cabanyal (Valencia) frente a la actuación urbanística del ayuntamiento de Rita Barberá, que pretendía derribar hasta 1.600 viviendas para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. El Ministerio de Cultura socialista consideró entonces que el plan urbanístico del consistorio valenciano constituía un 'acto de expoliación' del patrimonio histórico del barrio y ordenó su paralización.

Ahora, las tres administraciones (Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento, todas del PP) han alcanzado un acuerdo del que ha informado hoy la 'número dos' del Ejecutivo por el que se da salida 'ala controversia suscitada ante el Tribunal Constitucional' en relación con el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del barrio de El Cabanyal. El acuerdo a tres bandas obliga a las administraciones a buscar 'fórmulas de adaptación del Pepri para que sean compatibles la defensa de los valores históricos', que motivaron el recurso para la protección de El Cabanyal, y 'un planeamiento urbanístico que permita modernizar este barrio', que es lo que pretenden Ayuntamiento y Generalitat. Éste no se ha pronunciado todavía sobre si mantiene la controvertida ampliación hasta el mar de la avenida Blasco Ibáñez.

Los trabajos empezarán dentro de un mes, ha informado Soraya Sáenz de Santamaría, y hasta entonces y hasta que se dé con 'propuestas concretas', la Generalitat continuará bloqueando la ejecución del Prepi. El Gobierno celebra que con este acuerdo entre las tres administraciones se haya finiquitado la 'litigiosidad' y dado salida alas pretensiones de todas las partes.