En España hay al menos 88.000 víctimas del franquismo que tras su desaparición durante la Guerra Civil y la dictadura, permanecen enterradas en fosas comunes a lo largo y ancho del país. Y sin embargo, nada más llegar al poder, el Gobierno que preside Mariano Rajoy cerró la oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura que fue creada para coordinar la exhumación de desaparecidos; eliminó la partida de los Presupuestos destinada a la memoria histórica; y obstaculizó la investigación de los crímenes cometidos durante el régimen de Franco iniciada por la justicia argentina al impedir la declaración de las víctimas. 

A pesar de todo ello, el Ejecutivo ha hecho pública este viernes una declaración con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (ver PDF), en la que considera que 'la desaparición forzada, que debe considerarse como un verdadero ultraje a la dignidad humana, constituye, desgraciadamente, un problema global que afecta a diversas regiones en todo el mundo'.

A renglón seguido, el Gobierno que ha acabado con la apertura de las fosas del franquismo llega a asegurar que 'la promoción y el respeto por los derechos humanos, así como la lucha por erradicar toda violación de los mismos y, muy específicamente, las desapariciones forzadas, constituye una absoluta prioridad del Gobierno de España'. 

El texto del equipo que preside Rajoy llega tan sólo un día después de que Amnistía Internacional hiciera público un informe (ver PDF), precisamente, con motivo de la mencionada conmemoración del día de las víctimas de desapariciones, que denuncia que 'en España la impunidad perdura y a las víctimas se les niega el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación'. 'No se están investigando las desapariciones forzadas y otros crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo', añade el prestigioso organismo internacional.

En su documento, Amnistía Internacional se dirige directamente contra el Gobierno, al recordar que 'las autoridades españolas rehúsan colaborar con la Justicia argentina'. Pero también orienta sus críticas hacia la administración de justicia, en la que ha observado 'una tendencia continuada a archivar de plano de las investigaciones' sobre los crímenes cometidos durante el periodo comprendido entre julio de 1936 y diciembre de 1951, y que supuso la desaparición de unas 114.000 personas.

La organización considera que 'esta situación ha empeorado desde que en febrero de 2012 el Tribunal Supremo dictó una sentencia que estableció la imposibilidad de investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo en base a argumentos que son contrarios al derecho internacional, entre ellos: la vigencia de la Ley de Amnistía, la prescripción de los delitos de derecho internacional, o una errada interpretación del principio de legalidad penal'.

A pesar de las actuaciones puestas en marcha desde que gobierna, y de las críticas de Amnistía Internacional, el Gobierno asegura en su declaración que 'sigue trabajando en todos los ámbitos de la prevención y la lucha contra las desapariciones forzadas, de manera que todas las personas puedan ejercer plenamente todos los derechos y libertades que les son inherentes en el marco de una sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y las libertades fundamentales'.