Fue la última decisión de un Gobierno en funciones. El 25 de noviembre de 2011, cinco días después de haber perdido las elecciones generales y de haber logrado uno de los peores resultados de la historia del PSOE, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobaba en Consejo de Ministros el indulto al entonces número dos del Banco Santander, Alfredo Sáenz.

Dejaba así sin efecto la pena de tres meses de arresto y la inhabilitación para gestionar entidades financieras que le había impuesto el Tribunal Supremo por una causa que se remonta a 1994, cuando era presidente de Banesto. La condena castigaba una denuncia falsa presentada por la entidad, a sabiendas de Sáenz, contra cuatro empresarios catalanes a los que pretendía cobrar un crédito impagado de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros).

Cuando se produjo el indulto al ya entonces impopular Zapatero le llovieron las críticas desde las formaciones que estaban en la oposición. Hubo unos pocos desde dentro de su propio partido, como el líder del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que expresaron su perplejidad por la decisión. Incluso se habló de que el entonces candidato que fracasó en las urnas, el hoy secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, había presionado al jefe del Ejecutivo para que no lo aprobara.

Pero tanto él como la inmensa mayoría de los socialistas callaron públicamente avalando la polémica medida, que posteriormente fue anulada en parte por el Tribunal Supremo y que obligó a Sáenz a dimitir de su cargo como consejero delegado del Santander hace apenas unos meses, en abril. 

Ahora, el principal partido de la oposición parece en cambio haber asumido que ese indulto fue un error, y se dispone a aprobar en la Conferencia Política que tendrá lugar los próximos días 8, 9 y 10 de noviembre un texto en el que critica específicamente casos como el del propio Sáenz. En el documento Justicia y Estado de Derecho (ver PDF) que forma parte de la ponencia del cónclave (ver PDF), los socialistas citan expresamente como 'ejemplos de 'uso indebido'' de la facultad de los gobiernos para indultar, aquellos casos que afectan 'a banqueros por delitos cometidos en el desempeño de su función'. 

Su crítica la hacen extensible, además, a 'los indultos a responsables políticos en casos de corrupción, prevaricación o cohecho; y los indultos a delitos de prevaricación cometidos por jueces'. El PSOE propone por ello 'revisar' la institución del indulto, ya que ahora considera que tiene que ser 'un instrumento que solo debe aplicarse de forma excepcional cuando la pena impuesta incumpla su finalidad constitucional o sea manifiestamente desproporcionada', pero sin que ello 'sea un medio a través del cual los gobierno priven de manera arbitraria de eficacia a las sentencias'. 

A falta de lo que apruebe la Conferencia Política sobre este tema, los socialistas proponen anular y dejar sin efecto todos aquellos indultos que no hagan mención expresa, al menos, 'a la pena principal en que recaiga la gracia' y a 'las razones de justicia, equidad o utilidad pública que concurren en la concesión del indulto' a juicio del Gobierno que lo apruebe. Además de estas explicaciones que pretende exigir al Ejecutivo de turno, el PSOE también quiere que en la decisión participen los propios tribunales.

Exactamente, pretenden que 'sea exigible que a juicio del magistrado o tribunal sentenciador existan razones de justicia, equidad, o utilidad pública para poder otorgar el indulto total, o incluso parcial cuando se trate de determinados delitos', como los que sean contra la hacienda y la seguridad social, o contra la administración pública.