El Gobierno de Mariano Rajoy ha culminado este viernes el giro a la derecha del Tribunal Constitucional, que pasará a estar integrado por una mayoría de magistrados propuestos o bendecidos por el Partido Popular. El Gobierno ha decidido en Consejo de Ministros el nombramiento de Enrique López y Pedro González Trevijano Sánchez como magistrados del Tribunal Constitucional. Sustituyen a los dos últimos nombrados en 2004 por el Ejecutivo entonces de José Luis Rodríguez Zapatero, que fueron los catedráticos Pablo Pérez Tremps y Manuel Aragón Reyes.

Con ese sesgo, el alto tribunal tendrá que decidir en los próximos meses contra recursos interpuestos por el propio PP, como el presentado contra la vigente Ley del Aborto, o por el Ejecutivo central, como la demanda contra la declaración soberanista del Parlamento de Catalunya.

No se trata de una maniobra del Gobierno especialmente malvada o brillante, sino una consecuencia del 'turnismo' en el dominio del alto tribunal en el que se suceden los dos grandes partidos desde hace décadas, en virtud del sistema recogido en la Constitución Española.

La Carta Magna prevé que el Tribunal Constitucional esté formado por 12 magistrados, que se renuevan parcialmente por tercios (es decir, cuatro magistrados) cada tres años. El Senado debe elegir a cuatro miembros cada nueve años; el Congreso, a otros cuatro; y el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, a otros dos.

Enrique López (1963) es magistrado de la Audiencia Nacional además de articulista habitual del periódico La Razón o conferenciante invitado en la fundación FAES de Aznar. Fue portavoz del Consejo General del Poder Judicial y con su entrada en el TC, es la primera vez que accede al alto tribunal un juez que no es magistrado del Tribunal Supremo. En su etapa en el CGPJ,  destacó primero por su defensa de las posiciones del Gobierno de Aznar y después por su oposición a las del Ejecutivo de Zapatero (matrimonio homosexual, ley integral de violencia de genéro, entre otras).

Como magistrado de la Audiencia Nacional, es especialmente recordado por haber impulsado la reapertura del 'caso Faisán' (chivatazo policial a ETA), que el PP usó políticamente contra el entonces ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba. Asimismo, IU se ha querellado en las últimas semanas contra él por delito de prevaricación, por formar parte del tribunal que suspendió la declaración de Luis Bárcenas ante el juez Javier Gómez por los denominados 'papeles de Bárcenas'.

La designación del Gobierno cambia, por tanto, la composición del Tribunal al pasar a ser mayoría los magistrados designados directamente por el Ejecutivo o bien propuestos por el PP en el Senado y el Congreso, más el que elija el Consejo del Poder Judicial a propuesta de los vocales conservadores (designados en su día a propuesta del mismo Partido Popular).

Es decir, resumiendo, que 7 de los 12 magistrados del nuevo tribunal son conservadores, y 5 de tendencia progresista. Hasta ahora, la mayoría era justo la contraria, 7 progresistas por 5 conservadores.

Ese tribunal tendrá sobre la mesa, aparte de los recursos sobre el aborto o la declaración soberanista catalana, los planteados por el PSOE en el último año contra distintas medidas del Gobierno como la reforma laboral, la amnistía fiscal, o las tasas judiciales. También sobre medidas autonómicas (Madrid y Catalunya) como el euro por receta, o relevantes recursos de amparo como el del líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi.

Además del Gobierno, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial se ha reunido  para nombrar a los dos magistrados que le corresponden. El CPCJ ha designado a Santiago Martínez Vares, por el sector conservador y a Juan Antonio Xiol, por el progresista. Los dos elegidos sustituirán a Pascual Sala y Ramón Rodríguez Arribas, presidente y vicepresidente actuales del TC.

Para sustituir a Sala como presidente, todo apunta al catedrático de Derecho del Trabajo Francisco Pérez de los Cobos, elegido a propuesta del PP por el Senado en 2010, si se sigue la tradición no escrita de elegir a un miembro de la terna más antigua. Dominar la presidencia sería un punto adicional a favor del Gobierno, ya que el voto del presidente es decisivo en caso de empate del tribunal  en la votación de un recurso.